El Ministerio de Igualdad suma dos denuncias por acoso sexual desatendidas sin un protocolo para enfrentarlas

En el Ministerio de Igualdad, la cartera con vocación feminista creada y liderada durante un año y medio por la vicepresidenta Francia Márquez, no hay un protocolo para atender las violencias basadas en género. Esa falencia ha afectado a dos funcionarias que han hecho denuncias de acoso sexual allí, y que se han sentido desatendidas: en febrero de este año fue Sandra Cobos, quien señaló al viceministro de Pueblos Étnicos. Ahora EL PAÍS revela la acusación de Wendy Sogamoso contra un funcionario de comunicaciones.

El documento de la denuncia tiene fecha del 19 de noviembre. En él, Sogamoso relata al comité de convivencia del Ministerio de la Igualdad y a la Procuraduría General de la Nación hechos ocurridos en septiembre de 2024, cuando era secretaria ejecutiva del Viceministerio de Juventudes. Meses más tarde, relata en un café en el centro de Bogotá lo que ocurrió el año pasado. Dice que ahora hay dos cosas que la blindan para hablar: ya no trabaja en el ministerio y se conoció la denuncia de Cobos. “Cuando una se da cuenta de que no fue la única, se llena de fuerza para hablar, porque hay sistematicidad”, dice.

Sogamoso elevó el caso al comité de convivencia porque el ministerio es el único que no ha implementado un protocolo para tratar violencias basadas en género. La viceministra de la Mujer, Tamara Ospina, reconoce la contradicción de que la cartera que se encarga de las políticas públicas de género, no haya ejecutado la directiva presidencial de marzo de 2023, hace dos años, que dio tres meses a las entidades del Ejecutivo para crear esos protocolos. “Paradójicamente, ha sido difícil implementarlo en el ministerio. ‘En casa de herrero, cuchara de palo’”, dice, y resalta que su viceministerio ha dado acompañamiento técnico a varias entidades en la creación de estos protocolos. En el caso de su cartera, dice, también ha liderado el proceso de construcción del documento y en varias reuniones ha sido enfática en la necesidad de implementarlo.

Sin embargo, no depende de ella. Afirma que “no ha sido prioridad”, para la secretaría general, que ha asumido otras tareas en la creación del ministerio. Resalta que el documento está listo, y que solo falta que se emita la resolución para adoptar el protocolo. Ante la falencia, Ospina ha acompañado y documentado los casos de su cartera. La oficina de comunicaciones ha dicho que esperan que el protocolo esté listo el próximo 8 de mayo.

En su denuncia, Sogamoso cuenta que, un día laboral de septiembre, llegó a almorzar en las mesas de cocina del piso 19 de la entidad. Bermúdez estaba en una mesa contigua, se levantó de su lugar y se ubicó frente a ella. No se conocían. Ella tenía puestos audífonos, dice, y no quería hablar con nadie. “Interrumpió mi privacidad golpeando sobre la mesa para hacerse visible y sonoro”, escribió. Narra que él comenzó a golpear la mesa con sus puños para llamar su atención. Ella lo ignoró, y él comenzó a hacerle preguntas que la hicieron sentir incómoda. “¿Cómo te llamas?”, “Muchachita bonita, ¿de dónde eres?”. Según ella, aunque no levantó la mirada ni se quitó los audífonos, las preguntas continuaron. “Me lanzó miradas de acoso, yo me sentía muy incómoda y comí rápido para pararme e irme”, narra.

Sogamoso relata que otras mujeres que estaban presentes en la mesa le sugirieron a Bermúdez sentarse al lado de Wendy para “entablar mejor” la conversación. Ella escuchó su respuesta: “No me hago al lado de ella porque conmigo corre peligro”. Sogamoso se fue, y buscó a otras compañeras. Dos de ellas le manifestaron haberse sentido acosadas por él. “La vez pasada nos quitó el celular como a querer jugar con nosotras, a no devolvérnoslo”, le dijo otra trabajadora del viceministerio de Juventudes. “A otra compañera le tomó una foto sin su consentimiento”, cuenta Sogamoso, sin mencionar nombres. Las dos mujeres temen perder su trabajo si denuncian. “Ellas son contratistas mientras él es funcionario de planta. Él tiene una posición de poder”, añade.

Sogamoso pidió asesoría a la viceministra de la Mujer. Cuenta que Ospina designó a alguien de su equipo para orientarla y le sugirió interponer una denuncia pidiendo la reserva de su identidad, para evitar que no afectara su trabajo. La viceministra reconoce que la entidad pudo tramitar el caso de mejor manera. “La entidad sí debió garantizar y proteger el derecho al trabajo”, afirma. La denunciante suma que el comité de convivencia, que no está pensado para las violencias basadas en género, hizo público su nombre en un correo que envió a Bermúdez y sus superiores, pese a su solicitud de mantenerlo en reserva.

“Dos semanas después de que abrí el proceso por acoso sexual, llegó un correo en el que nos citaban a un espacio de conciliación”, relata Sogamoso, quien había dicho explícitamente en su denuncia que no estaba dispuesta a sentarse en un mismo espacio con Bermúdez para contraponer versiones. Le parecía revictimizante. Por eso, se negó a asistir a la citación. La viceministra Ospina explica lo ocurrido. “Los comités de convivencia están diseñados para conciliar, pero ningún delito de violencia basada en género es conciliable: ni la violencia ni el acoso sexual”, cuenta. Reafirma que ese careo era revictimizante. Ante la negativa de Sogamoso, el comité los citó a sesiones individuales el 23 de diciembre. Pero Bermúdez hizo llegar una excusa. “Escribió que no podía ir porque tenía un viaje de comisión de la oficina”, cuenta ella, quien había confirmado su asistencia. El comité canceló todas las reuniones, y el caso se estancó.

En diciembre, Sogamoso notificó al departamento de recursos humanos sobre su incomodidad de trabajar en el mismo piso de Bermúdez, y pidió permiso para teletrabajar mientras se resolvía el caso. “Le dije a la directora de recursos humanos, casi llorando, que no soportaba encontrármelo. ‘Pues cámbiate de piso, hazte al lado mío, como te lo puedes encontrar aquí, te lo puedes encontrar en un centro comercial o en la calle’, me respondió”, afirma. También le ofrecieron adelantar su semana de descanso de diciembre al primer turno ofrecido, del 21 al 30 de ese mes.

Para ese momento, Sogamoso ya había presentado su renuncia protocolaria. Era funcionaria de libre nombramiento y remoción, y asumió que saldría junto con su jefe, el viceministro Gareth Sella, quien renunció a fines de octubre. Ella esperaba que el comité reprogramara la sesión antes del descanso de fin de año, pero la citación nunca llegó. El 4 de enero, en cambio, recibió la carta de aceptación de su renuncia. Había pasado mes y medio sin avance alguno. “Sabían que tenía que irme y postergaron el proceso hasta mi salida”, dice. La falta de protocolo demoró todo.

Desde la jefatura de comunicaciones respondieron que la sesión de escucha a Bermúdez se realizó el 21 de febrero, cuando Wendy Sogamoso ya no estaba vinculada a la entidad. Las trabas que ella enfrentó son similares a las que contó Sandra Cobos tras su denuncia contra Nelson Lemus, entonces viceministro de Pueblos Étnicos. En febrero pasado, narró a El Espectador que en recursos humanos le dijeron que el conducto pasaba por el comité de convivencia, donde debía sentarse a conciliar con el presunto acosador. Cobos renunció antes de que el proceso interno surtiera algún efecto.

La oficina de prensa del ministerio confirma que el proceso contra Bermúdez quedó en manos de la Procuraduría. “Hemos hecho seguimiento del proceso sin tomar, decisiones sobre la vinculación en protección del debido proceso y a la espera del fallo de la entidad competente, a quienes hemos solicitado información sobre el estado de la actuación disciplinaria”. También explican que el comité de convivencia, aunque asumió el proceso, no tiene competencia para llevar un caso por acoso sexual. Bermúdez, por su parte, explica que no puede hablar del caso porque el comité “me exige confidencialidad para garantizar protección de la identidad de la presunta víctima”.