La Cancillería deja a Thomas Greg la fabricación de pasaportes hasta 2025, cuando será asumida por el Gobierno de Portugal
El ministerio confirma una nueva prórroga para la empresa que elabora esos documentos desde 2007 y anuncia que el país europeo se encargará de la tarea desde el próximo año en una planta ubicada en Colombia
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La Cancillería de Colombia ha confirmado este martes que Thomas Greg & Sons (TGS), la empresa que fabrica los pasaportes del país desde 2007, se encargará de ese trabajo por un año más, hasta septiembre de 2025. El ministerio ya le había dado una primera prórroga, hace un año, ante la imposibilidad de retirar el contrato a la empresa, como deseaba el presidente Gustavo Petro, quien denunciaba supuestos amaños para facilitar que la compañía obtuviera el contrato. El canciller Luis Gilberto Murillo ha anunciado también en una sesión de control en el Congreso que, a partir de septiembre de 2025, el Gobierno de Portugal se encargará de fabricar los pasaportes en una planta ubicada en Colombia. Pasados 10 años, entregará la infraestructura como donación al país, y será la Imprenta Nacional la que se encargue de la fabricación desde ese momento.
En debate de control político de la plenaria del @SenadoGovCo, el Canciller @LuisGMurillo anunció que el Gobierno de Colombia escogió la propuesta de Portugal para la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes. pic.twitter.com/5tzwKKBKlg
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 4, 2024
La decisión llega tras un acuerdo entre el Gobierno y la compañía. El motivo fundamental es que la Imprenta Nacional, la entidad estatal a la que Petro quiere encargar la fabricación de los documentos, no está lista para asumir esa tarea. El propio canciller Murillo lo había confirmado a mediados de agosto: “La Imprenta, dado el diagnóstico que hicimos y lo que ellos mismos han reconocido, no está lista para asumir desde el 3 de octubre”. TGS, no obstante, no se ocupará de la atención a la gente ni de la recaudación de los datos, que quedarán en manos del Estado colombiano, pero sí fabricará las libretas.
Además de reconocer las debilidades de la Imprenta, el Ejecutivo nacional anunció en agosto que estaba en conversaciones con los gobiernos de Alemania, Austria, Canadá, Francia, Portugal y Países Bajos para saber cómo funcionaban sus propios sistemas de fabricación y conformar un programa de cooperación. La idea, en principio, era que el elegido de esos seis, junto a un aliado privado, reemplazara a TGS a partir del 3 de octubre y asumiera la labor durante un año, mientras el Estado colombiano se preparaba para hacerse cargo. Este martes, el rumbo ha vuelto a cambiar: será Portugal la que se encargue de la producción de los documentos en una planta ubicada en la sede de la Imprenta Nacional. La adecuación de ese lugar tardará, según el ministro Murillo, entre siete y ocho meses, que estarán cubiertos por nueva la prórroga otorgada a TGS.
El problema sobre la fabricación de pasaportes comenzó en mayo de 2023, cuando el Gobierno abrió una licitación para elegir al responsable de ese trabajo durante los siguientes años. Varias empresas, colombianas y extranjeras, buscaban arrebatar el negocio a Thomas Greg & Sons. Pero se retiraron del proceso a la vez que denunciaban un supuesto amaño a favor del actual fabricante de los documentos, que terminó siendo el único sobreviviente en el concurso. En julio, la Cancillería liderada por Álvaro Leyva suspendió el proceso. Las críticas no tardaron en llegar, y se basaban en que la producción y distribución de pasaportes funcionaba bien. El Gobierno insistió en su punto, y sumó otro más. El presidente Petro dijo: “Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”. Sin embargo, la ley permite que se siga adelante ante esa situación y eventualmente se contrate a la empresa.
El deseo del presidente ha pasado por muchas dificultades para volverse realidad. Primero, Thomas Greg & Sons demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos por haber quedado fuera del negocio, a su juicio, sin argumentos jurídicos o fácticos de peso. El entonces canciller Leyva terminó suspendido por haber tomado esa decisión. Pero además, cuando el Gobierno intentó retirar por completo a la empresa del proceso de fabricación, tuvo que reconocer que era imposible hacerlo sin correr un grave riesgo de parálisis en la expedición de los documentos. La Cancillería tuvo que firmar una prórroga por un año, tiempo que parecía suficiente para organizar una nueva licitación. Pero no fue así: un año después, la Imprenta Nacional sigue sin estar está en capacidad de asumir la labor. Por ello, Thomas Greg debe seguir con ella, por lo menos durante un año, en una especie de periodo de transición.
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