Petro se niega a ejecutar una sanción de la Procuraduría sobre un alcalde

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a enfrentarse con la Procuraduría General de la Nación. En una carta fechada el martes y divulgada este jueves por W Radio, el mandatario se ha negado a implementar la suspensión del alcalde de Riohacha (La Guajira), José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien no es políticamente cercano. “Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”, se lee en la misiva, que cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La procuradora, Margarita Cabello, ha respondido que el mandatario desconoce las atribuciones que le otorga la Constitución. “Ojalá que no se rompa la democracia”, ha declarado este jueves en un foro en Bogotá.

El motivo del nuevo enfrentamiento es la decisión del Ministerio Público de suspender durante tres meses a Bermúdez Cotes, justamente en el periodo de campaña previo a las elecciones locales del 29 de octubre. La fundamentación se refiere a presuntas irregularidades en la contratación de la red de alcantarillado y acueducto de Riohacha: entre ellas, realizar el proceso sin tener información actualizada sobre los bienes implicados, carecer de un estudio sobre la provisión de los servicios públicos domiciliarios en el área rural y no incluir condiciones para garantizar el acceso al agua por parte de la comunidad Wayuu. “Los elementos de juicio arrimados al proceso evidencian que la permanencia en el cargo del investigado posibilita la reiteración de la falta”, justificó la entidad en abril.

El Gobierno nacional es el que debe ejecutar la suspensión y nombrar un reemplazo provisional de Bermúdez. Pero, argumenta el presidente, es también una obligación del Ejecutivo “garantizar el cumplimiento del artículo 23 de la Convención ADH y ratificar los estándares convencionales de los fallos de la Corte IDH”. Según él, cumplir con el pedido de la Procuraduría pondría al país en riesgo de ser demandado por un “presunto acto ilícito internacional”.

El argumento del mandatario se fundamenta en varias sentencias, entre ellas la que lo favoreció a él mismo cuando demandó a Colombia por su breve destitución como alcalde de Bogotá en 2013. Entonces, la Corte IDH declaró que solo los jueces penales pueden sancionar a funcionarios electos por voto popular, como es el caso de los alcaldes en Colombia. Las autoridades administrativas, como la Procuraduría, solo tienen potestad de “vigilancia”. “Una medida cautelar constituye una clara restricción de los derechos políticos”, se lee en la justificación del presidente. “Los derechos y garantías fundamentales deben primar sobre cualquier otra norma”, añade.

La procuradora funda su interpretación alternativa en la Constitución política de 1991, norma que tiene la misma jerarquía en Colombia que el Pacto de San José, y en una tesis que se ha aplicado en el país de forma sostenida. “La Corte Constitucional avala a la Asamblea Constituyente, que determinó que la investigación, el juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, la debe realizar la Procuraduría General de la Nación”, aseguró Cabello después de que la carta del presidente se hiciera pública. Según ella, el país sudamericano es un caso especial que necesita que estas funciones no se restrinjan a los jueces penales: “La lucha contra la corrupción en Colombia sobrepasa los límites, casi que del mundo entero”.

“Todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país”, ha remarcado la procuradora. Para ella, Petro desconoce el Estado social de derecho e incumple “una orden constitucional”.

Ante el debate jurídico que creó la sentencia de la Corte IDH en el caso Petro, la Corte Constitucional tomó una posición intermedia el pasado febrero. Estableció que la Procuraduría no puede suspender o destituir a funcionarios electos por voto popular, pero puede investigar y determinar sanciones que serán efectivas si después consiguen el aval del Consejo de Estado, el máximo tribunal para asuntos administrativos de la justicia colombiana. La decisión tumbó una reforma al Ministerio Público en 2021, realizada con el objetivo de sortear las sentencias de la Corte IDH.

Petro considera que la Corte no ha sido lo suficientemente contundente en limitar a la Procuraduría. “Lástima que la Corte Constitucional restrinja esa prohibición solo a funcionarios elegidos, a ninguna persona se le pueden quitar sus derechos políticos, sino por sentencia de juez penal”, declaró en Twitter tras la decisión de febrero. Entonces, anunció que su Gobierno presentará un proyecto para legislar al respecto, aunque no dio más detalles. Asimismo, durante la campaña presidencial del año pasado, afirmó que su intención es eliminar al Ministerio Público como autoridad administrativa y llevar sus funciones a la Fiscalía General de la Nación.

Más allá de las interpretaciones jurídicas, los enfrentamientos entre Petro y Cabello tienen un alto componente político. La procuradora, exministra de Justicia del Gobierno de Iván Duque, es una de las principales rivales del mandatario y de su movimiento político. En mayo, la bancada del Pacto Histórico en el Legislativo denunció un “claro hostigamiento” del Ministerio Público por la posible suspensión de seis congresistas afines al presidente. “Hay una politización contra el Gobierno de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico por parte de la Procuraduría y la Fiscalía”, declaró el grupo parlamentario en referencia a Cabello y al fiscal Francisco Barbosa, el otro rival del Ejecutivo.

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