Reporteros sin Fronteras denuncia que en Guatemala persiste la criminalización de periodistas

Reporteros sin Fronteras (RSF), una organización no gubernamental creada hace más de 30 años, publicó el miércoles un comunicado en el que calificó de “insuficientes” los esfuerzos del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para la protección de periodistas e instó al mandatario a ser más “enérgico” y que garantice un entorno seguro para el periodismo independiente.

El pasado 14 de enero, el mandatario cumplió un año en el cargo y aunque su Gobierno hasta el momento no ha tenido señalamientos de corrupción analistas y sociedad civil también le han pedido más contundencia en sus acciones.

En esta ocasión, RSF hizo un balance del primer año de gestión de Arévalo y manifestó que, pese a su enfoque más abierto en comparación con sus antecesores, la continua criminalización de los periodistas y la persistente corrupción del poder judicial perpetúan el ambiente hostil para los medios independientes.

“Reconocemos los progresos realizados por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en su primer año, especialmente en materia de fomento del diálogo y respeto de la libertad de prensa. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes mientras persistan la criminalización y el acoso judicial a los periodistas”, señaló Artur Romeu, director de la oficina para América Latina de RSF.

Romeu mencionó que el caso del reconocido comunicador José Rubén Zamora es un recordatorio constante de los graves riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en Guatemala. “El Gobierno debe tomar medidas más enérgicas para desmantelar el aparato represivo heredado de administraciones anteriores y garantizar un entorno seguro en el que pueda florecer el periodismo independiente”, agregó.

En el comunicado, titulado Las amenazas a la libertad de prensa y el caso Zamora socavan los progresos del primer año del presidente Arévalo, la organización recomendó implementar rápidamente la política de protección de los defensores de los derechos humanos, atendiendo especialmente a los periodistas, a frenar el abuso del sistema judicial que provoca la criminalización de comunicadores como los casos de Juan Luis Font de ConCriterio y Diego España de diario La Hora, pues según sus datos unos 11 periodistas enfrentaron procesos judiciales en 2024.

Avances y retos

RSF reconoció que Arévalo puso en marcha medidas que mejoraron el panorama de los medios de comunicación, que autorizó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la participación del relator especial para la Libertad de Expresión, la primera de este tipo en Guatemala en ocho años, firmó la Declaración de Chapultepec, un acuerdo internacional que establece los principios clave para salvaguardar el periodismo independiente y proteger a los periodistas de la censura y la persecución; entre otros.

Prometió que no se perseguiría a las personas por sus opiniones, pero el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos, ha mantenido su “sistemática criminalización” contra los comunicadores.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, manifestó que “el respeto a la libertad de prensa no es negociable” y ha defendido que el Gobierno de Arévalo no se quedó de brazos cruzados. “El periodismo es un pilar fundamental de nuestra democracia, por eso desde la Secretaría de Comunicación Social hemos tomado acciones que garantizan la libertad de prensa y la transparencia, dejando atrás las prácticas de censura y hostigamiento que desde puestos de poder se orquestaban”, indicó a través de las redes sociales en respuesta a RSF. Palomo reconoció que “persisten agresiones y persecución por quienes se ven amenazados por la labor periodística”, aunque aseguró que “el compromiso es avanzar para que se pueda ejercer con seguridad, con dignidad”.