Transición climática sí, pero con la protección de los defensores ambientales

Para los miles de personas de todo el mundo que se reúnen esta semana en Belém (Brasil) para celebrar la COP30, una de sus prioridades debe ser la protección de los defensores del medio ambiente, que son fundamentales para hacer frente al cambio climático.

Hace siete años, los Estados de América Latina y el Caribe se unieron para aprobar el histórico Acuerdo de Escazú. Este tratado, jurídicamente vinculante, obliga a los Gobiernos a compartir las informaciones relacionadas con el medio ambiente, establece el derecho a un medio ambiente saludable y protege los derechos de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan a sus tierras, su salud y su sustento.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que garantiza la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales, que les garantiza un entorno seguro y toma medidas para protegerlos e investigar y perseguir los ataques contra ellos. El acuerdo fue posible gracias al impulso adquirido en los últimos años. Mi organización, Open Society Foundations, ayudó a la sociedad civil de la región a obtener una opinión consultiva muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que proclama el deber de los Estados de proteger a los defensores del medio ambiente.

Este año, la Corte Internacional de Justicia emitió su propio dictamen no vinculante, en el que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable, lo cual significa el reconocimiento implícito de los derechos de sus defensores. Además, ambas decisiones sientan las bases para exigir responsabilidades en caso de que se produzcan ataques. Por su parte, los Estados insulares del Pacífico Sur están presionando para que se reconozca el delito de ecocidio.

Hoy en día, defender el medio ambiente es un acto de valentía. Según Global Witness, el año pasado fueron asesinados 117 ecologistas y el 82 % de esos asesinatos tuvieron lugar en América Latina. De acuerdo con los datos más recientes, Colombia es el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, seguido de Guatemala, donde el número de asesinatos se ha cuadruplicado en un solo año. Nadie ha respondido por las agresiones, entre las que ha habido casos de acoso y detenciones.

En varios países, defender el medio ambiente se ha convertido en delito; es decir, una labor legítima y necesaria se ha vuelto ilegal. Se han aprobado normas para silenciar la libertad de expresión y reprimir las protestas. En algunos casos, las autoridades han recurrido a las leyes de seguridad nacional para tachar la defensa del medio ambiente de terrorismo. Los ataques contra el ecologismo, perpetrados tanto por bandas criminales como por las autoridades estatales, quedan impunes. En Colombia, por ejemplo, solo ha acabado en condena el 5 % de los asesinatos cometidos desde 2002.

La falta de exigencia de responsabilidades a los agresores está vinculada a la influencia que ejercen las industrias extractivas sobre los Gobiernos en su intento de perpetuar la destrucción del medio ambiente y los daños al planeta.

Hasta ahora, 28 países de la región han firmado el Acuerdo de Escazú, de los que 18 lo han ratificado. Pero esta es la parte más fácil. Es frecuente que los Estados firmen tratados por guardar las apariencias, sin ninguna intención de cumplirlos. Los estudios demuestran incluso que, a veces, un Gobierno utiliza esos acuerdos como tapadera mientras comete cada vez más fechorías.

La verdadera prueba es la puesta en práctica. Los Gobiernos deben cumplir sus compromisos y actuar más en consonancia con lo que prometen. Es alentador que cinco países, entre ellos Chile y México, hayan aprobado un plan nacional para aplicar el Acuerdo de Escazú.

La protección de los defensores del medio ambiente redunda en beneficio de los países de la región. Para empezar, por supuesto, en beneficio del propio medio ambiente. América Latina y el Caribe tienen bosques inmensos, entre ellos la Amazonía, a la que muchos denominan “el pulmón del planeta”. El Gobierno brasileño, que todavía no ha ratificado el tratado, ha tomado medidas importantes para detener la destrucción de las selvas tropicales que se permitió durante la presidencia de Bolsonaro. Debe proteger a quienes defienden el medio ambiente para poder llevar a cabo su agenda de acción climática.

Además, una estrategia para impedir los ataques contra los defensores del medio ambiente también mejorará la situación de seguridad en la región y protegerá a las mujeres y las comunidades frente a la violencia. Las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes y las comunidades rurales son quienes más sufren este tipo de ataques, que, por si fuera poco, agravan su marginación. Y, por último, una gestión ambiental sólida es, al mismo tiempo, una condición esencial para la estabilidad y el desarrollo sostenible.

En Open Society estamos comprometidos con esta labor. Dentro de una gran campaña emprendida con ocasión de la COP30, me enorgullece comunicar que vamos a invertir 2 millones de dólares en medidas para facilitar la puesta en práctica del Acuerdo de Escazú, en colaboración con la sociedad civil, los Gobiernos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas. Este dinero se suma al resto de nuestros compromisos, como las inversiones de impacto en apoyo de la transición energética en Brasil y el trabajo que se está llevando a cabo para crear nuevos modelos económicos que generen un crecimiento verde y sostenible.

A los Gobiernos les interesa proteger a los defensores del medio ambiente; y, cuando demuestren su voluntad de hacerlo, la sociedad civil estará a su lado para apoyarlos.