El Gobierno necesita al ELN

El Gobierno necesita al ELN y a las disidencias de las antiguas Farc para perfeccionar su pretensión de agrupar al pueblo que lo respalda en la creación de un poder constitucional, que a su vez saque adelante los proyectos de lo que denominan el Gobierno del cambio y de la paz. Para eso se firmó el 25 de mayo el primer punto de la agenda de negociación entre el gobierno y el ELN. Ese marco recoge un primer ejercicio de participación con más de 8.000 personas. Es un planteamiento falso, mediante el cual quien se oponga al proceso constitucional y a la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es enemigo del cambio y de la paz.

Algunos analistas han considerado que el Gobierno se pasó de generoso al haber aceptado muchas concesiones a cambio de nada. No se ve claro por qué el Gobierno aceptó que la agenda de discusión la haya impuesto el ELN, señaló el abogado Ramiro Bejarano, en su columna de El Espectador.

La razón es muy sencilla. El Gobierno está de acuerdo con las solicitudes del ELN. “Es un acuerdo de cómo participar para ejercitar las transformaciones con la gente”, dijo Vera Grabe, la jefe de la delegación del Gobierno colombiano.

Se abren discusiones sobre asuntos esenciales del Estado, concluyó La Silla Vacía. El modelo político, económico, ambiental, educativo y cultural del país. Además, esas discusiones en las que se embarcaría toda la sociedad serían vinculantes y se convertirían en políticas de Estado. Todos estos puntos de análisis y discusión de la mesa de negociación encajan perfectamente en el proyecto político de una constituyente. Es claro que el Gobierno necesita del ELN y de las disidencias para las “consultas” al constituyente primario. El debate de si se continúa o no con el secuestro como sistema de financiación de los grupos subversivos se aplaza para una nueva reunión. De la entrega de las armas, ni hablar.

Tampoco importa el marco jurídico mediante el cual se resuelva el obstáculo que Iván Márquez firmó en 2016, consistente en que no se puede volver a negociar con desertores de dicho acuerdo, como lo establece el artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 de 2012, que expresamente prohíbe otorgar instrumentos de justicia transicional a reincidentes.

Con el autodenominado Estado Mayor Central, según el diario El Tiempo, se ha presentado una escalada de la violencia en el Meta por el efecto de un incremento del uso de artefactos explosivos y reclutamiento forzado. Prevalece la necesidad de formalizar acuerdos al detal para impedir el naufragio de la paz total.

La gran inquietud que queda sobre la mesa es la omisión del papel del Congreso, dentro de las hipótesis para saltárselo a base de artilugios que se asemejan a un mecanismo “para robar una joyería”. A base de trapisondas, se pasan por la faja los procedimientos para reformar la Constitución señalados taxativamente en la carta de 1991.

Por lo pronto, el debate de si la constituyente sí o la constituyente no, le ha permitido al Gobierno mantener la iniciativa para llenar las primeras páginas de los medios y bajarle el tono a los escándalos y a la perturbación del orden público, entiéndase inseguridad a tutiplén.

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