¿Cómo Colombia puede desarrollar el potencial de los empleos verdes?

Actualmente Colombia tiene la oportunidad de que el mercado laboral se concentre más en empleos verdes o en aquellos que contribuyen a reducir la huella ecológica de las actividades humanas. Estos empleos son fundamentales para mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.

Así lo considera Dulce Baptista, especialista de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien agregó que la transición verde puede contribuir a la generación de empleo tanto en Colombia como en América Latina y el Caribe. En efecto, una transición verde efectiva en la región podría añadir un 10,5% más de empleos nuevos para 2030, con inversiones adicionales del 3% del PIB en los sectores verdes, de acuerdo con un estudio de la OCDE de 2022.

Adicionalmente, la transición hacia una economía verde conlleva la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes desde el punto de vista ambiental, lo que fomenta la innovación y la mejora de la competitividad de las empresas en el largo plazo. Sin embargo, Colombia puede enfrentar desafíos en este proceso.

Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE, explicó que la transición verde puede implicar un cambio radical para la industria petrolera, el transporte, la ganadería y la producción de alimentos, pues si bien son sectores que generan mucho empleo, también tienen altas emisiones de CO2. “En América Latina, estos sectores representan el 35% de la cuota total de empleo, con lo cual cualquier proceso de descarbonización es aún más complicado”, agrega el experto.

Por su parte, Baptista señala que es necesario que los empleos verdes no profundicen las desigualdades. Actualmente, menos del 25% de estos empleos son ocupados por mujeres en la región y la mayoría de los que son creados pueden estar en sectores dominados por hombres, como la energía eléctrica. Además, “los nuevos empleos pueden concentrarse en regiones geográficas diferentes a las de los empleos perdidos, lo que puede generar desequilibrios regionales en términos de oportunidades laborales”, asevera la especialista del BID.

Para abordar estos retos, Nieto explica que es necesario que cuando se hable de transición verde, también se aborde una transición energética, productiva y fiscal. Argumenta que “si no tenemos en cuenta esos tres mecanismos, no vamos a hacer que la transición verde sea un beneficio para el país”.

De acuerdo con el BID, el fomento de empleos verdes requiere de un enfoque integral que involucre la generación de información, la coordinación multisectorial, la colaboración entre el sector productivo y el sistema de formación, así como la implementación de servicios especializados en los servicios públicos de empleo. De este modo, se podrán maximizar los impactos positivos de la transición hacia una economía verde y garantizar una inserción laboral equitativa y sostenible.

Baptista hace énfasis en que “una transición verde y justa debe introducir políticas públicas de empleo y protección social dirigidas a reducir y compensar los impactos negativos, especialmente para los hogares de bajos ingresos. Debe también crear empleos de calidad, con beneficios y un salario suficiente para superar la pobreza. Esto requiere promover el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de servicios públicos de empleo para ayudar a las personas a acceder a estos puestos de trabajo”.

El aporte de las PyMes

Las regulaciones gubernamentales y las expectativas de los consumidores están impulsando a las empresas a seguir prácticas más responsables y sostenibles. Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia, señala que “las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de empleos verdes al adoptar estas prácticas en sus operaciones. De este modo, pueden posicionarse en sus sectores productivos y beneficiarse de las oportunidades emergentes en la economía verde”.

La adopción de prácticas sostenibles puede reducir los costos operativos mediante la disminución del consumo de recursos naturales y la mejora de la eficiencia energética. Así, por ejemplo, la implementación de medidas de conservación de energía y el uso de fuentes de energía renovable pueden resultar en ahorros significativos en las facturas de servicios públicos. Además, la reducción, reutilización y reciclaje de materiales pueden ayudar a minimizar los costos asociados con la gestión de residuos.

Además de los beneficios económicos, las empresas con empleos verdes pueden mejorar su reputación y atractivo para los consumidores conscientes del medio ambiente. Esto puede traducirse en un aumento de la lealtad del cliente y una mayor demanda de productos y servicios sostenibles. Adicionalmente, el trabajo con proveedores que fomenten prácticas ambientales responsables puede mejorar la cadena de suministro de la empresa y fortalecer las relaciones comerciales.

Habilidades para la materialización de oportunidades

Capitalizar estas oportunidades y asegurar que la transición sea inclusiva y justa representa un desafío para la política pública, tal y como lo señala Carolina González, especialista de la División de Mercados Laborales del BID. La transformación hacia una estructura productiva más sostenible conlleva cambios en la demanda relativa de ocupaciones y habilidades, lo que puede, por un lado, incrementar las oportunidades de empleo en sectores como energías renovables, economía circular y movilidad sostenible y, por otro, reducir la demanda laboral en sectores tradicionales e industrias con altas emisiones de carbono. Por lo tanto, para garantizar que las ganancias netas de esta reconfiguración sean positivas para la generación de empleo, que se creen oportunidades para las personas y se cuente con una oferta de trabajadores con el conocimiento especializado requerido, es fundamental articular las políticas ambientales y de transformación productiva con aquellas dirigidas fortalecer la formación de habilidades.

En esta línea, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el apoyo del BID, está trabajando en el diseño e implementación de estrategias para integrar la agenda climática en su oferta formativa. En concreto, en el marco de esta iniciativa se han diseñado y actualizado currículos de programas técnicos laborales en sectores estratégicos para las agendas climática y de reconversión productiva del país, como la energía fotovoltaica y el turismo sostenible. Además, se han realizado jornadas de capacitación destinadas a fortalecer las capacidades técnicas y pedagógicas de los instructores que impartirán estos programas en la región de la Amazonía, con un enfoque en la inclusión étnica y de género.