Pagar por que te roben

Este libro es tan desasosegante como fascinante. En él hay historia, alta cultura, picaresca y cinismo. Cuesta pasar de uno de los cinco casos al siguiente sin detenerse a suspirar. Encontrarán en él datos con los que muchos diarios han ido informando sobre decisiones de venta-regalo, cambios fulminantes de normativa, proyectos faraónicos arruinados y posterior juicio por mala praxis que retratan a buena parte del poder municipal (circunscrito a la Comunidad de Madrid) como corrupto, ignorante y más esperpéntico que el inmortalizado por Berlanga. Insisto, los datos son públicos. Y el libro concluyente: quienes roban, destruyen o dilapidan el patrimonio común son aquellos a quienes pagamos por protegerlo. Bajo el razonamiento del cero coste para el ciudadano y nuevos puestos de trabajo se ocultan colosales deudas públicas y la destrucción de siglos de acuerdos y kilómetros de patrimonio público a manos de sucesivos alcaldes –la mayoría del PP, pero también de Izquierda Unida– y presidentes/as de la Comunidad de Madrid.

Siendo alcaldesa, Ana Botella decidió que en la Quinta de Torres Arias —cuya adquisición para el barrio de Canillejas había negociado Tierno Galván con los condes propietarios— debía instalarse la Universidad de Navarra, regentada por el Opus Dei. Tras protestas de vecinos y años de alegaciones (1.190), la Universidad renunció a ubicar allí su sede. No es la única vez que la presión ciudadana consigue frenar el expolio. No resulta fácil: los mandatarios manejan las leyes que pueden cambiar la catalogación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) según convenga a sus intereses. “Modificación sobre modificación es como se hacen las leyes ininteligibles y se judicializa el urbanismo”.

El relato más popular que recoge Abad es la negociación del traslado del Atlético de Madrid del Manzanares al estadio Wanda Metropolitano. Ese rocambolesco acuerdo ―saldado con una gran deuda para el club y para el Consistorio― incluía miles de euros en entradas al campo que el Ayuntamiento de Carmena tuvo que reembolsar. Esa anécdota deja ver que lo que cuenta Abad es historia de la España que acabó el siglo en los mejores restaurantes y ha terminado comiendo en la cárcel. Es el caso de Mario Conde, que pasó de tener despacho donde hoy está la suite real del hotel Four Seasons del Proyecto Canalejas: un caso de “fachadismo” en el que se descatalogó un conjunto de edificios patrimoniales y se privó a los ciudadanos del metro durante meses.

Después de trazar el mapa de los proyectos faraónicos abandonados en España en De Eurodisney a Eurovegas (Catarata, 2014) y de narrar en La piel de toro como trofeo (Muñoz Moya, 2016) la historia de urbanismos realizados “con la total connivencia de las instituciones del Estado” con cuyas ruinas convivimos ―Marina d’Or, en Castellón―, Abad vuelve a demostrar que en España “los casos de corrupción urbanística no constituyen hechos aislados, sino que forman una tupida red bien organizada”. Por eso guarda para el final el caso de la Ciudad de la Justicia, que tras presentarse en Nueva York, Londres o Singapur como la mayor sede de la justicia del mundo, dejó una deuda millonaria y una constatación inquietante: querían hacer de un lugar con medidas de seguridad extremas un destino turístico para contemplar arquitecturas excepcionales. Escrito con prosa irónica e informadísima, Abad concluye: “Cuando alguien justifica la posibilidad de sorber y soplar al mismo tiempo, tenga por seguro que será él/ella quien sorba, Dom Pérignon posiblemente, y usted quien resople para llegar a fin de mes. Y además, pagará la fiesta”.

Del patrimonio público al privado (El expolio de los bienes comunes) 

Fernando Abad Vicente. Muñoz Moya Editores, 2020. 178 páginas. 20 euros

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