Sube el diésel y se calienta la calle

Esta semana explotó la última de las consecuencias de ese periodo de horror llamado pandemia del coronavirus. No lo hizo en forma de nuevo virus, sino de precios de combustible. El Gobierno de Gustavo Petro decidió subir el precio del diésel que, según recuerda el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, llevaba 56 meses congelados, desde la Administración anterior.

‌La calle reaccionó con fuerza y ahora el mandatario, que en otras oportunidades ha apoyado la protesta ciudadana, está enfrentando un paro de los camioneros del país. Trancones, niños atrapados horas en las vías y caos en el primer día de bloqueo vehicular fueron las imágenes de la que se ve como una protesta desafiante para el Gobierno. Este martes, Petro aseguró que “el país no se dejará bloquear” y que se trata de un “lock out” o paro empresarial. “Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte”, dijo.

El mandatario ha justificado su decisión. “El alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”, ha dicho. En efecto, la historia remite a 2020, cuando el entonces presidente Iván Duque detuvo el alza de los precios de la gasolina y el ACPM, lo que causó un déficit trimestral de 10 billones de pesos (unos 2.300 millones de dólares) en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que financia parte del valor. Es decir, lo que se paga en la estación de gasolina no es el precio real, o por lo menos el equivalente a lo que ganaría Ecopetrol de venderlo en el mercado internacional. En 2022, argumentando reducir el déficit fiscal y mejorar la inversión social, el Gobierno inició un alza escalonada la gasolina, pero dejó la decisión del diésel para más adelante porque impactaba la inflación, que estaba desbordada.

‌El Ejecutivo –y en eso hay consenso desde diferentes arcos políticos, incluyendo a economistas de derecha– está tomando una decisión responsable, aunque costosa políticamente, y que llegaría tarde o temprano. “El precio del diésel tiene que subir, lo que hay que buscar es el reajuste del flete de manera que los transportadores no sean los perjudicados”, dijo por ejemplo el economista Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, y usualmente crítico de las medidas del Gobierno.

El ministro Bonilla aseguró que en 56 meses le han pagado a Ecopetrol 56 billones de pesos exclusivamente por diésel y que este año serán 12 billones de pesos. “Mucho más que lo que debemos pagarle al Fondo Monetario Internacional por el préstamo que le hizo al país en pandemia. Bajo esas condiciones es insostenible mantener esa carga”, dijo en la radio. También aseguro que durante estos dos años se hicieron 13 mesas de trabajo con los transportadores y ninguna tuvo éxito. “Esta es una decisión fiscal importante”, concluyó.‌

Colombia tiene, además, uno de los precios más bajos del diésel en la región (2,79 dólares), solo por encima de Bolivia y Ecuador. En la otra punta están México, Uruguay y Argentina, donde el galón de ACPM cuesta 4,96 y 4,93 y 4,78 dólares, respectivamente.

‌La Federación Colombiana de Transportes de Carga por Carretera asegura que los combustibles representan el 40% de sus costos, así que esto se trasladaría a los consumidores. “Olvidan, sin embargo, mencionar el impacto positivo en sus ganancias durante la larga temporada de subsidios”, escribió en El Espectador Gonzalo Hernández, exviceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público y profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.

‌Los transportadores en paro han subido la apuesta. En Norte Santander anunciaron que le dan cinco días al Gobierno para resolver la situación o “bloquearán todo el país”. “Lo único que se va a permitir es el paso a ambulancias y medicamentos, nada más, pero el transporte de carga no se va a mover”, dijo uno de ellos, Wilmer Calderón, en La W.

‌Queda por ver cómo el Gobierno calma los ánimos de los transportadores y, al mismo tiempo mantiene la medida que tardó un año en tomar. Expertos como Gonzalo Hernández aportan algunas propuestas: “El desmonte de los subsidios a ACPM es una medida de responsabilidad fiscal. El diálogo con los transportadores debe centrarse en problemas estructurales: infraestructura vial e ineficiencias en algunos puertos”.

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