El Salvador de Bukele también se construye despojando a los más pobres

El puesto de tortillas hecho de hojalata y cartones de María Magdalena Velázquez, de 54 años, alimenta a sus seis nietos. Los juegos infantiles se escuchan en la trastienda y ella pide a la mayor que le lea los títulos de un manojo de papeles. “Aquí”, señala la niña de memoria, dice que “si no pagamos nos vayamos, pero para dónde si no tenemos”, relata refiriéndose a un documento que fue repartido en la comunidad por una empresa salvadoreña, Quebec S.A., nueva dueña de la tierra desde 2023.

En el municipio de Soyapango, cientos de personas que huían de la pobreza y el abandono levantaron en 2004 hogares de chapa sobre un vertedero. Llegaron un primero de diciembre y así, con esa fecha, nombraron a la comunidad. Hoy los vecinos calculan que son en torno a 5.000 personas. La mayoría sobrevive de la venta ambulante, el reciclado de chatarra o la mendicidad. Pese a las calles de barro, el trabajo colectivo logró nivelar el terreno y organizar el trazado de las viviendas, además de llevar agua y electricidad públicas.

“¿Cómo es posible que, tras 20 años viviendo acá, venga ahora a surgir dueño? Cuando aquí era relleno sanitario, eran barrancos por todos lados, nunca apareció”, señala con el ceño fruncido Gilberto Rodas, que tiene tatuada una cruz cristiana en la frente con una tinta que se apaga. De 65 años, vive junto a su mujer con entre dos y tres dólares diarios que saca de vender alimentos y productos de limpieza.

A mediados de 2023, Quebec S.A. se presentó ante la comunidad como la dueña de la tierra. Un año después, repartió a cada vivienda, por más precaria que fuera, un contrato de arrendamiento y un documento con el precio de compra de cada lote. Las rentas solicitadas se sitúan entre los 120 y los 300 dólares mensuales y la adquisición de la tierra entre los 25.000 y 30.000 dólares, según los papeles que tienen en sus manos los vecinos.

Junto a la inmobiliaria llegaron trabajadores de bancos a tocar la puerta. Ofrecieron préstamos para los que solicitaban documentación, como escrituras o titularidad, que los inquilinos no tenían. La empresa, dicen, tampoco les facilitó ningún papel que demuestre que ahora es dueña de la tierra.

“Quebec S.A. te da la oportunidad de legalizar tu terreno y tener una propiedad con condiciones muy adecuadas a tus posibilidades”, reza un folleto de la empresa en la que desglosa un menú de opciones: comprar al contado o a crédito, pagar alquiler o “liberar el terreno”, es decir, desalojar. El mismo papel situó el 31 de agosto como fecha límite para el desahucio de quienes no empezaran los trámites de pago. Sin embargo, y de acuerdo a medios locales, el Ministerio de Vivienda decidió intervenir. En un acto junto a Quebec S.A., la jefa de cartera, Michelle Sol, entregó las primeras 15 escrituras de propiedad a vecinos que sí habían podido abonar los montos, e informó que les ofrecerían diversas opciones de pago para formalizar su situación.

Eso los ha tranquilizado en cierto modo. Sin recursos para un abogado, conocían su situación administrativa a través de visitas a diferentes instituciones ante la que denuncian una falta de coherencia por parte de la empresa. “No tienen una sola versión, no es claro cuánto terreno compraron, tampoco sabemos quién es en realidad el dueño y no nos dan los documentos que dicen tener para que se nos conceda un préstamo”, apunta Mercedes Alvarado, conocida como Menchi, histórica lideresa de la comunidad, de 68 años.

“Teníamos miedo de que fuera una estafa, pero con esto se comprueba que ellos son los dueños”, explica otro vecino de la comunidad que prefiere no dar su nombre. “A algunos no nos daban créditos en el fondo social, nos decían que esta institución [Quebec S.A.] no estaba legalizada”, añade. América Futura envió una solicitud de información a la empresa, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Mientras tanto, la comunidad espera que esta intervención inesperada sirva para establecer un diálogo con las autoridades y que a los vecinos de menos recursos se les permita “pagar poco a poco”.

Despojo de tierras como política

El caso de Primero de Diciembre es parte de una dinámica nacional de despojo de tierras. Los megaproyectos inmobiliarios y turísticos, centrales en la estrategia económica del presidente Nayib Bukele están provocando el desplazamiento forzoso de comunidades originarias y familias de pocos recursos.

Poblaciones que llevan décadas habitando un terreno son desplazadas “por entidades gubernamentales o grupos empresariales que han obtenido la propiedad de la tierra en apenas el último año a través de engaños a los habitantes y de procesos judiciales arbitrarios e incompletos”, explica Ángel Flores, coordinador del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA).

A finales de 2024, más de 200 familias de Condadillo y Flor del Mangle, en el sureste de El Salvador, tuvieron que dejar sus casas para la construcción del aeropuerto del Pacífico, una de las promesas estrella del Gobierno que cuenta con financiación internacional. Incumpliendo el deber de una “justa indemnización”, como dice la ley que permite la expropiación de tierras para uso público, elaborada durante el periodo constitucional de Bukele, muchos habitantes no recibieron indemnizaciones y terminaron por quedarse en la calle, denuncia MILPA.

La privatización de la tierra no es un fenómeno nuevo en El Salvador. Durante décadas, se han impulsado reformas que han permitido el acaparamiento por parte de grandes tenedores. Sin embargo, ahora avanza a pasos gigantes. En los últimos años, el Gobierno bukelista se ha armado de un marco legal que permite el despojo de tierras a cooperativas, como la citada ley de expropiaciones, y ha revivido las políticas extractivistas, como muestra la reactivación de la prohibida explotación minera.

Régimen de excepción para privatizar tierra

La estrategia de despojo cuenta como aliado con el Régimen de Excepción, una herramienta que, en principio, fue concebida como temporal para terminar con la violencia de las maras. Sin embargo, tras más de tres años de ampliaciones sucesivas, el Régimen ha situado a El Salvador como el país con el mayor índice de encarcelamiento del mundo, con más de 88.000 personas privadas de libertad en cárceles en las que es habitual la tortura e, incluso, el asesinato, según han documentado organizaciones de derechos humanos.

El régimen también ha suspendido toda garantía constitucional, aseguran desde MILPA. La misma entidad ha identificado en todo el país al menos 45 comunidades en procesos judiciales por desalojo, un total de 11.000 familias. Un ejemplo de cómo se utiliza para acallar activistas y voces disonantes al Gobierno es el caso de la Cooperativa Agrícola El Bosque, de Santa Tecla. Ante el riesgo de desalojo de 300 familias, una manifestación el pasado mayo fue reprimida con violencia policial y con la detención arbitraria de sus líderes, a quienes, según la prensa salvadoreña, les fueron aplicadas condiciones del Régimen de Excepción.

MILPA también ha denunciado la detención de hasta seis pescadores artesanales de la Comunidad del Icacal, en el departamento oriental de La Unión. Un mes después de la detención de Óscar René Martínez, miembro fundador de MILPA, la empresa de Desarrollos Turísticos El Pacífico S.A. apareció como dueña de la tierra para la construcción de complejos turísticos.

Los casos continúan bajo un patrón definido en el que tanto activistas como vecinos se quejan ante la falta de protección de las poblaciones más vulnerables. “Están metidos gente de corbata, por eso se sienten con apoyo”, señala Rodas sobre Quebec S.A. y ante permanente amenaza de desalojo que no se ha ido del todo de Primero de Diciembre.

Sus pobladores más ancianos enumeran una vida de sufrimiento y miseria: muchos formaron parte de la guerrilla o de las Fuerzas Armadas, y la falta de apoyo institucional les llevó a encontrar en un vertedero un espacio en el que volver a empezar. A partir de 2010, fueron víctimas de la saña de las pandillas. “En esta comunidad había muertos todos los días”, sentencia Velázquez en su venta de tortillas. “Y hoy son los ricos los que vienen a molestar, a quitarnos la paz a nosotros. Solo Dios nos puede ayudar”.