El final de la tregua entre Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura agrava la crisis de la paz total

Los Shottas y Los Espartanos, las dos bandas criminales que dominan la ciudad portuaria de Buenaventura, han roto la tregua que habían acordado en agosto de 2023. La delegación del Gobierno en la mesa de negociaciones explica que los dos grupos estuvieron detrás de gran parte de los 17 homicidios registrados en enero. Ahora, han dejado pasar el plazo para renovar el acuerdo de no agresión —vencía este miércoles—. Solo se han pronunciado Los Shottas: se comprometieron a un cese al fuego unilateral, pero enfatizaron que defenderán “con firmeza” sus zonas de influencia si sus rivales los atacan. Mientras tanto, el temor es evidente en la ciudad. Algunas personas han abandonado sus hogares y las autoridades han empezado a ultimar planes de contención.

Hay diferentes versiones sobre las causas del rompimiento. Una de ellas es que, en dos años de proceso, no se ha establecido un marco jurídico y no se han suspendido las órdenes de captura de los cabecillas para incentivarlos a participar. Un facilitador de los diálogos, que prefiere mantener su identidad bajo reserva, asegura por teléfono que las bandas se han cansado de esperar y se quejan de la falta de un “interés real” de parte del Ejecutivo. Señalan, por ejemplo, que el comisionado para la Paz, Otty Patiño, solo ha visitado el puerto una vez desde que tomó posesión, en noviembre de 2023. “Dicen que el Gobierno les pone más cuidado mientras haya más conflicto, que no les conviene la paz”, comenta. Justamente, la justicia dictó hace unas semanas una orden de captura contra el vocero de Los Espartanos por un delito cometido antes del proceso, lo que llevó a que el grupo se levantara de la mesa. El jefe ha pedido que lo saquen de prisión para asumir la interlocución con el Ejecutivo, pero allí sigue.

El delegado del Gobierno en los diálogos, Fabio Cardozo, niega la posibilidad de la ruptura de la tregua como forma de presión. “No quiero creer que esta estela de muerte es para presionar al Gobierno. Si es así, es un pésimo camino. No podemos someternos a semejante chantaje”, señala por teléfono. Confirma que el jefe de Los Espartanos pidió que se levante la orden de captura, pero enfatiza que fue después de la escalada de violencia de hace dos semanas. Cree, entonces, que hay otras razones para las hostilidades. Dice que no sabe a ciencia cierta, pero que seguramente tienen que ver con la disputa territorial por las rentas criminales y con tensiones que solo las bandas conocen. Confía en evitar un escalamiento y en que la Consejería para la Paz envíe una solicitud a la Fiscalía para levantar la orden de captura en cuestión. Mientras, hace un llamado a los jefes de las estructuras “para evitar un mayor castigo a las comunidades”.

Más allá de las causas, la situación ya genera preocupación en la población. Leonard Rentería, líder social en Buenaventura, comenta que los 17 homicidios de enero han ocurrido en zonas en disputa entre las bandas, y que la población ha notado el contraste con los 76 asesinatos de todo 2024. Dice saber de personas que están abandonando los territorios ante la violencia. “Muchos jóvenes empiezan a ser señalados por las estructuras ilegales de que están haciendo de informantes”, afirma. También apunta que las familias están reportando desapariciones forzadas y que vuelve a haber fronteras invisibles. Algo similar señala Linda Posso, coordinadora de la oficina de la Fundación Pares para el Pacífico: “Hace dos semanas se reportaron patrullajes de hombres armados al interior de los barrios. Luego no se volvió a reportar. Pero no sabemos qué pueda pasar”.

El futuro del proceso

El de Buenaventura fue uno de los procesos que despertó más expectativas en la paz total, la política del Gobierno de Gustavo Petro de negociar en simultáneo con todos los grupos ilegales para pacificar el país. La antropóloga y experta en crimen organizado Inge Helena Valencia comenta por teléfono que, con sus contrapartes en Medellín y Quibdó, fue novedoso porque expandió los diálogos a contextos urbanos, donde las estructuras no se reconocen como políticas. Puso el foco en bandas mayormente compuestas por jóvenes locales que padecen la exclusión. “Buenaventura tiene el puerto más importante del país, con indicadores económicos importantísimos, pero en los alrededores ves condiciones de pobreza extrema. Es un monumento a la desigualdad”, enfatiza la directora de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Icesi.

Pese a esa ilusión, los expertos coinciden en que el proceso se estancó porque no se han podido sortear los obstáculos jurídicos. El Congreso nunca aprobó una ley que le otorgue un marco legal de esas mesas, con aspectos como la reducción de penas para quienes cooperen con los procesos, la dejación de armas y los mecanismos de reparación a las víctimas. El ex fiscal general Francisco Barbosa se negó durante meses a levantar las órdenes de captura de los voceros, señalando esa falta de una normativa. Tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía, se avanzó en el levantamiento de las órdenes de captura de grupos como el Clan del Golfo, pero no en las de Los Shottas y Los Espartanos. Posso, de Pares, resume: “Aunque haya una nueva tregua, ¿qué esperamos a finales de este año? ¿10 renovaciones pactadas?”.

Cardozo, por su parte, enfatiza que las dos bandas le han manifestado que mantendrán su compromiso con el proceso. “La tregua es una decisión de los grupos armados que compromete la tranquilidad de la población, pero no el proceso de diálogo”, afirma. Para él, la prioridad a largo plazo debe ser acordar “una tregua con el pueblo” —no solo entre los armados— y un desescalamiento general, en el que asegura que ha habido avances como el compromiso de no utilizar niños en actividades delictivas.

Otros delitos

Las actividades delictivas de las bandas se mantuvieron en estos años. Rentería señala que hay un subregistro en las extorsiones. “La policía anunció que bajaron el año pasado, pero es una voz institucional. El comerciante de a pie manifiesta que sigue siendo una situación permanente”, dice. Cuenta también que “se escucha mucho” en las comunidades sobre reclutamiento de niños y casos de coacción para colaborar en hechos puntuales. Posso, en tanto, subraya que “no hay que romantizar” la tregua. “Ha facilitado también la movilización de la economía ilícita. No digo que haya permisividad por parte de las autoridades, pero no es lo mismo movilizar un cargamento en medio de confrontaciones con otro grupo que hacerlo en tranquilidad”, señala.

Cardozo concuerda: dice que está “absolutamente convencido” de que se fortalecieron las actividades criminales. “Facilitó que las autoridades bajen los brazos. La policía incluso los llama [a los criminales] para ver si habrá tregua. Les pregunto si tienen un plan de contingencia por si no la hay, y me responden que no existe”, cuenta. En cambio, la fuente que prefiere mantener el anonimato considera que la relativa calma de estos años se debió a que la fuerza pública estuvo presente: “Las bandas se quedan quietas cuando hay acción del Estado. No se enfrentan a la Policía, le huyen”.