Los referendos son la mayor amenaza al derecho al aborto en Colombia

“No pueden someter los derechos de las personas a la voluntad de las mayorías, en las democracias funciona la participación, por supuesto, pero también debemos tener una salvaguarda para los derechos de grupos particulares que no se pueden someter al arbitrio de esas mayorías”. Esta explicación de la politóloga Sandra Borda Guzmán es uno de los ejes del libro Protegiendo el derecho a decidir: la batalla contra las iniciativas de referendo antiaborto, que fue publicado recientemente por la Universidad de los Andes y para el cual Borda contó con la colaboración de la plataforma Causa Justa y las organizaciones que la conforman: La mesa por la vida y la salud de las mujeres, las Siete Polas y Women’s Link Worldwide.

Esas organizaciones que la conforman, además de otras como Linterna verde y Politeia, han estado vigilantes de los ataques contra este derecho, que en Colombia está cristalizado en la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación. Según dice Borda, los intentos por retroceder no van a cesar. Recuerda que en algunos estados de Estados Unidos el aborto ha sido penalizado nuevamente y se han cerrado clínicas legales que lo practicaban. De acuerdo con la politóloga, aunque parecía un debate saldado en los años ochenta en ese país, en los últimos no solo se ha reabierto, sino que el derecho ha retrocedido.

La advertencia está clara en Colombia, afirma Laura Pedraza, abogada de incidencia política de La mesa por la vida y la salud de las mujeres. “Desde el movimiento Causa Justa nosotras tenemos una visión muy clara, la de proteger lo que hemos logrado, porque sabemos lo peligroso que puede llegar a ser un retroceso. Todas las organizaciones que estamos en el movimiento trabajamos en pro de proteger esa sentencia y de tratar de implementarla lo más que se pueda”. Las luchas no son pocas. Pedraza recuerda que en ese momento el Concejo de Bogotá estudia un proyecto que busca ponerle barreras a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en la capital.

El libro explica que “el desafío es balancear el deseo de la mayoría con la necesidad de evitar una tiranía por parte de esta y así proteger los derechos fundamentales de individuos o grupos de individuos”. En una democracia, agrega la publicación, “la voluntad de la mayoría debe convivir de forma armoniosa con los derechos fundamentales de cualquier grupo o individuo”.

Los intentos

El libro explica en detalle los intentos que ha habido por tumbar la sentencia de la Corte Constitucional. Pedraza explica por qué el referendo ha sido el mecanismo más usado: “permitiría mostrar el apoyo popular de la mayoría frente a la decisión de la Corte Constitucional, un apoyo definitivo para hacer creer que la sentencia está en contra del bien de la humanidad y que no tiene validez porque fue tomada por unos pocos.” Se refiere a tres propuestas.

Un primer intento fue el “Referendo por la vida”, presentado el 23 de febrero de 2022, un día después de publicarse la sentencia, por la entonces candidata al Senado Sara Castellanos con el respaldo de iglesias cristianas como la Misión Carismática Internacional, liderada por su padre César Castellanos. Aunque la iniciativa no mencionaba la palabra aborto, buscaba reformar el artículo 11 de la Constitución con el fin de establecer la protección del derecho a la vida desde la concepción. Finalmente, esta iniciativa no logró el número necesario de firmas para continuar con el proceso.

La segunda propuesta fue casi inmediata, cuando el 10 de mayo del 2022 miembros de los partidos de derecha Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres, lanzaron el llamado “Referendo ProVida”. La iniciativa buscaba reformar tres artículos de la Constitución, y postulaba la inexistencia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Al igual que en la iniciativa anterior, la Registraduría ni siquiera analizó los formularios entregados con firmas porque eran una cantidad inferior a la requerida y archivó la posibilidad.

El tercer envión fue la iniciativa presentada el 7 de julio de 2023 y liderada por la Fundación Familia y Nación. Era un listado de prohibiciones, como la de la supuesta “ideología de género”, la de la educación sexual impartida por personas distintas a los padres, las del cambio de sexo y género, la del aborto, la de la eutanasia, o la del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esta iniciativa tuvo tan poca fuerza que ni siquiera entregó firmas a la Registraduría.

Vacíos legales

La investigación consignada en el libro encontró que estos referendos aprovechan muchos puntos ciegos. Por ejemplo, para obtener información sobre ellos, las activistas tuvieron que presentar derechos de petición y tutelas, porque no les entregaban los datos en el Consejo Nacional Electoral, pese a que se trataba de información pública. Esto las llevó a cuestionar la transparencia de “los procesos político-electorales que involucran derechos fundamentales”.

El libro concluye que existen vacíos legales, y que estos “redundan en beneficio de quienes convocan, pero no de quienes se oponen a dicha convocatoria”. “Las respuestas de las instituciones políticas durante el proceso de control ciudadano a las iniciativas de referendo constitucional dejaron un ambiente de desazón y preocupación”, agrega. Por eso, según escribe Borda en la introducción, el libro es una herramienta útil para “el trabajo de otros grupos y movimientos enfrentados a la misma tarea de proteger el derecho al aborto y otros derechos fundamentales”.