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La descertificación de Colombia en la lucha antidrogas exacerba la puja por la relación con Estados Unidos

Varios dirigentes de derechas se suman a los señalamientos de Washington contra Petro. Los aliados del mandatario de izquierdas responden que el país norteamericano debe asumir sus propias responsabilidades

Miembros del EMC hacen un retén cerca a un campo de coca, en el cañón del Micay, el 14 de agosto.
Lucas Reynoso

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar a Colombia en su lucha antidrogas, un gesto que desaprueba el desempeño de Bogotá en el asunto, ha producido todo tipo de repercusiones políticas. Los republicanos del país norteamericano y los dirigentes de derechas en Colombia se han unido en un coro de críticas al presidente Gustavo Petro, a quien acusan de haber fomentado el crecimiento de los cárteles. El Ejecutivo de izquierdas y sus aliados, por su parte, han salido a cuestionar la decisión y a pedir que Estados Unidos asuma sus propias responsabilidades en el fracaso de la lucha antidrogas. En el medio han quedado algunos dirigentes críticos de Petro, pero que lo han apoyado en sus cuestionamientos a Washington.

El tono del Gobierno de Donald Trump no ha dejado lugar a dudas sobre la creciente tensión que refleja la descertificación, más significativa que los efectos prácticos en la lucha contra las drogas, pues las sanciones se pueden suspender por razones de interés nacional de Estados Unidos y las decisiones concretas siguen pendientes. “Colombia ha sido un gran aliado, pero, desafortunadamente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen socio en la lucha contra los cárteles”, ha declarado este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de emprender una visita a Israel. “Pueden cambiar. Pueden ser más colaborativos”, ha agregado.

Algunos congresistas republicanos se han sumado a las críticas contra Petro. María Elvira Salazar, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, ha señalado que la descertificación “es un llamado urgente” al Gobierno de Colombia para que deje de “sabotear” la lucha contra las drogas. “El aumento descontrolado en los cultivos de coca es inaceptable y una amenaza directa a la seguridad de toda la región. Petro debe mostrar resultados reales, no excusas”, ha comentado en X. Su colega Mario Díaz-Balart ha sido aún más crítico: “El presidente Petro está causando mucho daño a la relación entre Estados Unidos y Colombia. La decisión sobre si quiere mantener esa relación tan especial depende exclusivamente del señor Petro”.

Una parte de la oposición colombiana se ha sumado a estas críticas. El expresidente de derechas Iván Duque (2018-2022) ha señalado que “el Gobierno Petro ha sido un Gobierno connivente y que le ha dado todo el impulso a la criminalidad a partir de sus políticas equivocadas”. “Necesitamos un gran consenso para volver a tener fumigación en áreas de alta concentración de cultivos”, ha subrayado, sin mencionar que estas políticas fracasaron y que la primera Administración de Trump (2017-2021) también lo amenazó con descertificarlo. Asimismo, el senador conservador y precandidato presidencial Efraín Cepeda ha lamentado que el país se sume “deshonrosamente ” a una lista que incluye a Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar. “Realmente, ese embeleco de la paz total, con los ceses al fuego, que han permitido el incremento de los cultivos de coca, es lo que nos ha llevado después de 28 años [de certificación] a esta vergüenza”, ha declarado.

El Gobierno colombiano, por su parte, ha expresado su rechazo a la decisión de Estados Unidos. El presidente Petro aseguró en la noche del lunes, durante un Consejo de Ministros, que la medida refleja una doble vara respecto a las administraciones anteriores. “Nos descertifican después de que somos los que más incautamos cocaína (...). Y esos políticos, los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos”. dijo. La canciller, Rosa Villavicencio, ha lamentado la decisión en un mensaje publicado en X en la mañana de este martes. “Negar la certificación plena no castiga a los criminales; les abre espacio. No fortalece la cooperación; la debilita. Y no refuerza la confianza; la erosiona”, ha declarado.

Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial en el petrismo, ha criticado en términos aún más fuertes al Gobierno de Trump. “La descertificación refleja la doble moral de las potencias frente a un problema global. Mientras el consumo de drogas sigue creciendo [en Estados Unidos] (...), Colombia continúa pagando el precio más alto: miles de vidas perdidas y millones de recursos públicos dilapidados”, ha comentado. “Se nos señala como culpables de un fracaso cuyo mayor responsable ha sido precisamente quien diseñó e impuso esta estrategia. Es hora de que Estados Unidos asuma su responsabilidad en esta guerra fallida”.

Algunos dirigentes críticos con el Gobierno de Petro han respaldado al Ejecutivo en este nuevo capítulo de tensiones con la Administración Trump. Jorge Robledo, exsenador de izquierdas, ha comentado en sus redes sociales que “los cultivos tienen origen en el gran consumo de cocaína en las calles de Estados Unidos -y de otros países-”. “Un kilo cuesta 5 millones de pesos en Colombia [unos 1.300 dólares] y se vende en 97 millones [alrededor de 25.000 dólares] en las calles de Estados Unidos”, ha subrayado. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, ha señalado cómo “nadie hace nada para evitar” estas dinámicas en Estados Unidos. “Aliado de Colombia es el que compra los productos legales, no la cocaína para consumírsela”, ha enfatizado. También ha responsabilizado a Washington por las tensiones que aumentan desde hace meses, en varios frentes: “Aliado no el que nos impone aranceles a nuestros productos legales mientras consume cocaína y además expulsa y humilla a nuestra gente”.

Ernesto Samper, el único expresidente (1994-1998) que enfrentó una descertificación por parte de Estados Unidos, ha llamado a la calma. “No es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro. Y de volver a exigir a los países consumidores, como Estados Unidos y muchos de Europa, que cumplan su compromiso de reducir la demanda”, ha expresado en un comunicado. Ha lamentado, sin embargo, las motivaciones que encuentra detrás de la decisión: “Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos e institucionales, lo descertifican cada vez que el Gobierno de Colombia aparece como ‘enemigo’ del Gobierno de Estados Unidos”.

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Sobre la firma

Lucas Reynoso
Es periodista de EL PAÍS en la redacción de Bogotá.
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