Los líos de las cédulas de extranjería siembran más dudas sobre el futuro de los pasaportes

Como candidato presidencial, Gustavo Petro prometió depurar de malas prácticas a la contratación pública. Al cumplir un año de mandato, inició una primera cruzada en este propósito. Cuestionó que la empresa Thomas Greg & Sons estuviera a punto de ser reelegida para producir los pasaportes. “La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado Gobierno. No permitiré licitaciones dirigidas a un proponente”, aseguró en septiembre de 2023, dos semanas después de que la Cancillería declarara desierto el concurso para adjudicar el contrato porque Thomas Greg figuraba como oferente único tras la renuncia de sus competidores, quienes aducían que las condiciones eran injustas. Frenar la licitación dio pie a un pleito legal, que aún no se dirime, y llevó a buscar alternativas. En paralelo, la Cancillería le quitó a la misma empresa la producción de las cédulas de extranjería y encargó de ello a la estatal Imprenta Nacional. Es la misma posibilidad que se plantea para los pasaportes, pero lo ocurrido con el documento para los extranjeros muestra un plan que cojea y ha acrecentado la dimensión del problema.

Todo extranjero que posea una visa para permanecer en Colombia por más de tres meses debe contar con una cédula de extranjería, que es indispensable para realizar trámites bancarios o afiliarse al sistema de seguridad social. Desde 2016 hasta el pasado mes de mayo, Thomas Greg fue la encargada de imprimir este documento. Mientras transcurría la discordia por los pasaportes, en septiembre de 2023, Migración Colombia —entidad que depende de la Cancillería — publicaba las condiciones para obtener un contrato por 2.868 millones de pesos (717.000 dólares) para la elaboración de las cédulas por los 13 meses siguientes. Como en los pasaportes, el proceso fue cancelado, esta vez luego de que todos los proponentes aseguraran que los plazos eran insuficientes para cumplir con los requerimientos. Ante eso, el Gobierno se decantó por contratar directamente a Imprenta Nacional, de propiedad estatal, y aumentar a 27 meses la duración del contrato, lo que elevó el presupuesto a 5.620 millones (1,4 millones de dólares).

A inicios de junio, a un mes de que iniciara el contrato, Imprenta Nacional celebró públicamente la impresión de las primeras 2.100 cédulas de extranjería. Fernando García, director de Migración Colombia, expresó su satisfacción. “Confiamos en la Imprenta Nacional y confiamos en que esta operación seguirá dando buenos resultados. Tuvimos un tiempo de adaptación y pruebas que es necesario en procesos tan rigurosos como este; perfeccionamos detalles y ya todo avanza con normalidad”, declaró ante medios de comunicación. Pero los problemas llegaron pronto.

El cambio de proveedor obligó a modificar el sistema para el agendamiento de citas, entorpeciendo el acceso de los usuarios y demorando los tiempos. Jefferson Mahecha, un funcionario de Migración Colombia, comentó a EL PAÍS que anteriormente la entrega de la cédula tardaba cinco días hábiles; ahora dura entre 10 a 15 días. Además, a lo largo de los últimos meses se han presentado quejas recurrentes sobre la mala calidad del documento, como fotografías borrosas, huellas mal impresas e información inexacta. Pocas semanas después de la declaración de García, la Procuraduría General de la Nación, tocaría sus puertas para informarle de una investigación en su contra. El idilio entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional se acabó en tiempo récord.

Entre las razones esgrimidas por la Procuraduría para fijar su atención en la institución liderada por García está el origen de las dificultades que convirtieron a este contrato en munición para los detractores del Gobierno. “El órgano de control investiga una aparente falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos, que contemplaban la impresión de las cédulas de extranjería, así como los insumos, la elaboración de la tarjeta, la personalización y entrega del documento final a Migración Colombia”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

La empresa a la que la Imprenta subcontrató todos los servicios es la mexicana Accesos Holográficos, una vieja aliada. A raíz de los problemas con las cédulas de extranjería, su relación se ha deteriorado. Así lo demuestran una serie de cartas firmada por el representante legal de Accesos Holográficos, Humberto Briñez, en la que desestima cualquier incumplimiento por parte de la firma subcontratista. “Desde el punto de vista operativo ya hemos realizado múltiples pruebas y demostraciones técnicas en las cuales usted pudo evidenciar que ni el material ni el software [de los que se encarga Accesos Holográficos] han presentado deficiencias que impidan la correcta impresión de las tarjetas conforme a los insumos recibidos. Por otra parte, sí se pudo demostrar que las impresoras imprimen con fallas y baja calidad [que son propiedad de la Imprenta Nacional]”.

Tras conocerse las misivas, circuló la versión de que Thomas Greg podría reemplazar a Accesos Holográficos. La Imprenta Nacional rápidamente desmintió el rumor. Pero persisten dos dudas: qué sucederá con la impresión de las cédulas de extranjería y, aún más importante, si esta situación afectará la expedición de pasaportes. El Gobierno ha asegurado que su plan es implementar con los pasaportes —cuyo contrato está en manos de Thomas Greg hasta octubre— el mismo modelo de las cédulas de extranjería, operado a través de la Imprenta Nacional. La pregunta es si la Imprenta tiene la capacidad de imprimir libretas con altos estándares de seguridad y calidad —dado que tercerizó la impresión de las cédulas— o en quién contraría esa labor.

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