Petro entrega nuevos detalles de la supuesta compra del software espía Pegasus y acusa a un directivo de la empresa dueña del programa de lavar activos

El fantasma de Pegasus, el software espía que el presidente Gustavo Petro ha denunciado que se compró irregularmente en Colombia en el Gobierno anterior, ha vuelto a aparecer en la agenda política de la Casa de Nariño. Este martes, en una inusual convocatoria, el mandatario citó a la prensa para entregar una declaración con nuevas revelaciones de los vuelos y los tripulantes que, según su denuncia, habrían viajado desde Tel Aviv (Israel) hasta Bogotá para recoger 11 millones de dólares en efectivo. Sería el pago por el virus espía más peligroso del mundo. De acuerdo con el mandatario, el dinero se llevó en dos viajes, el 26 de junio y el 18 de septiembre de 2021.

La declaración presidencial, en la que Petro que no permitió preguntas de la prensa, llegó dos días después de que Revista Raya y el medio público RTVC, revelaran las matrículas de dos aviones que, señalan, volaron de Israel a Colombia para cerrar la negociación con NSO Group, la empresa israelí dueña de Pegasus. El presidente incluso inició su pronunciamiento refiriéndose a esas publicaciones. “Hubo algunas quejas porque algún medio público hizo una investigación que se concentró en dicho medio y por eso he decidido realizar esta rueda de prensa”. Sin más detalles, dio así un espaldarazo a los dos medios de comunicación, incluyendo el que depende del Ejecutivo y que funciona como megáfono del Gobierno.

El mandatario también ha entregado nuevos detalles sobre la denuncia, como las matrículas de las dos aeronaves y los nombres de algunos de sus tripulantes. Indicó que el primer avión recogió un pago de 5,5 millones de dólares en efectivo y el segundo vuelo un monto igual, y que los dos habrían aterrizado en el aeropuerto militar Catam y se habrían dirigido al hangar de la Policía Antinarcóticos.

Aunque el mandatario no entregó detalles de los desplazamientos, W Radio mostró las llamadas fajas de progreso, los documentos de control de tránsito aéreo que el Estado colombiano elabora para todos los vuelos. En ellas se evidencia que las matrículas de los dos aviones coinciden con dos aeronaves que aterrizaron donde indica Petro. Revista Raya ha dicho que la primera aeronave salió de Israel el 25 de junio de 2021 e hizo dos escalas antes de su arribo a Bogotá: en Islas Canarias (España) y en Isla Margarita (Venezuela). Sobre la segunda aeronave, Raya ha dicho que solo recaló en Santo Domingo (República Dominicana).

El presidente ha dicho que “entre los ciudadanos israelíes que llegan no llega ni se va ningún colombiano”, dijo. Afirmó que en los aviones viajó Ron Gonen, el director de seguridad global de NSO Group. También leyó los nombres de Moshé Zahar, con quien supuestamente el Estado colombiano había cerrado una compra de otro software en 2013; Oded Guindy, quien según el presidente viajó en los dos vuelos; y Yehuda Lahab, el director de negocios de NSO Group. El mandatario acusó a Gonen. “Ha cometido un delito en Colombia porque no es posible que ningún ciudadano nacional o extranjero porte dinero en efectivo tal como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado de activos”, sentenció, e indicó que hará llegar la información a la Fiscalía y a la Procuraduría.

La supuesta compra secreta de Pegasus ha sido uno de los temas a los que más importancia le ha dado el presidente en las últimas semanas. El 4 de septiembre dedicó una alocución presidencial en horario prime de televisión, en medio de un paro camionero que había colapsado al país, a revelar información reservada de inteligencia sobre ello. Reveló que, según datos suministrados por el Estado israelí, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) habría realizado la compra irregular, por valor de 11 millones de dólares, del software a NSO Group. Se trata de una tecnología cuestionada. Ha sido denunciada como elemento clave en abusos de agencias de seguridad en varios países. Eso porque basta tener el número de un abonado a la telefonía celular para interceptar los dispositivos electrónicos, acceder a sus cámaras y micrófonos en cualquier momento y conocer la geolocalización de los teléfonos.

En Colombia, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia colombiana establece que los organismos del Estado deben respetar el derecho a la privacidad y a la protección de información personal. Por eso, exige que todas las intervenciones a líneas telefónicas o dispositivos tecnológicos deben estar cobijadas por una orden judicial previa, y que un juez solo puede dar ese aval en el marco de una investigación y con motivos fundados. Eso lleva a que solo se puedan usar tecnologías que permitan el control de su uso. Hasta el momento tanto la Policía Nacional como y el Ministerio de Defensa, que responden al presidente, han negado tener el software. Lo mismo ha dicho la Fiscalía General, que tiene abiertas varias investigaciones sobre presuntas interceptaciones que podrían haber sido cometidas con Pegasus.