Se acaba el tiempo para que el Congreso apruebe las reformas sociales en el primer año del Gobierno de Petro

El tiempo es hoy el peor enemigo para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Los senadores y representantes a la Cámara tienen hasta el próximo 20 de junio, cuando se termina el periodo legislativo, para discutir, llegar a acuerdos y aprobar en el primer año de Gobierno los proyectos de ley de las reformas de salud, de pensiones y laboral, tres de las banderas más importantes y más debatidas del Ejecutivo.

En solo un mes, con aproximadamente 15 días hábiles de trabajo legislativo, estas reformas deberán pasar por cuatro debates cada una, dos en Cámara y dos en Senado, para volverse ley. El problema es que hasta este martes solo se habían aprobado tres de los más de 150 artículos de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. No se han comenzado a discutir la reforma laboral ni la pensional.

Se espera que la representante María Fernanda Carrascal, del petrista Pacto Histórico, radique en la mañana del martes la ponencia del texto de reforma laboral para que se pueda debatir en las próximas semanas. De la reforma de pensiones solo ha habido audiencias públicas lideradas por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

El tiempo normal para aprobar una de estas reformas es de entre 35 y 40 días, según ha dicho en varios escenarios el veterano secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco. Si un proyecto, por ejemplo, entra por una comisión de la Cámara de Representantes, como pasa con las reformas de salud y laboral, debe discutirse y aprobarse primero en esa comisión. Después de ese debate tienen que pasar ocho días para programar la votación en la plenaria. Si ahí se aprueba, se debe esperar 15 días más para que se pueda discutir en la comisión y otros ocho para llegar a la plenaria del Senado.

Todo esto en un escenario ideal, en el que el Gobierno tenga mayorías consolidadas y no haya problemas para conseguir los votos. Ese escenario por ahora no es real debido a la ruptura de la coalición legislativa, a la declaración de independencia del Partido Conservador y a la indecisión de los congresistas liberales y del Partido de la U, que aún no han definido una postura frente a las reformas.

Con esta perspectiva, el Gobierno no puede perder ni un día adicional porque si no los proyectos no tendrán posibilidad de pasar antes de que termine la legislatura, como ha pedido desde que llegó al poder en agosto de 2022 el presidente Petro: “Es necesario aprobar estas reformas en el primer año de mandato. No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”, dijo el presidente en una de las primeras reuniones con su bancada.

Esto parece difícil. Además de la pelea política y de la falta de tiempo, las reformas a la salud y laboral no se pueden discutir en paralelo porque están en la misma comisión. Entonces se debe aprobar una y después la otra. Esta especie de trancón legislativo reduce aún más las opciones. Por eso, la votación de este martes de la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara será clave para saber con qué apoyos cuenta realmente el presidente.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, puede solicitarle al Congreso que extienda los tiempos de debate e incluya sesiones extra entre el 20 de junio y el 19 de julio. El inconveniente en este caso será conseguir el quorum necesario para los debates. Muchos congresistas se van de vacaciones o viajan a sus regiones. Son días claves para ordenar los últimos detalles de las elecciones de alcaldes y gobernadores que serán en octubre y en las que los senadores y representantes se juegan una parte sustancial de su poder.

A este panorama complejo para las reformas sociales de Petro se suma la salida del hasta ahora presidente del Senado, Roy Barreras, por doble militancia. Barreras se había convertido en el mejor aliado del Gobierno en el Congreso. Fue clave en la aprobación de la reforma tributaria, de la ley de paz total y del Plan Nacional de Desarrollo. Sin él, el Gobierno buscará que haya una votación para que la presidencia del Senado quede en manos de Alexander López Maya, Senador del Polo Democrático, leal a Petro y a Francia Márquez, pero sin el mismo manejo del Congreso que Barreras. Mientras se da esa votación, que en sí misma puede retrasar otros trámites legislativos, el encargado es el liberal Miguel Ángel Pinto, lejano de las toldas gobiernistas.

“Es imposible que los tres proyectos pasen en esta legislatura”, reconoce a El PAÍS un funcionario del Gobierno que ha trabajado en las discusiones previas de las reformas y prefiere no dar su nombre. Lo mejor sería, opina, que en estos días cada reforma logre superar al menos un debate para que puedan seguir discutiéndose a partir de ese punto en el segundo semestre del año. Como son proyectos de ley ordinarios, tienen máximo dos legislaturas (que van de julio a julio) para aprobarse. “Siendo optimistas, al terminar el periodo legislativo de diciembre creo que pasarán dos reformas y se hundiría una”, explica.

El problema de esta opción es que en la otra legislatura, el partido de Gustavo Petro ya no tendrá la presidencia del Senado ni la de la Cámara de Representantes, a las que le apostó en el primer año del cuatrienio justamente por la estrategia de sacar todas las reformas adelante. Además, la coalición legislativa estará más desgastada y los congresistas estarán enfocados en las elecciones. Así será más difícil conseguir los votos suficientes para aprobar las reformas.

Andrés Segura, consultor en asuntos públicos y socio de la firma Ennoia, coincide en que el tiempo para las reformas “está muy apretado en esta legislatura”. De acuerdo con Segura, Petro sobreestimó el poder de su coalición para aprobarlas todas en el primer año: “El presidente se la jugó completa en esta legislatura, porque el próximo semestre es más difícil por elecciones, y en la tercera legislatura se sabe que el Gobierno no estará tan fuerte. Por eso, la decisión política de intentar pasar las apuestas arriesgadas en este primer año”.

Para Segura, el problema comenzó porque los equipos técnicos de los ministerios se demoraron mucho tiempo en construir las bases de las reformas y sobre todo en presentarlas al Congreso. Ya a finales de enero de este año, Roy Barreras y David Racero, también petrista y presidente de la Cámara, le habían pedido insistentemente al presidente que presentara las reformas para alcanzar a debatirlas. “Son 22 semanas para aprobar media docena de reformas y este es el número de días que tenemos en la legislatura”, dijo el 24 de enero Barreras. Hoy, casi cuatro meses después, ya no quedan 22 semanas sino cuatro y las reformas no han pasado el primer debate. Por eso, Segura insiste en que el Gobierno “tendrá que priorizar y sacrificar”.

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