Thomas Greg demanda al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos tras el fracaso de la conciliación

La empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la elaboración de los pasaportes en Colombia, ha anunciado este martes que demandará al Estado tras el fracaso de una conciliación entre ambas partes. “Se corroboró la ausencia de ánimo conciliatorio y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo”, se lee en un comunicado difundido tras varios días de audiencias en la Procuraduría. La compañía reclama 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) como compensación por la decisión de la Cancillería de declarar desierta una licitación de expedición de pasaportes y visas en la que Thomas Greg era el único proponente que cumplía los requisitos.

El proceso de conciliación, un paso previo obligatorio para demandar al Estado, inició el pasado octubre. La empresa pidió a la Cancillería que le entregue el contrato, de 599.651 millones de pesos (unos 140 millones de dólares). En el caso contrario, que le pague una indemnización de 107.000 millones de pesos (unos 27 millones de dólares) por no hacerlo y 10.000 millones de pesos adicionales (alrededor de 2,5 millones de dólares) por el “daño reputacional sufrido” en el escándalo. El viernes, según recuerda el comunicado, el apoderado del Ministerio manifestó que el comité de conciliación de la entidad, que estudia este tipo de solicitudes, había aceptado “revocar los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio”.

El comunicado de la compañía atribuye el fracaso de un acuerdo a las diferencias entre el comité y el canciller, Álvaro Leyva. El texto señala que el sábado el jefe de la cartera desautorizó al apoderado de la entidad a su cargo, y dijo en una entrevista con la revista Semana que no estaba dispuesto a conciliar. Esto cayó mal en la empresa, que además menciona que el apoderado reiteró este martes que el ministro es quien toma la decisión final.

Leyva ha sido enfático en que mantendrá su postura “absolutamente irrenunciable” de no buscar un acuerdo. “No voy a conciliar. No lo haré porque me acompaña la razón, la verdad, el Derecho y, sobre todo, la Constitución. Uno no tiene por qué conciliar cuando tiene la seguridad jurídica”, remarcó en la entrevista del sábado. Según él, las disposición del comité a buscar un acuerdo no es más que una recomendación. “Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, subrayó.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en que en su mandato no deben entregarse licitaciones cuando haya un solo proponente habilitado. No importa que la ley permita esas situaciones o que haya habido desacuerdos dentro del propio Estado, como el que llevó a la salida hace unas semanas de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia de Defensa Jurídica. “Todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”, explicó Petro en septiembre.

En el centro de la disputa está que esta compañía maneja los pasaportes desde 2007, sin interrupciones. Las otras 10 empresas que participaron de la licitación abierta el pasado mayo han denunciado que los procesos están amañados a su favor. Han cuestionado requisitos como la necesidad de tener una planta de producción en Bogotá, algo con lo que solo cumple Thomas Greg, y los plazos de apenas unas semanas para preparar y presentar los documentos solicitados.

El canciller comentó en su entrevista del fin de semana que la Cancillería recibió 53 reclamos por parte de los competidores de Thomas Greg. También que, desde 2005, la empresa ha tenido 473 contratos con el Estado por más de 386.000 millones de pesos. “Hay una política de Estado que se está montando y es que no se va a continuar en los términos que se ha venido planteando todo durante años: una sola firma manejando los pasaportes, las elecciones, Migración. Eso no cabe en el Estado social de derecho”, indicó.

La compañía, que sigue a cargo de los pasaportes gracias a una prórroga del acuerdo anterior, ha señalado este martes que “mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa” y ha reiterado “su confianza en las instituciones”. No se ha referido en su comunicado a los reclamos del canciller o de sus competidores. No obstante, ha dejado en claro que obtener el contrato es “el presupuesto básico para lograr el acuerdo”.

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