La nube negra que persigue a Uribe

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Buenos días, lectores,

Por más de que la niegue una y otra vez, la nube negra del paramilitarismo persigue al expresidente Álvaro Uribe incansablemente. Ya han pasado cerca de 20 años desde que surgieron las acusaciones de sus vínculos con grupos paramilitares mientras él era presidente, pero en todo este tiempo ningún proceso lo ha encontrado culpable, a pesar de que han ido cayendo decenas de personas de su entorno más cercano. Este mes, el máximo jefe paramilitar vivo, Salvatore Mancuso, actualmente extraditado en Estados Unidos, ha sido admitido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a raíz de evidencia nueva que involucra a Uribe directamente con la masacre de El Aro, cometida por paramilitares con la connivencia del ejército en 1997 en el norte de Antioquia, y con el asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos que se atrevió a denunciar la matanza en el momento. En respuesta, este lunes Uribe fue a la Fiscalía a presentar su versión de los hechos, en la que negó rotundamente cualquier conocimiento suyo y cuestionó la credibilidad de las pruebas aportadas por Mancuso.

Se reabre así una secuencia de procesos que, por tropiezos, zancadillas, cuestiones de jurisdicción o falta de pruebas concluyentes en las investigaciones judiciales que lo han puesto en la mira a lo largo de los años, mantiene al expresidente Uribe sin sentencia. Pero la opinión pública es más rápida –para bien o para mal– que el sistema judicial, y en consecuencia la figura de Uribe se ha convertido en una de las más divisorias del país: según la encuesta Invamer de octubre, el expresidente tiene un 55% de desfavorabilidad y un 34% de aprobación. El hecho de que en el fondo su nombre esté ya atado al paramilitarismo y su sangrienta historia significa que hasta cierto punto todo el fenómeno paramilitar también continúa en disputa en la narrativa de la historia reciente de Colombia. Para el ambicioso objetivo de una paz total será necesario que se despeje esta piedra en el camino.

Por un lado, una parte de la población da por hecho que Uribe estuvo profundamente involucrado en el paramilitarismo y sus actividades: consideran que la abundante evidencia de sus estrechos vínculos, personales pero también de sus Gobiernos, con tantos acusados y condenados por paramilitarismo y parapolítica hace inverosímil su aseveración de que él no tenía ni idea de lo que pasaba a sus espaldas. Por otro lado, están quienes lo apoyan incondicionalmente, confían en sus palabras de inocencia y consideran que todo es un complot construido para deshacer su reputación, como él mismo repitió el lunes.

Mientras en la Fiscalía avanza lentamente el enrevesado caso sobre manipulación de testigos, las nuevas aportaciones de Mancuso lo relacionan a dos sucesos particulares que se dieron en Antioquia mientras Uribe era gobernador de este departamento. En resumen, asegura que la masacre de El Aro se dio con el conocimiento y bajo el auspicio de la gobernación de Antioquia y del ejército. Asimismo, asegura que la orden de asesinar a José María Valle también vino de la Gobernación. La JEP determinó que las pruebas entregadas por Mancuso son válidas, pero todavía no son públicas ni se sabe qué tan contundentes son.

De todas maneras, ante estas acusaciones, Uribe vuelve a desplegar su defensa probada: negar todo sistemáticamente, desvirtuar las evidencias aportadas —“¿Cómo miente uno de los abogados de esta manera en unas audiencias judiciales? ¿Y su fuente es Wikipedia? Wikipedia también se equivoca”, dijo el lunes—, poner en tela de juicio la transparencia del ente judicial, que ahora es la JEP, y acusar de vuelta con el argumento de una persecución o complot político.

Con este nuevo episodio, la saga de Uribe se alarga y se abre un nuevo posible desenlace con lo que pueda salir de la investigación actual. Sin embargo, desafortunadamente, no parece que ese final esté remotamente cerca.

Otras historias

Antes de despedirme, aquí les dejo unos cuantos artículos que hemos publicado en la semana para que no se pierdan lo más importante en el país:

• Gustavo Petro III: un presidente abierto de nuevo al gran acuerdo nacional. Juan Diego Quesada relata cómo el mandatario cambia de estrategia y se reúne en la misma semana con los grandes empresarios y con el expresidente Uribe.
• Petro insiste en la reforma a la salud, aunque ponga en riesgo el resto del cambio. El presidente no cede en su idea de transformar con una ley el actual sistema público-privado, un asunto que genera una gran resistencia en la oposición y los independientes.
• En esta entrevista, Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia analiza el proceso de implementación del acuerdo de paz con las FARC al cumplirse siete años de la firma y se muestra optimista respecto a la negociación con el ELN: “La inseguridad no se va a resolver hasta que haya una presencia integral del Estado en los territorios”.
• Y, finalmente, la historia del desencuentro entre César Gaviria y Gustavo Petro, después de que el expresidente amenazara con retirar su apoyo al actual mandatario por su empeño en sacar adelante la reforma a la salud.

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