Cinco recomendaciones de Human Rights Watch para el éxito de la “paz total”

La organización internacional para la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), le envió este viernes una carta al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. El documento, firmado por la excongresista colombiana Juanita Goebertus, nueva directora de la división de las Américas, y por Juan Pappier, investigador sénior, contiene cinco recomendaciones específicas para el éxito de la política de “paz total”, en la que ha insistido el nuevo gobierno.

La “paz total” tiene cuatro grandes líneas: implementar a cabalidad el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016; retomar las conversaciones en Cuba con el ELN; comenzar los diálogos con otros grupos armados como bandas criminales, disidencias de las FARC y el llamado Clan del Golfo para que dejen las armas y se acojan a la justicia a cambio de beneficios jurídicos; y cambiar la estrategia de la guerra contra las drogas. Sin embargo, no hay un documento de estrategia que aclare exactamente cuáles son las metas e indicadores de esa política, por lo que las recomendaciones son más un insumo que una crítica o una aprobación.

La carta, que es la primera acción de Goebertus como cabeza de la entidad, reconoce la agudización de la violencia en los últimos años y asegura que, si se diseña adecuadamente, la “paz total” podría contribuir a mejorar los derechos humanos de las personas que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado. “Durante los últimos cinco años, muchas regiones de Colombia han sufrido un aumento de la violencia por parte de los grupos armados, lo que ha significado altos niveles de desplazamiento forzado masivo, masacres, confinamiento e incremento de homicidios, incluyendo de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales”, se lee en la misiva. Las cinco recomendaciones son las siguientes.

Garantizar protección y seguridad en los territorios

La primera recomendación que le hace HRW al nuevo gobierno es que diseñe una nueva política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos, lo que encaja con lo poco que hasta ahora ha revelado Petro sobre su “seguridad humana”. Para HRW, en esa política las fuerzas de seguridad del Estado deben enfocarse en proteger la integridad física de los ciudadanos, especialmente en las zonas de mayor conflicto. Sugiere que el Gobierno cree planes específicos para proteger a defensores de derechos humanos, líderes sociales y otros grupos en riesgo. “Esta nueva política debe garantizar la seguridad de la población civil antes, durante y después de las negociaciones, y podría crear incentivos adecuados para que los grupos armados acepten las negociaciones”.

HRW, además, asegura que las políticas de seguridad implementadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque no garantizaron los derechos humanos en zonas remotas de Colombia y permitieron que los grupos armados ampliaran su control territorial. En este punto, la organización insiste en la necesidad de desmantelar las economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero, de los grupos armados con los que se quiere negociar.

Decidir con quién negociar y de qué manera

Otra de las sugerencias es escoger muy bien con cuáles de las decenas de grupos armados que hoy están activos en Colombia quiere negociar el Gobierno. HRW afirma que los principales grupos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más de 30 disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. “Decidir con qué grupos negociar y cómo llevar a cabo estas negociaciones será una decisión crucial para su política de paz total”.

La carta aclara que si bien tratados internacionales como los Convenios de Ginebra establecen que se debe negociar con grupos armados, el gobierno tiene la libertad de decidir quiénes entran en esa categoría: “la decisión de realizar negociaciones con un grupo armado, cualquiera que sea su estatus según el derecho internacional, depende del gobierno”. Finalmente, Goebertus y su equipo instan al Gobierno a revisar la clasificación actual de grupos armados , que, según ellos, “ha sido poco clara y ha fomentado confusiones tanto en la distinción entre estrategias de sometimiento a la justicia y de negociación política de paz”, se lee en la carta.

Abordar las causas que perpetúan la violencia

La tercera recomendación es buscar resolver las causas que permiten que los grupos armados recluten nuevos combatientes. HRW hace énfasis en tres de ellas: la ausencia del Estado en algunos territorios; la pobreza y la desigualdad; y el auge de las economías ilegales, especialmente el narcotráfico.

Para resolverlas, la organización propone implementar más Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los territorios más afectados, reducir el poder de los grupos armados y el crimen organizado con investigaciones criminales que los desmantele, y desarrollar enfoques alternativos en política de drogas que estén basados en estándares internacionales de derechos humanos. “Aplaudimos su propuesta de un llamado regional para poner fin a la guerra contra las drogas, que ha demostrado ser ineficaz para proteger la salud pública y ha llevado a violaciones masivas de derechos humanos en América Latina”, dice la carta.

Garantizar los derechos de las víctimas

El Estado colombiano está obligado a garantizar recursos efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por eso, para HRW el nuevo Gobierno debería investigar los abusos a las víctimas de manera “efectiva, rápida, exhaustiva e imparcial y asegurar que los responsables rindan cuentas”. La organización sugiere que se debe garantizar “el acceso a la justicia, la verdad y una reparación que sea proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido”.

Finalmente, Goebertus y Pappier sugieren que todos los acuerdos que firme el Gobierno con grupos armados “cumplan con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de abusos graves e incluya condiciones adecuadas, como la verdad completa y la reparación a las víctimas, para los perpetradores que reciban sentencias reducidas”

Evitar desmovilizaciones fraudulentas

La última recomendación es evitar las desmovilizaciones fraudulentas, como la del Bloque Cacica La Gaitana de las Autodefensas Unidad de Colombia. “Colombia también tiene un historial de personas que fingen ser parte de grupos armados para obtener beneficios ilegales durante desmovilizaciones. En particular, esto ocurrió durante la desmovilización de los grupos paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz”, explican en el documento.

Para evitar que esto ocurra, dice HRW, el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez debe trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones para verificar exhaustivamente la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. “Ello será particularmente desafiante en el contexto actual de Colombia, puesto que existe un gran número de grupos armados que operan de forma fluida y difusa”.

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