El Gobierno y el Congreso de Colombia premian a un procurador cercano a los políticos y castigan a una defensora del Pueblo independiente

El contraste entre el procurador y la defensora del Pueblo de Colombia, Gregorio Eljach e Iris Marín, fue notorio en las últimas semanas. El primero vivió días de júbilo. “Me embarga la emoción de registrar de nuevo que mi Senado de la República siempre vota estas iniciativas de tipo social”, dijo en agosto, cuando la Comisión Sexta aprobó la creación de una universidad bajo su control. Después, en cuestión de semanas, el Legislativo dio la aprobación final al proyecto, avaló una conmemoración millonaria y amplió el presupuesto de la entidad en 600.000 millones de pesos (unos 160 millones de dólares). La defensora, en tanto, tuvo días de enojo y frustración. “La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante”, declaró el martes, unos días antes de que el Legislativo le recortara 60.000 millones de pesos (alrededor de 15 millones de dólares). El premio y el castigo coinciden con dos perfiles opuestos: un procurador cercano a los políticos, una defensora que los critica a menudo.

Eljach fue secretario del Senado durante 12 años y llegó a la Procuraduría en enero, tras ser ternado por el presidente Gustavo Petro y respaldado por una mayoría abrumadora de la cámara alta. No oculta su cercanía con la clase política. “Me siento en mi casa. He descubierto que, de todos los procuradores que ha tenido Colombia desde épocas remotas, he sido el único que ha tenido el privilegio y el buen destino de aprender a caminar en política con ustedes”, comentó en la sesión de la Comisión Sexta. “No puedo darle la espalda a la historia: a mí me postuló el presidente Petro y me eligió la plenaria del Senado de forma más que generosa. Por eso vendré aquí cuántas veces sea necesario a pedir el apoyo de ustedes, o a brindar el apoyo que se pide. Es un vínculo inescindible”, añadió.

El Legislativo le ha correspondido su afecto con un trato preferencial: mientras cientos de proyectos acumulan polvo, la creación de una universidad para la Procuraduría pasó sus cuatro debates en solo dos meses. El senador Guido Echeverry, de la centrista Alianza Verde, señala por teléfono que él advirtió en la plenaria que había que mirar el articulado “con más detenimiento”, pero que no le hicieron caso. Para el congresista, es evidente que la universidad es “un sinsentido”, sobre todo en un contexto de crisis fiscal: señala que ya hay más de 400 facultades de Derecho en las que pueden estudiar los funcionarios de la Procuraduría y que el texto viola la autonomía universitaria, al permitir que el procurador designe al primer rector. “Eljach fue secretario mucho tiempo y eso le dio amistades, afecto, cercanía, gratitudes. Muchos seguramente votaron por la iniciativa porque era de él, porque deben pensar que actúa de la mejor buena fe. Pero mis razonamientos son técnicos, fiscales”, apunta.

Marín, en cambio, es ajena a la clase política: hizo parte de varias oenegés especializadas en Derecho y se desempeñaba como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional antes de llegar a la Defensoría. Aunque se movió rápido para recabar apoyos en la Cámara de Representantes tras ser ternada por Petro, su candidatura surgió a partir de una propuesta de organizaciones defensoras de derechos humanos. Para la representante Jennifer Pedraza, esta distancia con los políticos le ha pasado factura. “Rompió con la cultura clientelar, no les entrega cuotas. Y por eso ha salido pagando los platos rotos”, afirma en una conversación telefónica. Según ella, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue determinante en las diferencias de los presupuestos: “Fue senador y es muy cercano a Eljach. Con Marín, en cambio, hay una confrontación”.

La congresista considera que “la responsabilidad principal” del recorte de la Defensoría es del Gobierno, pero que el Congreso no “dio la pelea” para frenarlo. “El Ejecutivo tiene un control altísimo sobre el presupuesto: es quien avala o veta las proposiciones que podamos hacer para modificar el proyecto”, explica. “Pero nosotros debimos habernos parado en la raya, haber dicho que no aprobábamos el presupuesto si no había un incremento en los recursos de la Defensoría”, añade. Considera que era especialmente importante en un contexto de “recrudecimiento del conflicto armado” y de amenazas al proceso electoral de 2026, que la Defensoría ya ha avisado que no podrá monitorear adecuadamente. “Hay un castigo a la independencia de la defensora, y un aval y empujón a la Procuraduría de Eljach”, concluye.

Más allá de la cercanía con la clase política, la valoración sobre la independencia de cada funcionario también tiene algunas diferencias. Aunque la Procuraduría ha abierto investigaciones contra el ministro de Justicia y denunciado un convenio de producción de pasaportes de la Cancillería, Eljach ha mantenido cierta cautela en sus críticas a Petro. “El presidente está protegido por un fuero constitucional. Entonces tengo que ser juicioso en lo que pueda decir o hacer. Su conducta no está en el ámbito de la competencia del procurador”, dijo en una entrevista con W Radio. Marín, en cambio, ha consolidado su reputación como alguien independiente de quien la ternó: cuestionó al mandatario por referirse a algunas periodistas mujeres como “muñecas de la mafia”; expresó su rechazo a que nombrara a Benedetti, señalado de violencia machista; lo criticó por invitar a líderes criminales con los que negocia a un acto en Medellín.

Laura Wills, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes y directora de la iniciativa Congreso Visible, añade otra posible motivación para el trato diferencial. “La Procuraduría tiene mucho poder sobre el Congreso porque los congresistas y sus aliados están sometidos a sus procesos de vigilancia. Entonces, ¿quién va a desobedecer al procurador? Les preocupa que, si lo hacen, pueda ponerles el ojo encima”, apunta por teléfono.

Para la politóloga, todo esto tiene efectos nocivos sobre la democracia y la independencia de los poderes. Cuestiona “la falta de debates a profundidad”, de las cuales la universidad de la Procuraduría es solo un ejemplo. “No debería ocurrir un trámite sin discusiones sustantivas, sobre todo de iniciativas que son de relevancia nacional, que tienen un presupuesto involucrado”, subraya.