Carolina Isaza, investigadora de la corrupción: “Los hechos del caso contra la campaña de Petro son similares a los de Gobiernos anteriores”

Carolina Isaza, en sus 12 años de trabajo en la Universidad Externado de Bogotá, llegó a coordinar el estudio académico más completo a día de hoy sobre la corrupción en Colombia. Si escándalos como el proceso 8.000, a mediados de los noventa, el caso de Agroingreso Seguro (2009), o la quiebra de Electricaribe (2017) habían producido tanta indignación en el país, era hora de reconducir los estudios y tratar de llegar al epicentro del asunto. Luego de dos años de trabajo se publicaron los cuatro tomos de Corrupción en Colombia (2018) y desde entonces, como se sabe, las tramas se siguen reproduciendo. No importa el Gobierno de turno: los capítulos de Centros Poblados, en 2021, y de la UNGRD, este año, dan buena cuenta de ello.

El más reciente escándalo se centra en la investigación contra el presidente Petro y su coalición de izquierdas por la posible financiación irregular y violación de los topes de campaña durante las presidenciales de 2022. Isaza (Bogotá, 45 años), doctora en Gobierno y Administración Pública, no detecta novedad alguna en las piezas de este nuevo rompecabezas. Asegura que es un proceso que se repite y que, salvo la discusión jurídica sobre las competencias del Consejo Nacional Electoral, el fondo no varía frente a lo que ha sucedido en otros Gobiernos.

Con timidez admite, en una mañana lluviosa en un café de Bogotá, que no acaba de acostumbrarse a las entrevistas. Tras haber dejado las aulas del Externado, confiesa que también ha decidido abandonar sus investigaciones sobre la corrupción porque se siente decepcionada frente a un fenómeno sin freno: “El problema, en el fondo, tiene que ver con una lógica económica muy fuerte. La transacción que se establece entre dos partes en general incluye a un actor privado. Sin embargo, la justicia ha puesto el foco sobre la administración pública casi siempre”.

Ese es su primer diagnóstico para entender la corrupción electoral. “Los donantes aportan dinero con la expectativa de recibir algo a cambio. Allí no hay ideología que valga. Y en Colombia algunos de los grandes grupos empresariales aportan recursos a todos los candidatos por igual para asegurarse de que el que gane los tenga en cuenta, o favorezca sus intereses cuando llegue al poder”.

Pregunta: El escándalo de la campaña de Petro potencia la percepción de que Colombia es un país muy corrupto: ¿qué dicen los indicadores internacionales?

Respuesta: Los medios juegan un papel fundamental. Todos los años seguimos el mismo patrón: la prensa destapa una trama, la indignación se generaliza, la justicia abre sus investigaciones y luego todo se olvida y la gente pasa a otra cosa. Pero las valoraciones del Índice de Percepción de Transparencia Internacional sobre Colombia no han variado desde hace dos décadas, cuando se empezó a medir [en el más reciente ocupa el puesto 87 entre 180 países]. Fluctuamos entre los 35 y los 40 puntos sobre 100, sin cambios significativos. Si nos comparamos con los vecinos de la región, tampoco somos los peores. Mucho más que pensar en que los colombianos somos un país corrupto por naturaleza, prefiero analizar los incentivos del sistema político y económico para que las personas tomen la decisión de cometer actos corruptos.

P. ¿El impulso del poder económico ha desdibujado el proceso electoral?

R. Es el origen de la corrupción política. Financiar una campaña es muy costoso. Muchos políticos en Colombia, y en otros países, buscan apoyos y alianzas que, en principio, van en contra del espíritu de la democracia, del bien común. Además, las normas que regulan las campañas tienen muchas falencias y, a pesar de que establecen unos topes, los mecanismos para fiscalizar las cuentas no son efectivos ni del todo transparentes.

P. Esos pactos preelectorales se refrendan con favores legislativos que se materializan en obras y contratos, por ejemplo…

R. Esto se ve muy claro en las alianzas regionales para ir al Congreso. Sobre todo en la Cámara de Representantes, donde los parlamentarios representan a sus departamentos, por los que se eligen. La presión sobre estos congresistas es enorme porque deben procurar recursos para sus territorios pero también, que es cuando suelen caer en casos de corrupción, favorecer los intereses de individuos que los apoyaron en sus campañas. Esa expectativa de retorno es la que pervierte el proceso democrático. Esto fue denominado ‘mermelada’ en el Gobierno de Juan Manuel Santos, o cupos indicativos antes. Es algo que se ha hecho en todos los Gobiernos.

P. ¿Dónde encuadra la investigación contra el representante David Racero por supuestas irregularidades en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)?

R. Es otro caso típico. Se utilizan los cupos de las UTL, que deberían ser parte de la estructura administrativa, para pagar favores a actores a los que se les debe por el apoyo electoral. Ese favor puede ser un cargo en la UTL y un salario. El congresista también puede sacar una parte del valor nominal del salario de sus asistentes y quedárselo para sí mismo.

P. Entonces el clientelismo es el rasgo distintivo de nuestro sistema político…

R. Sin duda. Se trata de un fenómeno que dentro de la teoría política es diferente de la corrupción, pero están muy relacionados. Hay politólogos que lo han tratado de normalizar o de justificar como un fenómeno indispensable para hacer política. Yo no estoy de acuerdo. El clientelismo es el abuso de un político que favorece primero a los que votaron por él, apoyándose en un patrimonio que forma parte del bien común. En los países latinos del sur de Europa es un rasgo común y estamos convencidos de que culturalmente no hay otra forma de hacer política. Sin embargo, hay países que han mostrado que sí lo es.

P. ¿Qué papel juegan los partidos?

R. En Colombia se habla de los partidos, sin ningún problema, como “empresas electorales”. Eso no debería ocurrir. Al igual que en el caso de algunas campañas, la forma como los partidos consiguen sus recursos está conectada con toda esta distorsión. El país debe reflexionar más sobre la captura del sistema político por parte de algunas empresas. Yo no quiero eximir de la culpa individual a los políticos, pero hoy algunos servidores públicos están para responder al patrón que les hizo palanca para llegar al cargo, incluso si eso significa romper la ley. Y a nivel de gobernaciones y alcaldías la situación es peor.

P. ¿Podría profundizar sobre ese papel de los actores privados?

R. Los grandes donantes, los financiadores de las campañas electorales, pueden pedir a los actores políticos cosas a virtud de esas donaciones que han hecho. Hay un potencial de corrupción, lo cual no equivale a una acusación. En algunos casos se ha usado, pidiendo que se pasen ciertas leyes, que se favorezcan sus intereses económicos o que se les asignen grandes contratos. Esos actores pueden ser multinacionales, como Odebrecht, o empresas y gremios. Pero esto es más teórico que empírico y no estoy acusando ni generalizando.

P. ¿La participación de actores ilegales en la esfera legislativa es una singularidad colombiana?

R. Supongo que en México hoy sucede lo mismo. La realidad se hace compleja porque, además del poder del dinero privado, se suma el del narcotráfico, y también el soborno violento, la extorsión. O me ayudas a aprobar o tumbar una ley, o pones en riesgo tu vida y la de tu familia. El ejemplo más aterrador fue el de los paramilitares, que durante años hicieron elegir a candidatos suyos bajo la presión de las armas.

P. El caso del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno muestra que el lío también se extiende a la justicia…

R. Ese tema se ha estudiado muy poco, pero es un ejemplo claro. Si del fiscal de turno está salpicado, nunca vas a lograr que se juzgue de manera imparcial a una persona que ha sido corrupta. Yo percibo un pacto de silencio en torno a la corrupción judicial, a una rama aquejada por tasas de impunidad altas.

P. Es decir: a pocos les interesa subsanar los puntos ciegos de la arquitectura institucional y el músculo de los privados e ilegales, que han aprovechado esta avenida para lucrarse o hacer prevalecer sus intereses.

R. Exacto. Por ejemplo, varios años después, todavía hay personas investigadas por Odebrecht sin un fallo judicial. ¿Quién es el verdadero culpable? La empresa brasileña generó actos de corrupción en cinco países distintos, con Gobierno diferentes, en todos los niveles de la administración pública. En otros países ha habido condenas por sobornos con cifras exorbitantes y ha quedado claro que el privado corrompió a las autoridades. Yo presiento que la rama judicial podría ser mucho más proactiva en atacar la corrupción privada.

P. ¿Cuál sería un cambio real para mejorar la situación?

R. Yo he abogado por una reforma del servicio civil. En Colombia, al menos el 50% de los funcionarios públicos no tienen un contrato laboral formal. En contra de lo que dice la Constitución, entran sin pasar un concurso ni hacer una carrera; trabajan bajo la figura de prestación de servicios, sin seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que el clientelismo está servido en la mesa porque puedes favorecer a cualquier persona para entrar en una entidad pública. Es un abuso. El Departamento Administrativo de la Función Pública ha hecho un esfuerzo por cambiar la situación, pero ha sido casi imposible, de nuevo, porque es una cuestión política y económica. Cuando Petro llegó a la presidencia lo primero que dijo fue “voy a acabar con los contratos de prestación de servicios”’. Todas las entidades se rebelaron y la cosa quedó ahí. Lo ideal habría sido un desmonte gradual, en cuatro años. Con esa medida sola se le habría cerrado una puerta gigante al clientelismo y la corrupción.

P. ¿Y una ley de registro efectivo para controlar el lobby parlamentario?

R. Es una propuesta que se ha hecho y que ha avanzado, porque hasta hace muy poco no existía ninguna regulación para transparentar las relaciones entre políticos y empresas privadas. Todo ocurría debajo de la mesa. Aún encuentran la forma de recibir esas invitaciones a conciertos, partidos o viajes, por eso los congresistas no van a aprobar una iniciativa que no les interesa. El lobby, en principio, es legítimo. El sector financiero, por ejemplo, tiene derecho a defender sus intereses. Pero todo ese tipo de prebendas que utilizan para influir sobre la esfera pública deberían estar sujetas a mayor transparencia y control.

P. ¿Cuánta plata se pierde al año en Colombia por el sifón de la corrupción?

R. Todo lo que se sabe son especulaciones. Hay un cálculo interesante que usa como parámetro el 10% que se cobra en promedio como mordida para adjudicar una licitación pública. Entonces dicen que es el 10% del total del presupuesto nacional [en 2024 fue de 502 billones de pesos]. Pero se trata de supuestos y por la naturaleza clandestina del fenómeno uno podría concluir que es solo la punta del iceberg.