Petro, el acalorado y acorralado proconstituyente

El presidente Gustavo Petro, experto en tácticas de guerras, en emboscadas y contraemboscadas, ha encendido las alarmas y ha dicho que siente que a su Gobierno lo están acorralando. Son palabras mayores viniendo de un líder de izquierda que ha impuesto la agenda política en los últimos meses y ha mantenido la iniciativa para poner al país a hablar de lo que a él, literalmente, se le ha dado la gana.

Sentirse acorralado, en términos políticos, es sentirse maniatado, sin capacidad de maniobra ni iniciativa, para cumplir los objetivos propuestos. Y el gran objetivo de Petro es dejar una profunda huella en la historia de Colombia, transformando la sociedad, impulsando reformas aplazadas por décadas y cumpliendo el más importante sueño de los colombianos: el fin de la guerra y el inicio de un largo período de paz total. Acorralado, en este caso, podría entenderse como una luz amarilla para evitar el fracaso total de un ideal de país.

Por ese proyecto político, Petro se fue a la guerra de guerrillas con el M-19 en la década de los ochenta, participó en el proceso de paz exitoso del Gobierno Barco en 1990, impulsó la Constituyente de 1991 que promulgó la Constitución el 4 de julio de ese año, que allanó el camino de la reconciliación en Colombia. Desde entonces, ha sido protagonista de la política, jugándose la vida y la libertad, en un desafío permanente de las dinámicas propias de un país polarizado e incapaz de silenciar los fusiles, derrotar la corrupción, vencer el narcotráfico y superar los vergonzosos indicadores de pobreza y marginalidad que condenan a la miseria a más de la mitad de la población, en un país hipercentralizado.

Que el presidente Petro se sienta acorralado y continúe con su denuncia pública de que lo van a tumbar, con un golpe blando o un golpe duro, suena a un grito desesperado de auxilio del mandatario para que el pueblo salga en su defensa. Quien llama a la movilización en masa es un gobernante de izquierda, que tiene la mira puesta en las elecciones de 2026 y desea reelegir su programa, pero no ha encontrado el camino para sintonizarse con la opinión pública. Las encuestas lo mantienen atado a la baja popularidad.

Se ha estrellado, además, contra un muro infranqueable de liderazgos que no comparten una propuesta audaz e inoportuna, que puso patas arriba la política: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Obligado por el peso de la oposición de juristas, académicos, expresidentes, partidos políticos, líderes de opinión y firmantes de la paz de las Farc, ha mutado a una narrativa de convocatoria al poder constituyente del pueblo, que haga posible las reformas aplazadas y bloqueadas en el Congreso.

La verdad es que Colombia ha gastado los últimos meses en tratar de entender el trabalenguas jurídico y político que el presidente puso en marcha cuando habló por primera vez de una Constituyente, saltándose los cauces constitucionales, sin pasar por una ley por el Congreso, donde no hay ambiente para una iniciativa de esa dimensión; ni por la Corte Constitucional, donde los magistrados actúan con absoluto respeto a la Carta.

“Ahora se trata de que esa promesa se vuelva realidades, es decir, que el cambio no sea solo una palabra más, sino que sea una realidad… Por eso es que se necesita más el poder constituyente del pueblo, porque nos están acorralando”, expresó el jefe de Estado en un evento en Ipiales, Nariño, en sus habituales recorridos por el territorio, en donde hace campaña electoral y pedagogía constitucional -muchas veces de una altura intelectual y sofisticación que la gente de base no comprende- y busca mantener la conexión con los sectores sociales, para demostrar que sí es posible, más allá de los escándalos de corrupción de la UNGRD, que los recursos del Estado lleguen directamente a las comunidades, a través de las organizaciones y juntas de acción comunal. Su objetivo es ahondar la democracia participativa y transformar la vida de la gente, a través de una mesa de acuerdo regional, en la que la Gobernación y las organizaciones sociales hagan veeduría a los recursos públicos.

Aunque muchos intelectuales de izquierda consideran que el concepto del poder constituyente, omnipotente y omnímodo, que nace del pueblo, no tiene control constitucional y tiene la autonomía para modificar de facto la Carta Política, esa tesis está lejos del ordenamiento legal colombiano. La Corte Constitucional ha sido enfática en que cualquier reforma de la Carta debe seguir el cauce trazado. El apoyo del ELN y las disidencias de las Farc a esta tesis solo genera más dudas que certezas a esa idea, a la que no renuncia el presidente.

En realidad, lo que se percibe es que Petro está sembrando en tierra fértil de los sectores sociales, cualificando liderazgos y adoctrinando la base sobre los alcances de poder participativo, para acelerar un cambio a fondo de la política, la economía y el ordenamiento territorial. Sus tesis no parecen posibles hoy, pero un estadista, y sobre todo un revolucionario, piensa a largo plazo. De ahí su insistencia en buscar la reelección de su proyecto político, y la consolidación de los procesos en marcha. Desde esa óptica, la izquierda necesitaría no uno, sino varios mandatos consecutivos para concretar su ideal de un nuevo país y una nueva Constitución.

El poder constituyente, entonces, es entendido desde el Gobierno como el motor de profundos cambios, que tendrá que activarse a plena marcha en todo el territorio. Ese proceso, desde la izquierda, es una concepción de campaña popular prolongada y desarmada, con la Constitución como herramienta de demolición del pasado y construcción de futuro. El parrafito que el excanciller Álvaro Leyva invoca como soporte para convocar una Constituyente, podría estar en las mesas de negociación con la insurgencia, en este u otro futuro gobierno. Ningún grupo firmará la paz para que lo pactado se incumpla. Y volver a 1991, cuando el anhelo de paz movilizó al país a una Constituyente, sigue siendo un objetivo que casa a la perfección con el ideal de los alzados en armas de hoy.

Invocar el poder constituyente y activarlo es una jugada en una partida de ajedrez en la que Petro está moviendo las fichas con rapidez, sin que tenga al otro lado a una oposición con imaginación y liderazgo para anticipar las jugadas y proponer salidas. La oposición de derecha ha estado más acostumbrada al parqués, tan popular en Colombia, que es un juego de suma cero en el que se persigue a los rivales sobre un tablero, tratando de capturarlos y meterlos a la cárcel, mientras se lanzan los dados en busca de la ventaja y la victoria a cualquier precio.

“Iniciemos, y eso se llama poder constituyente, sin miedo, en el sur de Colombia, para que se expanda por toda Colombia”, insistió el presidente en Ipiales. Y añadió que la oposición está asustada con la movilización del pueblo.

Petro, acalorado y acorralado, insistirá en movilizar el poder constituyente y en convocar un acuerdo nacional. La oposición y los partidos políticos deberían pensar seriamente en explorar el camino de los acuerdos, en el que surgirían, sin duda, algunos inamovibles para hacerlos posible: la no reelección de Petro, el cumplimiento del calendario electoral, definir el alcance de una reforma legislativa que garantice el corazón del cambio que reclama Colombia, el cumplimiento absoluto de los acuerdos de paz de La Habana con las Farc, el apoyo a los posibles nuevos pactos de paz, y un avance hacia la verdadera descentralización. Con un acuerdo nacional tal vez Petro volvería a sentir la libertad que hoy extraña, mientras lucha por no dejarse meter en el corral que le quiere imponer la derecha, que sueña con ruido de sables para enredar los cables de un Gobierno que, con el sol a las espaldas y a fuego lento, cocina sus sueños de reelección.

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