La Audiencia de Lleida absuelve a un policía acusado de narcotráfico

La Audiencia de Lleida ha absuelto al policía nacional que fue juzgado hace un mes junto con otras 10 personas acusadas de pertenecer a la red de narcotraficantes más grande desarticulada hasta el momento en la provincia. Los Mossos d’Esquadra atribuyeron a esta banda la introducción de 250 kilos de cocaína procedente de Sudamérica.

La exculpación del agente J. F. E., que llevaba cinco años en el grupo de estupefacientes de la comisaría de Lleida, se ha producido al no encontrar el tribunal una actitud delictiva en el comportamiento del policía. Este negó durante el juicio cualquier relación con la red y explicó que en calidad de infiltrado realizaba una investigación policial sobre ella sin conocimiento ni autorización de sus superiores.

El tribunal no considera probado que el policía estuviera implicado en la organización de narcotráfico, pero censura su actuación por considerar que obró con “absoluta imprudencia y temeraria irresponsabilidad”. La fiscalía había solicitado para él una pena de siete años de prisión por entender que su función en la banda era dar cobertura policial al traslado de una importante partida de droga -18 kilos de cocaína de gran pureza- que otros miembros transportaban a España desde Brasil a través del aeropuerto de Bilbao.

El agente recibió a principios de abril de 2009 una información del cerebro de la banda, Ramon G. G., vecino de La Fuliola (Lleida), sobre la posible llegada de cocaína en una fecha determinada, pero no avisó a sus superiores, sino que cogió su coche particular y se dirigió a Bilbao acompañado por otro agente de la brigada de estupefacientes. La operación fue frustrada por la intervención de los Mossos d’Esquadra, que controlaban los movimientos de la banda.

El tribunal ha condenado a Ramon Ginestá a ocho años y seis meses de prisión y a una multa de dos millones de euros; a seis años a Miguel García, otro cabecilla de la banda; a cuatro años a Miguel Bareas y Juan Vicente Linares, los transportadores de la droga; a tres años y tres meses a los colaboradores Jordi Vilardell, Jaume Rius y Felipe García, y a dos años a Raúl González por un delito de blanqueo de dinero. Este último era el encargado de invertir en fincas las cuantiosas ganancias obtenidas con el narcotráfico.