Petro busca suavizar sus relaciones con los militares y policías

El candidato de izquierdas les promete vivienda, salud y educación como parte de su propuesta de transformación de la fuerza pública

Gustavo Petro durante una entrevista con la prensa, en Bogotá.
Gustavo Petro durante una entrevista con la prensa, en Bogotá.LUISA GONZALEZ (Reuters)

Gustavo Petro ha hecho un guiño este lunes para suavizar sus relaciones con los militares y policías. En el comienzo de la última semana de campaña, el candidato que se podría convertir en el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia les ha escrito una carta en la que reconoce el “valioso aporte” de la mayoría de los uniformados a “la construcción de una Colombia más humana” y delinea una propuesta de transformación de la fuerza pública en la que les promete, entre otras, mejores oportunidades para acceder a vivienda, salud y educación.

“Tengo claro que ustedes, los soldados de tierra, mar y aire y los policías de la patria, son humildes colombianos que, al igual que millones de compatriotas, reclaman un mejor futuro para sí mismos, pero en especial para sus queridas familias”, escribe el aspirante del Pacto Histórico, quien en su juventud perteneció a la guerrilla del M-19 y se ha topado con la resistencia de algunos sectores de las fuerzas armadas. El exalcalde de Bogotá ha sido muy crítico con ciertas operaciones militares, así como con la represión de las protestas por parte de la policía durante el estallido social del año pasado.

El candidato también lamenta que los uniformados no cuentan con una vivienda digna, deben esperar meses para obtener una cita médica y no consiguen costear la educación de sus hijos. Por eso, asegura, se propone “fortalecer la fuerza pública y el bienestar de sus integrantes, en especial el de los más vulnerables, para lograr la paz total en el territorio nacional”.

Aunque no lo menciona en la carta de este lunes, Petro durante la campaña ha propuesto reducir el presupuesto militar (actualmente 3,4% del PIB), retirar a la policía del ministerio de Defensa –un reiterado reclamo de diversas organizaciones de derechos humanos– y desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). “Hay que acabar con la política construida sobre el enemigo interno que ha llevado a unas violaciones tremendas de derechos humanos, como el asesinato de 6.402 jóvenes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras”, dijo Petro en una entrevista con EL PAÍS.

Las propuestas de Petro en su misiva incluyen construir ciudadelas para los militares en alianza con la empresa privada, reestructurar el sistema de salud que los atiende y construir nuevos hospitales militares. También ampliar los colegios de la fuerza pública, impulsar un programa de becas para sus hijos y un plan de apoyos para los pensionados. Su rival en la segunda vuelta del 19 de junio, Rodolfo Hernández, ha cuestionado privilegios de los uniformados como los esquemas de jubilación temprana.

Los dos finalistas aspiran a convertirse en el comandante en jefe de 228.000 militares y 172.000 policías, las fuerzas armadas más numerosas de América Latina después de las de Brasil.

Nuestra estrategia también contempla transformar, gradualmente y en la medida en que consolidemos la paz, el servicio militar en servicio social, para que solo los profesionales, bien entrenados, bien equipados y bien remunerados, se encarguen de combatir el multicrimen”, asegura Petro. “No más cementerios llenos de jóvenes héroes, en su mayoría humildes campesinos, ni hogares vestidos de luto perenne”, remata su mensaje. La carta ha estado precedida por otra serie de acercamientos que han incluido el respaldo de más de 800 miembros de organizaciones de la reserva activa y el apoyo de un puñado de generales en retiro.

Uno de los momentos más tensos de toda la campaña se presentó en abril cuando el jefe del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, rompió la neutralidad que se le presupone para atacar con dureza a Petro a través de Twitter. Ese cruce de mensajes dejó perpleja a la opinión pública, que no había escuchado lo que se llama coloquialmente como ‘ruido de sables’ desde la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998). En ese entonces el mandatario se enfrentó con el general Harold Bedoya, el jefe de las Fuerzas Armadas, quien acabó destituido.

La Constitución colombiana prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en política electoral, y además señala de manera explícita que la Fuerza Pública no es deliberante. Los militares, además, no pueden votar mientras se encuentren en servicio activo, “ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, de acuerdo con la norma constitucional.

En un país que lleva décadas conviviendo con la guerra, el poder de los militares es enorme. Los uniformados han estado permanentemente rodeados por la controversia durante el Gobierno de Iván Duque, en un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, así como incontables episodios de abusos y brutalidad policial que han puesto en entredicho la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad.

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