Asesinatos, secuestros y extorsiones: Bolivia se asoma por primera vez a la violencia del narco

Las noticias de homicidios donde se emplean decenas de tiros, extradiciones de líderes de carteles internacionales y secuestros de empresarios alertan sobre un año excepcionalmente violento en Bolivia. A pesar de ser reconocido como productor de cocaína desde los setenta, el país ha sido siempre un lugar de tránsito y sin guerras entre organizaciones criminales. Una tranquilidad que se ha visto amenazada por la creciente presencia de capos, sobre todo brasileños, atraídos por un sistema judicial débil y corrupto.

Desde agosto y lo que va de septiembre, se han registrado al menos 11 asesinatos y tres secuestros que la Policía vincula con “ajustes de cuentas”. Dos hombres con antecedentes por tráfico de drogas y estafa recibieron 100 disparos el 21 de agosto a manos de sicarios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la misma urbe, más temprano este año, fue acribillado por “encapuchados” un coronel de la Policía, acusado también de narcotráfico. La situación ha alcanzado el plano diplomático con la descertificación de Bolivia, el pasado martes, por parte de Estados Unidos en la lucha contra las sustancias controladas, junto a países como Colombia y Venezuela, debido al “incumplimiento de sus compromisos antidrogas”.

La decisión se basó en el Informe 2025 sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, que concluye que Bolivia produce entre 200 y 300 toneladas de cocaína al año, aproximadamente el 15 % de la producción mundial. El documento señala como origen las 33.000 hectáreas de hoja de coca que se cultivaron en 2024, superando las 22.000 permitidas. Un número aún lejano al de Perú (casi 90.000) o Colombia (253.000). El Gobierno boliviano criticó en un comunicado la política de Washington, acusándola de comportarse “como juez unilateral, cuando es uno de los principales centros de consumo y tráfico”.

Pocos días después del anuncio de la descertificación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) respondió que, a lo largo del año, había desmantelado 241 fábricas de droga, incautado 30 toneladas de estupefacientes y expulsado a 40 extranjeros vinculados al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó la existencia de estructuras criminales que dominen territorios y operen con violencia sistemática en Bolivia. Sin embargo, admitió que sí hay un intento de sus cabezas para operar desde el país.

La red brasileña Globo publicó un reportaje a inicios de este mes indicando que “el traficante más buscado de Brasil y número uno del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC), Sérgio Luiz de Freitas Filho”, vive desde hace una década en Santa Cruz. Radicaba en la misma ciudad su compañero de organización Marcos Roberto de Almeida, alias Tuta, entregado a las autoridades brasileñas en mayo pasado. También era vecino cruceño el delincuente más notorio de Uruguay y fundador del Primer Cártel Uruguayo (PCU), Sebastián Marset, quien huyó del país en 2023 como resultado de un defectuoso operativo policial. La fiscalía brasileña identificó en un reporte de junio a 146 miembros del PCC en Bolivia, entre privados de libertad (75) y en libertad (71).

Pero Bolivia no solo ha estado en la mira de los altos mandos de las mafias sudamericanas. Los cadáveres de tres personas de nacionalidad serbia y macedonia, posteriormente identificadas como parte de redes de narcotráfico, fueron encontrados en agosto en un departamento de Santa Cruz. Medios internacionales, como La Nación de Argentina, hablan de una “guerra librada en Bolivia entre la mafia de los Balcanes”. El exfiscal antidrogas de Santa Cruz, que ejerció su cargo en la primera década de los 2000, Joadel Bravo, aseguró a EL PAÍS que la presencia de jefes delincuenciales internacionales en el país es un fenómeno reciente. “Si usted hace una reseña de hace 10, 20 años, no encontrará un solo narcotraficante de importancia aprehendido (...). En los seis años que estuve como fiscal, incautamos apenas 500 kilos de droga”.

Las razones por las que Bolivia se ha vuelto un punto atractivo para criminales perseguidos tienen que ver con la complacencia del sistema judicial, según el abogado penalista y criminólogo Cristian Sánchez. “La influencia política ha perforado la independencia del sistema de justicia y establecido una relación clientelar entre jueces y políticos. El primero le permite ejercer violencia política contra sus adversarios, y el otro obvia acciones ilegales que le generan riqueza”. El último índice de Estado de Derecho del World Justice Project, publicado en junio, señala a Bolivia como la nación más corrupta de la región y la segunda a nivel global.

Los datos se respaldan con los recientes escándalos en los que se han visto envueltas autoridades designadas para erradicar el tráfico de estupefacientes. El exdirector de la Felcn, Maximiliano Dávila, fue extraditado a Estados Unidos en diciembre, acusado de exportar cocaína a ese país. El mismo cargo tuvo René Sanabria, enviado en enero a la cárcel de San Pedro de La Paz por lavado de activos.

Se suma la escasa presencia del Estado en zonas fronterizas —principalmente con Brasil y Chile—, lo que ofrece un abanico de beneficios para los criminales. Como respuesta, el Gobierno boliviano ha firmado recientes acuerdos con autoridades brasileñas y argentinas para reforzar el control y la vigilancia migratoria en esas zonas.

Para Bravo, ese es el camino correcto, pero llega tarde. Como medidas inmediatas, pide la negociación de las penas de los microtraficantes para llegar a las cabezas, la descentralización de la Policía desde el Estado central a los municipios, y cámaras de seguridad corporales que deben portar los gendarmes para evitar hechos de corrupción. Además, solicita la colaboración de fuerzas de seguridad internacionales para establecer un plan coordinado. Esta última medida parece que, tarde o temprano, sucederá, ya que los dos candidatos que pelearán por la presidencia el 19 de octubre, Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, han resaltado la necesidad de reforzar las instituciones policiales en el país, principalmente con apoyo internacional.

Quiroga es más enfático en señalar al expresidente Morales como fomentador del narcotráfico, al ser líder de los productores de coca de la región del Chapare, donde gran parte se destina a su procesamiento químico para la producción de cocaína. Cuando fue jefe de Estado entre 2001 y 2002, Quiroga ya emprendió una guerra contra este grupo de cosechadores, apoyado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con sangrientos resultados.