Causa Justa denuncia irregularidades en la iniciativa de referendo antiaborto

Hace un año y medio, Colombia consiguió un avance histórico al despenalizar el aborto. La Corte Constitucional decidió que ninguna mujer pueda ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Casi en forma simultánea, un grupo de iglesias cristianas empezó a promover un referendo que pretende modificar el artículo 11 de la Constitución Política con el fin de hacer absoluto el derecho a la vida y que esta sea reconocida desde la concepción. Recogieron firmas, y ahora la Registraduría Nacional debe verificar la legitimidad de esos apoyos.

Una investigación del movimiento feminista Causa Justa denuncia por lo menos cinco irregularidades en el proceso, como fallas en los procedimientos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, la vulneración del principio de transparencia y el incumplimiento al derecho de acceso a la información por parte de los promotores del referendo. En audios y fotografías, Causa Justa documenta que algunas personas fueron invitadas a firmar bajo información engañosa y confusa.

Lo primero que llamó la atención de las feministas es que, a inicios de este año, el CNE haya dado tres meses más del plazo establecido para recoger las firmas. Los promotores del referendo antiaborto justificaron una solicitud de prórroga en las condiciones climáticas del fenómeno de La Niña. “Esa solicitud no cumplía los requisitos legales. No se identificó que se tratase de un evento de fuerza mayor”, asegura Juliana Martínez, secretaria técnica de Causa Justa.

Por esa razón, un grupo de abogados presentó una acción de nulidad contra esa prórroga. El CNE la rechazó al considerarla una decisión administrativa de trámite que no podía ser objeto de esa herramienta legal. Para el movimiento feminista que lideró la despenalización del aborto, esa decisión es un “precedente sobre la definición de la fuerza mayor en los procesos de recolección de firmas a partir de argumentos que son cuestionables y dejando las decisiones del CNE fuera del control judicial”. EL PAÍS consultó al CNE, pero al cierre de la edición no respondieron a este punto.

Además, Causa Justa denuncia que se vulneró el principio de transparencia en estos procesos. De un lado, porque la Registraduría tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor del referendo; de otro, porque el CNE no publicó en su página web la prórroga.

“Sumado a esto se evidencian contradicciones y engaños con la entrega de casi un millón de firmas a la Registraduría, de acuerdo con las afirmaciones del movimiento 180 que impulsa la iniciativa”, denuncia Causa Justa. Las pruebas, recogidas por ellas y conocidas por EL PAÍS, revelan que en marzo de 2023 el director del censo electoral de la Registraduría, Roberto Cadavid, negó que hubiesen sido entregadas las firmas recogidas hasta ese momento. Pero el 11 de agosto de este año se conoció que sí habían sido presentadas 901.875 y que la firma de Cadavid aparece en el acta de recibo fechada en septiembre de 2022, que todavía no se encuentra publicada.

“Como la página de la Registraduría no muestra nada, enviamos un derecho de petición a Cadavid, que hizo parte de la UTL [grupo de asesor parlamentario] del partido Mira [de origen cristiano] y él responde que no se hizo entrega de firmas. Nos preguntamos entonces, ¿quién custodia las firmas y asegura que no se sigan utilizando los formularios para recoger más?”, dice Martínez. En otras palabras, “constatamos que la Registraduría había brindado información falsa”.

Roberto Cadavid le respondió a EL PAÍS que la Registraduría “ha brindado y seguirá brindando transparencia a los procesos electorales” y que en la web será publicado el informe técnico de verificación de firmas. Sin embargo, no explicó por qué la diferencia en sus respuestas en los derechos de petición. Cuando EL PAÍS consultó a la Registraduría por esas inconsistencias, este sábado Cadavid le respondió al ciudadano que había enviado el derecho de petición que la Registraduría cometió una imprecisión. “Revisando el contenido de la información que se brindará en una entrevista, se evidenció una imprecisión en la respuesta dada al derecho de petición”, le escribió. Es decir, una vez más, Cadavid entregó una nueva versión de los hechos.

Firmas con información imprecisa

Según la web del referendo contra el aborto, que lidera la exconcejala cristiana de Bogotá Sara Castellanos, recogieron 2.700.000 firmas. Causa Justa denuncia también que, al jueves 24 de agosto, no se conoce de la entrega de los estados contables de la iniciativa, que debían ser presentados a más tardar el 16 de agosto. La Registraduría tampoco dio una respuesta contundente al respecto. Si bien aseguró que las iglesias promotoras entregaron el libro contable para su registro y el organismo se los devolvió para diligenciar los estados contables, no aclaró si finalmente los presentaron a tiempo. “Es preciso señalar que a la Dirección de Censo Electoral no se han allegado los mismos, así mismo (sic) esta dependencia ha oficiado a la oficina de archivo y correspondencia de esta entidad para que informen si han llegado o no los estados contables del comité promotor denominado ‘referendo por la vida’”, respondió Cadavid.

El movimiento encontró audios que muestran que algunas personas han sido invitadas a firmar con información que a su juicio es falsa o incompleta. Los promotores del referendo se suelen acercar a parques o espacios con niños, donde abordan a los padres y madres y les piden firmas asegurando que es una iniciativa para “que no aprueben el aborto”, “para que se les permita a los bebes nacer” o afirmando que “cuatro magistrados decidieron por toda Colombia que se podía matar los bebés inclusive hasta los 7 meses”. EL PAÍS también envió preguntas a los líderes del movimiento que promueve el referendo, pero tampoco respondieron.

Además de las irregularidades, Causa Justa alerta sobre el peligro de hacer uso de un mecanismo de participación ciudadana como un referendo para “limitar derechos fundamentales y atacar a grupos históricamente discriminados”, explica Martínez, la secretaria técnica del movimiento.

No es la primera vez que se intenta su uso para ir en contra del fallo de la Corte Constitucional. A comienzos de este año se cayó, por falta de firmas, el referendo que promovían las exsenadoras María del Rosario Guerra, Milla Romero y Esperanza Andrade y el excandidato presidencial John Milton Rodríguez. Con el que lidera la exconcejala Sara Castellanos comienza el proceso para verificar las firmas. El movimiento feminista asegura que el manejo de la Registraduría y el CNE ya genera dudas.

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