Un abril letal en Colombia: 21 líderes sociales fueron asesinados

La cifra más alta de líderes sociales asesinados en lo que va de 2023 se registró el mes que acaba de pasar: 21 muertos, según Human Rights Watch (HRW). Juan Pappier, subdirector para las Américas de la organización, ha hecho público este martes un documento con los nombres y el tipo de liderazgo social que desempeñaban las víctimas. Todos sufren la violencia por igual: líderes juveniles, afros, mujeres, campesinos, indígenas. Nadie que se dedique a defender los derechos humanos en Colombia parece estar a salvo.

En total, HRW ha documentado 55 asesinatos de defensores y líderes sociales en los cuatro primeros meses de este año. “Para frenar esta matazón, Colombia necesita urgentemente reestructurar y fortalecer su sistema de protección de líderes sociales e implementar eficazmente una política de seguridad destinada a proteger a la población”, dice Pappier en un mensaje a este diario. La última víctima fue Carlos Andrés Torres, de 20 años y un reconocido líder juvenil en el Tolima. Fue asesinado de un disparo el 30 de abril. “Sin líderes sociales no habrá ‘paz total”, sentencia el investigador, que ha advertido que no basta con iniciar negociaciones de paz y de sometimiento con grupos armados si no se amplía la presencia estatal y se implementan los mecanismos del acuerdo de paz con las FARC para proteger a líderes sociales en las regiones.

En agosto del año pasado, HRW le envió una carta al Gobierno de Gustavo Petro con varias recomendaciones para su propuesta de “paz total”. La primera, la principal para conseguir la paz, era poner en marcha una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos, con planes específicos para proteger a defensores de derechos humanos, líderes sociales y otros grupos en riesgo. Han pasado nueve meses y siguen desprotegidos. En este frente, “la paz total” de Petro tampoco ha tenido éxito.

La Misión de Verificación de la ONU ha cuestionado que el Gobierno todavía no tenga una hoja de ruta para materializar lo que prometió: proteger a los líderes sociales y excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz con las FARC. Más allá de los llamados Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que se han instalado en varias partes del país, no hay mucho más que mostrar del plan de emergencia para proteger a los líderes al que se acogió el Gobierno el año pasado. En el Cauca, donde se instaló el primer PMUV, este año se han registrado las peores cifras de violencia contra los defensores de derechos humanos, nueve asesinatos contra líderes entre enero y abril.

Las organizaciones sociales han llamado a la Fiscalía a darle prioridad a las investigaciones por estos crímenes para evitar que se perpetúe la impunidad, que ha sido “un factor determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias”, denunciaba a este diario hace unos días la organización Somos Defensores.

El asesinato el pasado 30 de abril de Carlos Andrés Torres en Chaparral ocurrió casi un año después de que en ese mismo municipio fuera asesinada la líder Eiízabeth Mendoza, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Calarcá Tetuán, también en Chaparral. La mujer, de 32 años, fue asesinada junto a su esposo, su hijo y un sobrino el 24 de mayo de 2022, en hechos que todavía son investigados. No hay detenidos ni responsables por la masacre, la número 44 de ese año, según las estadísticas de asesinatos colectivos en el país.

Este año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se han registrado 34 masacres y al menos diez firmantes de paz han sido asesinados. Desde 2016, cuando se celebró el acuerdo entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, 358 excombatientes han sido víctimas de homicidios tras dejar las armas. La falta de implementación del acuerdo de paz también ha tenido consecuencias en las vidas de los líderes sociales: 1.466 asesinados en los años que le han seguido a la firma. La violencia sistemática persiste en contra de líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil.

Según un estudio de Indepaz sobre la situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, “la falta de presencia estatal en las regiones más afectadas por la violencia social y política, hacen que el principal factor de riesgo continúe siendo la generación de disputas económicas y políticas, de la mano con la existencia, organización y fortalecimiento de estructuras legales e ilegales”.

Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que cita Indepaz, señala que en la mitad de los crímenes contra excombatientes, incluidos los que no tienen avance de investigación, han evidenciado el uso de sicarios contratados por terceros, “lo que es indicio de otros perpetradores directamente asociados a intereses económicos y políticos locales o regionales”. Esa misma investigación apunta como presuntos responsables a las disidencias, en el 49% de los casos; seguido por el Clan del Golfo y el ELN. “El ambiente de estigmatización, que se ha promovido a todo nivel en contra de los acuerdos de paz, la justicia transicional y de los excombatientes y líderes, es uno de los motores de mayor incidencia o desencadenante de las agresiones y asesinatos”, concluye Indepaz en su estudio.

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