El Gobierno de Javier Milei silencia las páginas web y las redes sociales de los medios públicos

Los medios de comunicación públicos son “un mecanismo de propaganda” y deberían “estar en manos del sector privado”. Así razona el presidente argentino, Javier Milei, cuyo Gobierno ha suspendido la tarde de este martes la emisión de contenidos en todas las páginas web y las redes sociales de las empresas estatales de comunicación. La medida, que despertó el rechazo de sindicatos y organismos de derechos humanos, se suma a una serie de decisiones que avanzan hacia el desguace de los medios públicos, en los que se desempeñan unos 3.500 trabajadores en todo el país: 2.442 en la radiotelevisión pública, 810 en la agencia Télam y 234 en la Sociedad estatal Contenidos Públicos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Desde marzo, Milei mantiene paralizada a Télam, la mayor agencia estatal de Latinoamérica.

“Sitio en reconstrucción”, es el mensaje que devuelve la pantalla de la página web de la Televisión Pública, por donde se podían ver hasta hace unas horas los contenidos del canal. Las mismas palabras reproducen las plataformas de las radios nacionales, de los canales educativos y culturales desde este martes, cuando el Gobierno decidió discontinuar las emisiones.

“Los medios públicos se encuentran en un proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan”, argumentó el comunicado oficial. Y aseguró que “por eso se ha tomado la decisión de pausar temporalmente todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paka Paka y Canal Encuentro”.

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Agustín Lecchi, advirtió que “la medida va en línea con una política de destrucción de los medios públicos, de ataque al periodismo crítico y ahogo a los medios sin fines de lucro”, evaluó. “Con esto buscan construir un relato que les permita llevar adelante un ajuste brutal en contra del pueblo”, agregó. Otros sindicatos se pronunciaron contra la “censura en los medios públicos” y “el apagón digital”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó que “la clausura de webs y redes de los medios públicos” implica “un nuevo paso del gobierno contra el derecho a la comunicación”. Otro organismo de derechos humanos, la agrupación Hijos, señaló que “el gobierno de Milei censura a los medios públicos en nombre de un ‘proceso de reorganización’, términos que en nuestro país son parte de la memoria sobre la dictadura genocida. La comunicación es un derecho. El silencio es funcional a la impunidad”. La dictadura que rigió en Argentina entre 1976 y 1983 se autodenominó “proceso de reorganización nacional”.

Milei ha repetido que su propósito es privatizar los medios públicos, un capítulo más de su plan de ajuste fiscal y achicamiento del Estado. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, dijo apenas después de ser electo presidente, en noviembre pasado, cuando también definió a la radio y la TV públicas como “un mecanismo de propaganda”. Con esa convicción, el presidente ultraderechista dictó en febrero la intervención del sistema de medios estatales y, en marzo, proclamó el cierre de la agencia de noticias Télam: la decisión nunca se concretó formalmente, pero la agencia está inactiva y sus archivos, inaccesibles. Sus empleados -a quienes se les ofrece un retiro voluntario- no pueden ir a trabajar aunque siguen cobrando sus sueldos; desde hace más de dos meses mantienen una protesta frente a la sede central de la agencia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a fin de año se desempeñaban en Télam 810 trabajadores. En el conjunto de TV Pública y Radio Nacional eran 2.442, mientras la sociedad estatal Contenidos Públicos sumaba otros 234 empleados.

La privatización de las empresas de medios se discute ahora en el Senado, como parte de la llamada ley bases, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.

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