Gustavo Petro: hablemos de la coca y la cocaína

Tras su victoria de masiva votación pero resultado dividido en una campaña marcada por la incertidumbre, a Gustavo Petro lo espera un país con retos de largo alcance, y la esperanza y expectativa de millones de personas que votaron por la promesa de un cambio. Uno de estos retos (con su propia esperanza de cambio) será el abordaje al fenómeno de los cultivos de coca y sus derivados. Considerando que el futuro presidente ha afirmado que habrá un “cambio de paradigma” de la guerra contra las drogas es natural esperar una voluntad política para superar el enfoque tradicional.

Pero, ¿qué es lo que podemos esperar? Una valoración crítica de la campaña del nuevo jefe del ejecutivo nos deja con una mezcla de promesas claras, dudas cruciales y recomendaciones divididas en tres grandes frentes: abordaje a los cultivos coca, dimensión internacional, y la regulación de la cocaína.

En el punto de origen, el cultivo y producción, la promesa más clara declarada en el programa y debates es la prohibición de la aspersión aérea con glifosato. Esto ya marcará una gran diferencia con el actual gobierno quien a pesar de terminar su mandato en menos de dos meses continúa presionado para reanudar este método. Además, considerando la afirmación del presidente electo de cumplir con lo pactado dentro del acuerdo de paz, podemos esperar avances hacia lo estipulado en el punto 4 – “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”-. Petro ha mencionado el cumplimiento a cabalidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el impulsar la sustitución de tierras y de economías para no depender del mercado de la cocaína.

Sin embargo, aún no disponemos del detalle de cómo va a implementar este cumplimiento, un desafío mucho más complejo de lo que parece: hay una progresiva desfinanciación del Punto 4 en todos sus componentes, un avance total de apenas el 49%, solo un 11.33% de las familias vinculadas al PNIS cuentan con un servicio de apoyo financiero para proyectos productivos de ciclo largo y se ha avanzado muy poco en la construcción de la ley que determina el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores. Todo ello se produce en un contexto de desconfianza en el programa, así como de falta de instrumentos adicionales como el catastro multipropósito o una mayor participación de las comunidades étnicas en instancias decisorias del PNIS.

Además, los programas se mantienen sin evaluaciones suficientes para conocer su verdadera eficacia. La perspectiva comparada como la recopilada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, serviría aquí. Esta sugiere en sus primeras entregas que en lugar de imponer la erradicación total como condición previa para los cultivadores, se debería implementar una sustitución gradual. Algo que nunca hemos intentado en el país. Otras publicaciones como el ‘Catálogo de las pequeñas soluciones alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia’ brindan algunas pistas sobre experiencias exitosas de sustitución de cultivos. Por ejemplo, la participación de diversas instituciones públicas y privadas, el reconocimiento y recuperación de las tradiciones, la apertura de nuevas opciones de comercialización, la generación de capacidades técnicas locales y la participación activa de las comunidades.

Por último, cabría explorar tal y como se menciona en el programa de gobierno la regulación de las plantas y sus derivados y la investigación de los usos benéficos. A pesar de los múltiples nutrientes y alcaloides que la planta de coca tiene y de los usos medicinales, nutricionales y agroindustriales que podríamos explorar, en el país hemos decidido quedarnos solo con una relación: la cocaína. Pero podría aprovecharse la gran cantidad de cultivos que Colombia tiene para convertirse en un país líder en la investigación de esta planta, algo que lateralmente podría contribuir a rebajar el estigma existente tanto sobre ella como sobre nuestra nación.

Conectando el frente del cultivo con el internacional, es vital que el próximo gobierno mire más hacia la región, específicamente los casos de Perú y Bolivia con la Enaco y el modelo de control social, respectivamente. En ambos países existen zonas donde es legal cultivar hoja de coca y, a pesar de que aún mantienen retos y vacíos, son modelos de los que podemos aprender. Ahora, mirando hacia el norte, el otro gran cambio que se espera en el plano internacional consistiría en reorientar la política exterior colombiana respecto a las drogas con EEUU y la UE. De cumplir con el plan de gobierno, los esfuerzos de cooperación internacionales para el financiamiento destinado a la llamada guerra contra las drogas se redirigirán a apoyar políticas y programas de transformación económicas en las regiones con presencia de cultivos de coca.

Esto no suena lejano ni descabellado considerado que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia incluye un enfoque más integral y la definición de medidas de éxito más amplias que no solo se centren en el número de hectáreas erradicadas. Además, Juan González, Asistente Especial del Presidente Biden y Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, lamentó que la agenda entre ambos países haya estado dominada por la lucha contra las drogas durante tantos años.

Hay en el plano transnacional una vía adicional, probablemente más compleja políticamente: un cambio inaplazable que se espera con el nuevo gobierno es liderar y fortalecer la conversación sobre regular la cocaína. De acuerdo al último Informe Mundial de Drogas (2021) se estima que 20 millones de personas fueron consumidoras de cocaína en el 2019 (0,4% de la población mundial). Según datos del Informe Europeo sobre drogas (2021), la cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa. Existe un demanda muy poderosa y estable y Colombia, como país con el mayor número de cultivos de coca, ya debería tener claro que los esfuerzos por erradicar los cultivos de coca de poco sirven.

Aunque Petro habla de un nuevo paradigma y de regular los usos derivados de las plantas hasta ahora se ha demostrado comparativamente tímido en este frente, de manera que no es claro si su apuesta mayor es sustituir o regular (acciones no excluyentes). Por supuesto que regular la cocaína no depende solo de Colombia, y este es un camino largo y políticamente costoso por las dudas y prejuicios que se mantienen tanto entre las élites como entre la ciudadanía. Sin embargo, los giros que se empiezan a producir en la agenda mundial cuestionando la guerra contra las drogas constituyen una oportunidad que deberíamos comenzar a aprovechar y liderar, cambiando la pregunta de si deberíamos regular esta sustancia o no, a cómo hacerlo.

Por último, es vital que este reenfoque se acompañe desde el nuevo gobierno de un abandono de la narrativa tradicional que estigmatiza la planta (“la mata que mata”), las personas que la cultivan (“narcocultivadores”) y las que usan drogas (“enfermos”). Este cambio en el lenguaje puede parecer menor, pero si en algo ha sido exitosa la guerra contra las drogas es en anclarse en la opinión pública. También es primordial que se abandone la narrativa de que todos los males del país con causa del narcotráfico. Ante diagnósticos erróneos habrá soluciones erradas. Por supuesto que los mercados ilegales de drogas son un factor crucial a considerar, pero restringir el abordaje a esta dimensión no producirá resultados fructíferos como no los ha producido hasta ahora.

La existencia de vacíos y dudas sobre cómo regular los mercados de drogas no significa que no debamos explorar otros caminos especialmente cuando hay certeza y evidencia que respalda que lo que actualmente hacemos no funciona. Ya sabemos que la guerra contra las drogas fracasó. Ahora es el momento de explorar otros caminos, con la evidencia y el pragmatismo de nuestro lado.