Los casos de violencia intrafamiliar en Colombia rompen su récord

El que debería ser el lugar más seguro para cualquier persona no lo es para todos en Colombia. La violencia intrafamiliar escaló a 63.528 casos en los primeros cinco meses de este año, las cifras más altas que se han observado desde que el Ministerio de Defensa Nacional lleva registro. Equivalen, en promedio, a cerca de 18 episodios de maltrato en los hogares cada hora. Son 21.735 casos más de los que se habían presentado entre enero y mayo del año anterior, un aumento del 35%. Esos números tienen en alerta a sectores sociales y políticos que exigen al Estado fortalecer las medidas para evitar que se siga reproduciendo la agresión física, sexual o psicológica en las familias.

Aunque los datos están alojados en el sitio web del Ministerio como parte de los indicadores de seguridad, ninguna entidad del Gobierno ha llamado públicamente la atención sobre el tema. No lo ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes, la población más vulnerable en casos de violencia intrafamiliar. Tampoco el Ministerio de Igualdad, encargado de la política de género y con un viceministerio de las Mujeres, el otro sector que más sufre la violencia intrafamiliar.

El informe estadístico del Ministerio de Defensa, que se alimenta de la Policía, no detalla razones del incremento en las cifras, que se han multiplicado por tres en tan solo 10 años. El representante a la Cámara liberal Julián Peinado, autor de la Ley 2089 de 2021 que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes o degradantes contra menores de edad, opina que se debe a que ahora se denuncia más. “La gente empieza a entender que este tipo de conductas son sancionables y son dañinas para los niños. Empieza a volverse un asunto público”, sostiene. Según estimaciones de Unicef, seis de cada diez niños menores de cinco años en el mundo sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en casa. En Colombia, la encuesta nacional de violencia contra niños, niñas y adolescentes de 2018 concluyó que el 37,5% de los hombres y el 21,2% de las mujeres fueron víctimas de violencia física antes de los 18 años.

El congresista antioqueño sugiere que el país ha fallado en la implementación de una estrategia nacional pedagógica de prevención del castigo físico, que trae la ley y que busca facilitar herramientas a padres y cuidadores para criar sin violencia. “El ICBF se ha conformado con dictar talleres en algunos municipios, pero no hace esfuerzos para que la política pública se implemente de verdad; para que los padres, los colegios, los comisarios de familia y los jueces se sintonicen con la protección y garantía de los derechos de los niños. No hay un acompañamiento real para prevenir conductas hostiles. Solo se actúa cuando el maltrato es evidente”, apunta.

Una de las causas más comunes de la violencia en los hogares es el consumo abusivo de alcohol o drogas que aumentan las reacciones agresivas frente a los conflictos familiares. El estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas publicado por el Ministerio de Justicia en 2019 señalaba que uno de cada cuatro consumidores de alcohol en el último mes, entre 18 y 34 años de edad, realizaba un consumo perjudicial, es decir, que podía afectar su salud física y mental. Los altos niveles de estrés o problemas como la depresión o la ansiedad también pueden disparar las conductas agresivas, según expertos.

La psicóloga Paola Yules, especialista en salud mental, destaca que el acompañamiento psicológico preventivo es recomendable. “Cuando hay niveles de agresividad, cuando se ha perdido el respeto en la pareja, se ha perdido la comunicación, hay que buscar ayuda para saber expresar las emociones y mejorar la comunicación. Como todavía tenemos un tabú grande sobre ir al psicólogo, hay que hacer más campañas para que este acompañamiento sea más cercano y eliminar las barreras de acceso”, afirma.

Las cifras de violencia intrafamiliar, según datos de la Procuraduría General de la Nación, afectan tres veces más a las mujeres que a los hombres. Y preocupan especialmente por la amenaza que implican para la vida de las mujeres. La abogada feminista María Cristina Hurtado advierte que el maltrato en los hogares es una especie de pasadizo que conduce a los feminicidios. “La violencia intrafamiliar contempla la violencia sexual y muchos feminicidios están antecedidos por violencia sexual”, subraya. La Procuraduría también ha alertado sobre esta relación y ha reclamado acciones para evitar que se siga normalizando.

Pese a ello, el número de feminicidios en lo corrido de este año llega a 345, según el Observatorio Feminicidios Colombia, frente a 525 que se reportaron en todo 2023. Solo entre el 30 y el 31 de mayo pasados, en menos de 24 horas, dos mujeres —ambas madres de hijos menores de edad— fueron asesinadas por sus exparejas. Ese mismo mes, cuatro niñas entre los 3 y los 9 años fueron víctimas de feminicidio, dos de ellas a manos de su padre y de su padrastro.

Polémica propuesta

Al tiempo que la preocupación por los casos de violencia intrafamiliar y de feminicidios crece, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, propuso conceder la suspensión de la investigación penal, conocida como principio de oportunidad, en casos de violencia intrafamiliar que no representen riesgo grave o de reincidencia. “Esto ya se viene aplicando. Lo que sucede con la violencia intrafamiliar es que hay casos donde las formas de violencia son leves, que no queremos que escalen hacia violencias graves que pueden concluir en un feminicidio. Lo que estamos haciendo ahí es aplicando principios de oportunidad, temporales, no definitivos, que nos permita monitorear los compromisos que hace el agresor y que permitan reconstruir el tejido social”, declaró ante la prensa durante una sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso de la República.

Y agregó: “las mujeres que acuden a denunciar escenarios de violencia intrafamiliar no necesariamente quieren que su compañero o esposo sea privado de la libertad y sea condenado, quieren una solución para la situación conflictiva que viven. Ahí encontramos que el principio de oportunidad nos puede dar esa posibilidad de solucionar un caso con unos acuerdos favorables que restituyan el tejido social”.

Para Hurtado la propuesta pone en riesgo a las mujeres bajo la pretensión de descongestionar la justicia que, solo en el último año, ha conocido más de 149.000 casos de violencia intrafamiliar. “Cuando las mujeres rompen el círculo de violencia y denuncian a pesar de las barreras y la fragilidad de las instituciones, lo que viene es la retaliación de los varones. Desconocer las condiciones de dependencia económica, emocional, el miedo a la retaliación que enfrentan las mujeres y dejar libre al agresor es una forma de cohonestar con posibles eventos del feminicidio. Les están otorgando principios a agresores que después pueden terminar matando a las mujeres”, lamenta la exdefensora del pueblo delegada de mujeres e infancia.

Además, considera que ofrecer esos beneficios contradice la ley 1257 de 2008, que estableció medidas por una vida libre de violencia contra las mujeres. “El delito de violencia intrafamiliar no es desistible, no puede ser susceptible de acuerdos, rebaja de penas, de conciliación, ni de excarcelación. Sería echar para atrás 20 años de ganancias frente al acceso de mujeres a la justicia”, puntualiza.

Entre tanto, la fiscal Camargo también anticipó que ante cualquier muerte violenta de una mujer los investigadores tendrán como primera hipótesis el feminicidio, un delito que contempla penas más altas que las del homicidio. Si eso ayuda a evitarlos, y a reducir la violencia intrafamiliar, es algo que está por verse.

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