Un vehículo presidencial asignado al hermano de Petro recibe un balazo en Bogotá

En la mañana de este miércoles una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección y asignada a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente colombiano, fue atacada mientras transitaba por el barrio La Paz. A su paso por la avenida Circunvalar, la Toyota TX, gris oscura, fue impactada en una de sus ventanas traseras, pero la bala no logró penetrar los vidrios blindados. El hecho no dejó ningún herido, y los miembros de la familia presidencial no estaban en la camioneta. Sin embargo, sí genera preocupación sobre los autores y sus posibles móviles, al tratarse de un vehículo que hace parte del esquema de protección de la Casa de Nariño.

Según confirmó Juan Fernando Petro en una entrevista con la emisora Blu Radio, la camioneta atacada es el vehículo principal que se le tiene asignado, entre los que le van rotando. Aunque aún no hay certeza sobre la autoría, se inclina a pensar que se trata de un atentado y no de un hecho fortuito. Desde el 2007, ante la relevancia política que fue tomando su hermano, Juan Fernando ha recibido múltiples amenazas. Sin embargo, asegura no haber sido intimidado recientemente, por lo que el ataque lo toma por sorpresa. Lo que sí venía percibiendo, dice, es un incremento del odio y la polarización. Y así lo relata: “Nos íbamos dando cuenta que el tono iba subiendo en las calles, en los restaurantes. Uno entra a un centro comercial, a una librería y hay cierta tensión que caía sobre mí y sí íbamos notando eso, pero de ahí a pensar que esta mañana iba a pasar algo, no lo sé”.

Juan Fernando también mencionó que ha habido suspicacias sobre la protección a varios miembros de la familia presidencial. Este martes, EL PAÍS publicó un artículo que evidencia la tensión entre los escoltas de la familia Petro y la Policía, luego de las quejas, por parte de esta última, sobre fallas en el esquema de seguridad. Desde septiembre del año pasado, la Policía ha advertido a la Unidad de Protección que la familia del mandatario, especialmente su hija Sofía Petro, estaría en riesgo por comportamientos irregulares de algunos escoltas.

La capitana Paula Andrea Russi, jefa de protección de Sofía Petro, señaló que algunos comportamientos de los escoltas “representan un riesgo para la vida e integridad de la hija del presidente de la República”, según documentos a los que tuvo acceso este diario y que hacen parte de un proceso que avanza en la Procuraduría. Las quejas se refieren a incumplimientos de los horarios de trabajo, a que en una ocasión retiraron el vehículo blindado asignado a Sofía sin causa justificada, y al uso libre de los vehículos para transportar a escoltas pertenecientes a otros esquemas. Los escoltas de la UNP han respondido que se les está vulnerando su derecho al trabajo y alegan que la Policía se está extralimitando en sus funciones, pues ellos no son sus subordinados, sino que están contratados a través de empresas temporales.

Recientemente, personas cercanas al círculo presidencial también fueron atacadas a tiros. El pasado domingo 16 de junio, día en que en Colombia se celebra el Día del Padre, el padre y el sobrino de la vicepresidenta Francia Márquez fueron víctimas de un atentado mientras se movilizaban en un vehículo por la carretera que comunica a Suárez (Cauca) y Cali (Valle del Cauca). Los familiares de Márquez salieron ilesos, y la Casa de Nariño señaló como responsables a los grupos armados que operan en el suroccidente del país, donde hay una fuerte presencia del autodenominado Estado Mayor Central, una de las más grandes agrupaciones de disidencias de las extintas FARC.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de brindar el servicio de seguridad y escolta en todo el país a quienes necesiten la protección del Estado, en el que es considerado el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Hasta agosto de 2023, este organismo tenía 8.067 protegidos, la mayoría dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos, pero también escolta a políticos, servidores públicos e incluso desmovilizados en proceso de reintegración que han sido amenazados.

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