Los diputados de ICV declaran en la Audiencia por el cerco del Parlament
Boada rechazó comparecer ante el juez Velasco en la primera ronda de declaraciones para no ayudar a la derecha a contra los indignados
![La diputada del PSC Montserrat Tura a su llegada al Palacio de Justicia de Barcelona para declarar ante el juez de la Audiencia Nacional.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BMNAABDH5TVWPVISJEPFGFCLYY.jpg?auth=319072170ca19a65ecca11da5fd23e2cc5164adf111e31e5ebd2e109d6ff8a77&width=414)
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogó ayer en Madrid a los diputados de ICV-EUiA Salvador Milà y Joan Boada por el bloqueo del Parlament el pasado 15 de junio, ya que la semana pasada no acudieron a la citación judicial junto con otros ocho diputados, han informado fuentes jurídicas. El magistrado, que interrogaó a los dos electos como afectados por estos hechos, realizó la citación después de multar con 200 euros a Milà por no asistir a la declaración y de que Boada excusara su ausencia argumentando que tenía que participar en una comisión de la Cámara catalana.
El juez había citado a Milà y a Boada (ICV-EUiA) junto con otros parlamentarios de CiU, el PSC y SI que resultaron afectados por el bloqueo, pero se negaron a acudir alegando que no querían colaborar en un procedimiento judicial "iniciado por un movimiento de extrema derecha", en referencia al sindicato Manos Limpias. Los parlamentarios Gerard Figueras, Josep Maria Llop, Jordi Turull, Ana Isabel Marcos, Santi Vila (CiU), Montserrat Tura y Ernest Maragall (PSC) y Alfons López Tena (SI) declararon el 14 de diciembre ante Velasco, que se desplazó expresamente a la capital catalana, en una sala de la Audiencia de Barcelona.
El magistrado, que mantiene imputadas a 20 personas por un delito contra altos organismos de la nación, se desplazó a Barcelona a raíz de que los parlamentarios comunicaran al Juzgado Central de Instrucción número 6 que no podían acudir a declarar a la Audiencia Nacional por "problemas de agenda". Además, tiene previsto interrogar por escrito al presidente de la Generalitat, Artur Mas, para lo cual ha solicitado a las partes personadas que le remitan las preguntas que desean trasladarle. El instructor investiga los "actos de fuerza, intimidación o amenaza" contra los miembros del Parlament que se registraron cuando un grupo trató de impedir la asistencia de los parlamentarios a la sesión plenaria y entorpecer su labor.
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