“Me obligarán a ir a trabajar enferma”

Rodeada de banderas, pitidos y ruido, Azucena Herrero lo ve claro. “Me obligarán a venir a trabajar enferma. ¿Quién puede sobrevivir con un 40% menos de sueldo?”. Herrero, de 46 años, trabaja de técnico en radiodiagnóstico en el hospital Gregorio Marañón y este mediodía ha protestado frente a la sede de la Asamblea, en Entrevías, contra los últimos recortes previstos por la Comunidad de Madrid, que afectan a los funcionarios y trabajadores de las empresas públicas regionales, unas 170.000 personas.

La última medida, aprobada hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid dentro de la Ley de Acompañamiento, incluye medidas como el incremento generalizado de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales y que se  cobre el 60% del salario en las bajas por enfermedad de 4 a 20 días, en lugar del 100%. A partir del día 21, los funcionarios y empleados públicos enfermos percibirán el 75% del sueldo salvo en caso de accidente laboral o baja por maternidad.

Medio millar de personas se han congregado frente a la Asamblea en el primer acto de protesta contra la medida. Los sindicatos han anunciado que retomarán las movilizaciones a partir de enero por el “ataque” a los trabajadores del sector público y que “seguramente” convocarán una huelga.

Los sindicatos calculan que se perderán unos 7.000 puestos de trabajo. El Gobierno regional no ofrece datos

El argumento principal del Gobierno regional para poner en marcha la medida, además del ahorro de 25 millones de euros, es el control del absentismo. Herrero no está de acuerdo con esto. “Si lo que quieren es perseguir al que finge, que seguro que lo hay, que envíen a los inspectores y consulten a los médicos; no deben penalizarnos a todos”. La trabajadora asume la ampliación de jornada sin problemas. “Si no hay más recortes ni despiden a gente, no tengo problemas en trabajar más”.

Los sindicatos calculan que se perderán unos 7.000 puestos de trabajo. El Gobierno regional no ofrece datos, pero una estimación grosso modo dividiendo la ampliación de horas al año (12 millones, según cifras oficiales) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas. El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año.

“Imagínate que tengo una diarrea o una neumonía, ¿dejarías que te tratara si voy a trabajar?”. Carmen Alonso, enfermera de 49 años, ahonda en la preocupación de su compañera de hospital. José Jiménez, bombero de 52, calcula que el aumento de jornada supondrá unas cinco guardias más al año para su colectivo “que no van a pagar”. También le preocupa perder dinero durante las bajas, un derecho recogido en distintos convenios y acuerdos de los distintos trabajadores del sector público. “Nosotros estamos todo el día haciendo deporte para estar preparados para nuestro empleo, nos exponemos a lesiones que ahora no nos van a pagar”.

“Han dinamitado las negociaciones y lo aprueban sin acuerdo, no lo podemos permitir", añade saturnino Ariza, presidente del comité de empresa del Canal de Isabel II. La medida afecta a empresas públicas, como el Canal, Telemadrid o Metro. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados, no permitiremos que recorten nuestras bajas", ha indicado enrique Girón, secretario general del Sindicato de Conductores de Metro de Madrid. La última vez que intentaron bajar el sueldo a los empleados del suburbano, pararon el transporte y colapsaron la ciudad.