Una madre y dos hijas son asesinadas a sangre fría en Santa Marta

Hombres armados que disparan, sin mediar palabra, y asesinan a varios miembros de una misma familia. Así ha sido el modus operandi en las recientes masacres que se han venido registrado en los tres últimos meses en Santa Marta, Magdalena, en el Caribe colombiano. La más reciente se registró la noche del miércoles en zona rural de la ciudad, en el barrio Don Jaca, donde la familia asesinada había vivido toda su vida. Las víctimas mortales fueron tres mujeres: Sindry Mugno Mosquera, y sus dos hijas, Michel Vergara Mugno y Betsy Liliana Vergara Mugno. Un menor de edad, hijo de una de ellas, recibió varios disparos en sus extremidades y sigue en observación médica. Según medios locales, hombres armados entraron hasta su vivienda, ubicada en la zona turística de Pozos Colorados, que mezcla hoteles con barrios populares, y allí las mataron.

La alcaldía de Santa Marta convocó a un consejo de seguridad para este jueves 30 de noviembre por la masacre más reciente y ha anunciado una recompensa de hasta 20 millones de pesos (alrededor de 5.000 dólares). La alcaldesa, Virna Johnson, se pronunció por los hechos en su cuenta de X: “Estamos pendientes de que se haga justicia, rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres”.

Un hermano de Sindry Paola, Jaime Rafael Mugno Mosquera, fue asesinado hace cinco años en una zona cercana: Bello Horizonte, cerca del reconocido hotel Irotama, también en Pozos Colorados. De nuevo, sicarios lo asesinaron, en esa ocasión, el 25 de diciembre de 2018.

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes en la Sierra Nevada, alertó que en los últimos tres meses ha ocurrido una masacre mensual en la ciudad. En la anterior también fueron asesinados tres miembros de una misma familia. Luis Alberto Aarón, su hija Claudia Elena, de 10 años, y su abuela, Piedad Peñaranda, fueron abordados mientras iban en su auto hacia una cabaña en la trocha Ayapel, unos 5 kilómetros al norte de Don Jaca. Varios hombres con armadas largas los hicieron chocar y ultimaron a quienes seguían con vida tras el accidente. Luego de la tragedia, la diputada departamental Claudia Patricia Aarón Viloria declaró que el hombre que conducía el auto era su hermano.

Diez días antes, el 1 de octubre, hubo otra. En ella resultaron asesinados Elkin Ríos Osorio, Andrea Trujillo Reyes y Alejandro Vera, en una cabaña turística de otro sector de la ciudad, Teyuna. De nuevo, sicarios los atacaron de repente.

Hasta el momento, en ninguna de las masacres se ha podido establecer quienes son los responsables. Tampoco se ha esclarecido si en el caso de la muerte de las tres mujeres se trata de un feminicidio múltiple o de violencia vicaria. Por su parte, los grupos armados ilegales que operan en la zona han salvado responsabilidad en las masacres y se han culpado uno al otro.

Hace un mes las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas por las autoridades como “Los Pachencas”, emitieron un video negando cualquier relación. Esa estructura criminal pactó un fuego bilateral con el Gobierno a inicios del año, pero nunca iniciaron un diálogo de paz formal. En la grabación, hombres encapuchados y vestidos militarmente señalaron al Clan del Golfo, que en la zona es su rival, de los homicidios. “Jamás dejaremos sola a la población civil. Rechazamos todos los actos de criminalidad que se están presentando en la ciudad, decirles a las autoridades y dejarles bien claro que no tenemos nada que ver con lo que está sucediendo a la fecha en la ciudad y que estos actos jamás hacen parte de nuestro criterio”, se escucha en el vídeo.

Justamente, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló en un informe publicado el pasado lunes que el número de mujeres víctimas en las masacres ha ido en aumento. Un fenómeno que en Colombia sigue sin menguar, pues con esta ya se alcanzan las 87 masacres en lo corrido de 2023. “La UIA plantea que podría estar ocurriendo un cambio en los códigos de violencia en el crimen organizado, donde se promueven las violencias basadas en género como mecanismo de retaliación a los jefes o sicarios de los grupos criminales emergentes”, apunto el Tribunal en su análisis.

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