Juan Luis Font, periodista: “Guatemala sufre una dictadura judicial muy perversa”

Guatemala es el mundo al revés. La justicia que debería proteger derechos como la libertad de prensa persigue a los periodistas, mientras que funcionarios sentenciados por actos de corrupción son liberados y recuperan los bienes obtenidos con dinero robado al Estado. El periodista Juan Luis Font (Guatemala, 58 años), una de las voces más respetadas del país, es el objetivo más reciente de ese hostigamiento. Pesa sobre él una orden de captura y ha sido señalado por lavado de dinero, en una maniobra que busca amedrentarlo y acallarlo. “Yo digo todos los días que Guatemala vive una dictadura judicial. Nuestro Gobierno es democrático, pero el organismo judicial está en manos de la gente que promueve la impunidad para la corrupción. Es una dictadura muy perversa, que maneja buena parte del poder en el país”, denuncia Font.

El reportero recibió la noticia de la orden de captura en Francia, donde estos días ha viajado para visitar a sus hijos. Font lleva una vida nómada desde que tuvo que dejar su país en abril de 2022 por la persecución de la que ha sido víctima por denunciar casos de corrupción. La fiscalía guatemalteca, controlada por la controvertida fiscal general Consuelo Porras, abrió en octubre de 2021 un caso en su contra. Font ha vivido en Washington y Ciudad de México, siempre con la maleta abierta a la espera de conocer las acciones de las autoridades judiciales guatemaltecas para tomar una decisión sobre su futuro. Ahora que hay una orden de captura establecida, sopesa pedir asilo. “No me sorprende, ya me la esperaba. De hecho venía con la idea de dónde ocurra, ahí me va a tocar pedir el asilo. Que yo sea un objetivo de esa persecución es algo que lo tengo bastante claro desde hace mucho tiempo”, afirma.

Font, que dirige el medio de comunicación Con Criterio, es uno de los periodistas más respetados de su país, quien ha alzado la voz sobre la podredumbre de funcionarios públicos y el hostigamiento a su profesión, así como a jueces y fiscales que persiguen casos de corrupción. Desde ese medio, que se autodefine como “incómodo para el poder político”, Font y su equipo denuncian diariamente la descomposición que sufre el sistema judicial de Guatemala, sostenida por el llamado “pacto de corruptos”, la trama política, judicial y empresarial que influye para mantener la impunidad en el país centroamericano. Esa “dictadura” a la que hace referencia el reportero no ceja en sus intentos de acallarlo, ahora con la orden de captura, lo que es una muestra, dice, de la intimidación con la que la fiscalía actúa para silenciar las voces críticas. Igual que Font, decenas de fiscales y funcionarios judiciales han abandonado el país por plantar cara a la corrupción.

La persecución contra el reportero se agudizó en octubre de 2021, cuando la fiscalía inició un caso en su contra. Font cuenta que la fiscal general Porras y su equipo intentaron “persuadirlo” de que su gestión es correcta y que quienes habían encabezado esa institución anteriormente era gente corrupta. Para ello, Porras lo invitó a un almuerzo en su despacho con la plana mayo del Ministerio Público. “Cada uno me hizo una presentación para demostrar que la fiscal anterior, Thelma Aldana [ahora también en el exilio] había cometido delitos. Yo cuestioné al fiscal y le pregunté si había encontrado alguna traza de dinero que hubiera llegado a las cuentas de la fiscal Aldana y me dijo que no. Le dije a la fiscal: esto no me persuade, no me convence. El reclamo de Porras es que yo decía que las acusaciones contra Aldana eran espurias, como evidentemente lo son, y lo digo en la radio todo el tiempo”, explica Font.

Cuando dieron por concluido aquel encuentro, recuerda el periodista por entrevista telefónica desde Francia, supo que un fiscal bajo las órdenes de Porras, que es la cara más visible de la oposición a las reformas del actual presidente Bernardo Arévalo, buscó al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, apresado entonces por casos de corrupción, para que denunciara al periodista. “Dijo que me iba a acusar por recibir dinero sucio de su parte para garantizarle prensa favorable como ministro”, cuenta Font. Las autoridades iniciaron el proceso y al reportero le costó mucho acceder a los documentos sobre el caso. “Tuve que meter un amparo contra el juez. Obtengo acceso al caso, leo la acusación y me parece absolutamente descabellada. La hago pública, y mis colegas, tanto de El Periódico como Contrapoder, medios en los que trabajaba entonces, empiezan a publicar las notas de investigación que documentaban sobrecostos en mantenimientos de carreteras y contrataciones onerosas en proyectos viales. El Ministerio Público no tenía manera de articular mi caso, pero me llevaron delante de un juez y me forzaron a ser investigado bajo la acusación de lavado de dinero, diciendo que había recibido fondos de ese ministro corrupto”, relata Font.

El periodista insistió a su abogado que su proceso fuera trasladado al juzgado bajo el mando de la jueza Erika Aifán, una funcionaria “muy dura, pero correcta”, que también ha marchado al exilio. “La había nombrado dos años atrás personaje del año y nos seguíamos mucho en redes por ser personas públicas en Guatemala, pero nunca tuve una amistad con ella. Es una persona bastante tímida y reservada”, afirma Font. “Esta gente dice que yo pedí que llevara mi caso por mi amistad con ella, pero lo hice porque ella conocía personalmente los casos de corrupción de Sinibaldi, porque había recibido en su juzgado la primera declaración de la asistente del funcionario, que explicó cómo vaciaban las caletas de dinero cuando la CICIG [la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala] los perseguía y cómo ella tenía que pagarle a una serie de supuestos periodistas a quienes sobornaba Sinibaldi. Nunca me mencionó a mí. Entregó el disco duro de su computadora, en el que no estoy incluido”, relata el periodista.

El reportero reitera que “no tiene la menor duda” de que estas formas de intimidación vienen directamente de la fiscalía, un sistema podrido que sostiene la impunidad. Una muestra es que el Sinibaldi está ahora libre y “camino a recuperar muchas de las cosas del patrimonio que construyó con dinero robado. También lo han ayudado a vengarse de gente, como su asistente, que lo denunció”, explica Font. “La fiscalía ha perseguido a José Rubén Zamora, a nueve personas de El Periódico, me persigue a mí”, agrega. “En mi caso hay animosidad de la fiscal general porque yo no me sometí a sus ideas y su visión de las cosas, el odio de Sinibaldi, a quien cubrí críticamente y que quiere hacerme pagar por haberle dado cobertura a su corrupción”, explica.

El presidente Arévalo mantiene una carrera de obstáculos en Guatemala y bajo la presión pública sobre una de sus principales promesas, que no ha podido cumplir: romper el pacto de corruptos en su país. “El presidente está persuadido de que si destituye a la fiscal, la Corte de Constitucionalidad lo va a deponer a él del cargo, le va a abrir un proceso judicial, de manera que él espera hasta el año 2026, cuando toque cambiar a la fiscal general, para nombrar a una nueva persona”, explica Font. El periodista dice, sin embargo, que tiene dudas de que el mandatario logre su compromiso. Es en ese fondo de impunidad que las autoridades judiciales mantienen su objetivo de “silenciar a la prensa vía el amedrentamiento, imponerle límites, marcarle dificultades para que no cubra y no haga evidente esta dictadura judicial”, advierte Font. “Yo lo voy a seguir diciendo todos los días en la radio, no sé cuánto tiempo vaya a durar mi programa, pero es a lo que estamos obligados los periodistas; de otro modo qué sentido tiene seguir en esta profesión”, apuntala el reportero desde el exilio y bajo orden de captura.