El Gobierno de Petro y la Defensoría del Pueblo difieren en el nivel de riesgo para las próximas elecciones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, tienen cifras distintas y lejanas sobre el nivel de riesgo que padece Colombia para las próximas elecciones de 2025 y 2026.

Este lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó un informe que muestra el riesgo solo en 104 municipios. “Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca”, dijo el ministro. Benedetti aprovechó el diálogo con los medios de comunicación para criticar a la defensora del pueblo por un mapa de riesgos que aún no se había hecho público: “La Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”. Un mensaje envenenado, pues Marín fue ternada por el presidente Petro pero ha demostrado su independencia desde que llegó al cargo en 2024.

La defensora explicó el lunes, en diálogo con EL PAÍS, que el documento electoral no se había expedido aún y que no entendía a qué se refería el ministro en sus declaraciones. Sin embargo, en la mañana del martes reveló el mapa de alertas tempranas que establece un nivel de riesgo grave en muchos más municipios que los diagnosticados por el Gobierno. De acuerdo con el documento de la Defensoría, construido con el trabajo y la investigación en terreno de más de 100 funcionarios en las distintas regiones del país, hay 62 municipios que requieren atención inmediata, 162 con llamado a atención urgente y 425 con llamado a acción prioritaria. Un total de 649 municipios con un nivel alto de riesgo electoral. Hay, además, 216 municipios que necesitan observación permanente y 257 con un llamado de acción ordinaria.

El choque de cifras se da en medio de un ambiente tenso por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, los atentados frecuentes contra líderes políticos regionales y la reciente amenaza contra la campaña del precandidato presidencial Mauricio Lizcano, quien denunció que este lunes llegó un sufragio a su sede de campaña en Manizales con una amenaza contra la vida de su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano. El presidente Petro escribió un mensaje en su cuenta de X para tratar de cerrar la discusión: “Buscaré que ningún municipio quede en riesgo en elecciones”.

El informe de la Defensoría establece los riesgos para todos los procesos electorales que habrá en los próximos meses: concejos de juventud en octubre, consultas interpartidistas y Congreso de la República, en marzo, y la primera y segunda vuelta presidencial, en mayo y junio. Durante la presentación, Iris Marín aseguró que la prioridad del informe, más allá de identificar los lugares más críticos, es emitir recomendaciones concretas para que las entidades del Estado actúen y reduzcan los niveles de riesgo.

“Buscamos la acción coordinada de la institucionalidad que garantice la protección de los derechos políticos y la vida de las personas antes, durante y después de las elecciones 2025-2026″, dijo Marín. “Este documento consta de 20 recomendaciones enfocadas en seis ejes temáticos, con especial énfasis en la prevención y protección. Es necesario blindar el proceso electoral con un esquema integral y medible de prevención y protección que priorice los territorios más afectados y brinde medidas diferenciales a candidatos y candidatas, juventudes, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como a funcionarios, servidores públicos y sus familias”.

La defensora le contestó al ministro Benedetti en un tono más conciliador: “El mapa que presentamos es expedido por el sistema de alertas tempranas, que se realiza desde hace 10 años. Usamos una metodología reconocida y sólida. Yo soy solo la vocera del trabajo de más de 100 personas en los territorios”, dijo Marín. Y añadió: “Me gustaría que el Ministro Benedetti asistiera al comité de respuesta rápida a las alertas para poder explicarle cómo hicimos el informe”.

A pesar de las diferencias, el Gobierno y la Defensoría coinciden en algunas de las zonas más criticas para las próximas elecciones. Así quedó claro en una reunión de este martes al medio día de la Comisión de Seguimiento electoral, liderada por el registrador Hernán Penagos, a la que asistieron la defensora Marín y el ministro Benedetti. Allí se trabajó especialmente en los 62 municipios que tienen riesgo grave para las próximas elecciones, la mayoría ubicados en Norte de Santander, Putumayo, Arauca, Cauca, Nariño, Chocó y en el sur del Valle del Cauca. Al final del encuentro, el registrador aseguró que, pesar de las alertas, no van a suspender o aplazar las elecciones. La campaña sigue.