Más de quince años lleva Gladys Aristizábal luchando por los derechos de las víctimas del conflicto. Su historia de vida la convirtió en lideresa social. Llegó desplazada a Bogotá por amenazas y fue víctima de violencia sexual. Nada la ha tenido y desde que llegó a la capital lidera un grupo de lideresas que le hacen seguimiento al auto 092 de 2008, en el que la Corte Constitucional ordenó adoptar medidas para proteger a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Las ilusiones de Gladys, y más de 900 líderes amenazados del país estaban puestas en el nuevo Gobierno. Con diversas plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, a partir de su experiencia construyeron y le entregaron al presidente Petro un par de días después de posesionado un Plan de Emergencia para la protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

El documento presentado por las organizaciones sociales proponía 7 ejes, 26 acciones para los primeros 30 días, y 23 para los primeros tres meses. Se pondrían en marcha en 65 municipios y 6 capitales priorizadas en todo el país. La idea era hacer un primer corte de cuentas pasados 100 días de Gobierno. Ya han pasado nueve meses y el avance es escaso. Así lo alertó la Misión de Verificación de la ONU en su informe trimestral, en el que afirma “el gobierno aún no ha elaborado una hoja de ruta para materializar sus compromisos en materia de seguridad y protección de líderes sociales y excombatientes en el marco del plan de emergencia adoptado en 2022″. Tampoco han cambiado las cifras de homicidios de líderes: según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados 35 líderes en el primer trimestre del 2023, cuando en el mismo período de 2022 se contabilizaron 33.

Fortalecer lo ganado

Para Lourdes Castro, de Somos Defensores, que el ejecutivo haya acogido la propuesta ya fue un primer gran paso. “Valoramos positivamente que una propuesta construida desde las plataformas de derechos haya sido adoptada en su integralidad como una hoja de ruta. Nos parece una señal de voluntad política que supera el negacionismo frente a la gravedad de la situación que tuvimos los cuatro años anteriores”, afirma. En estos nueve meses el principal avance es la instalación de 235 puestos de mando unificados por la vida. Aunque inicialmente se habían propuesto 65 municipios priorizados, empezando por Caldono (Cauca), con el tiempo el número de municipios se ha ido incrementando. Asimismo, las organizaciones sociales destacan la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una instancia que nació del Acuerdo de Paz de 2016 y que durante el mandato de Iván Duque estuvo eclipsada y no cumplió con uno de sus objetivos fundamentales: diseñar una política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las plataformas de derechos humanos que construyeron el plan, destaca que se reiniciaran las reuniones de la Comisión de Garantías, y valora que se han empezado a trabajar las medidas más estructurales. “El Ministerio del Interior ha empezado a dar pasos en medidas de largo plazo como la política integral de garantías y la reactivación del proceso nacional de garantías. Eso es muy significativo porque permite que se aborde de manera integral la situación”, sostiene.

Avanzar en lo pendiente

A las organizaciones sociales les entusiasmaban las medidas orientadas a reconstruir la confianza en las instituciones gubernamentales. Para ello se buscaba derogar lod decretos que reglamentaban el Plan de Acción Oportuna. Este fue ideado en el Gobierno Duque y pretendía proteger la vida de los líderes a través de una concepción de seguridad militarista y aumentando del pie de fuerza militar. Las organizaciones lo criticaron duramente porque el movimiento social no participó en su elaboración y en cuatro años no fue eficaz.

Con la misma idea de generar confianza y para exaltar la labor de los lideres, el plan proponía que Petro expidiera una directiva presidencial que reconociera su labor. Aunado a la directiva, el plan preveía la realización de actos públicos que rescataran los aportes que hacen los defensores de derechos humanos, en cabeza de la Presidencia. La idea era ayudar a reducir la estigmatización de sus luchas. Hasta el momento, más allá de los actos protocolarios al instalar los puestos de mando unificados por la vida, no se han realizado esos eventos. “Quienes hemos vivido la guerra, los más humildes, los más vulnerables, esos son los que hoy pedimos que lo que no se garantizó en año anterior, que lo que no se aplicó en cuatro años, hoy se cumpla. Ser esa voz que promueve el cambio también nos está exponiendo muchísimo más en este momento”, señala la lideresa Aristizabal. La mayoría de las metas del plan estaban en responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Presidencia. Para conocer a detalle en qué iban cada una de estas tareas El País se comunicó con las entidades, pero no obtuvo respuesta.

El gran reto de la articulación

Uno de los mayores desafíos para aplicar el plan es la articulación entre las instituciones que tienen responsabilidad en la protección de líderes sociales y excombatientes. Ese reto, heredado por este Ejecutivo, sigue sin sortearse.

Así quedó claro en una citación que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz al Alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. En el auto la justicia transicional le pidió a Rueda que en el marco de la política de paz total se tengan en cuenta los mecanismos provenientes del Acuerdo de Paz de 2016: “Estas cifras alarmantes [de homicidios] llevan a reclamar con carácter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la política pública y plan de acción sean aprobadas, así como la coordinación, articulación y optimización de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho propósito”. Otra encrucijada ha sido la armonización con la Fiscalía General de la Nación, especialmente con la Unidad Especial de Investigación para desmantelar organizaciones criminales, que se creó en 2017 como una instancia autónoma, pero actualmente depende del Fiscal General. Eso suscitó críticas por los cambios en su autonomía investigativa y la posible limitación de destinados para ella.

Para los líderes, esa decisión trajo consigo problemas en el acceso a la información de los procesos que se llevan a cabo por homicidios contra líderes sociales. “Ha sido difícil conocer el estado de las investigaciones, incluso en las investigaciones que deberían estar en curso a raíz de las denuncias que se han presentado en los puestos de mando unificado”, cuenta Rodríguez. En ello coincide la directora de Somos Defensores: “yo le haría un llamado a la Fiscalía porque sino avanzamos en esclarecer las responsabilidades, tanto de factores materiales como intelectuales o de los patrones que están detrás de las agresiones, pues se perpetúa la impunidad que ha sido un factor de determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias”.

Las plataformas y organizaciones sociales preparan un seguimiento detallado al plan para las próximas semanas y aseguran que están dispuestos a mejorar lo que sea necesario, pero asimismo invitan al gobierno y sus instituciones a que se apropien del plan, pues la vida de líderes como Gladys y miles más a lo largo del país siguen en riesgo.

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