Vuelve la paz total urbana: el Gobierno oficializa el inicio de los diálogos con las bandas armadas de Medellín

Con el anuncio de un cese de hostilidades, confrontaciones y disputas por parte de 16 de los voceros de estructuras armadas ilegales de Medellín y el resto del Valle de Aburrá recluidos en la Cárcel ‘La Paz’ de Itagüí, el Gobierno de Gustavo Petro en cabeza de Danilo Rueda da un paso adelante en la paz total. Rueda, en conferencia de prensa, anunció que inicia un proceso de diálogos de paz con los grupos armados de esta ciudad.

De acuerdo al Alto Comisionado, el proceso busca someter a la justicia a las aproximadamente 14.000 personas que integran estas bandas. Además, señaló que se instalará una mesa compuesta por delegados del presidente, referentes en la ciudad y personajes de la vida política de la región. El periódico regional El Colombiano anunció que entre los posibles estarían la ex comisionada de la verdad Lucía González y el exsecretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Martínez.

La senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, quien proviene de la organización social Ríos Vivos que trabajaba en el norte de Antioquia, especialmente en la zona de Ituango, acompañó a Rueda en el anuncio en la cárcel de Itagüí. Desde allí enfatizó la importancia de este propósito de pacificación y sostuvo que en muchos casos el control territorial de esas bandas se extiende a lo largo y ancho del departamento.

Si bien en la rueda de prensa el Alto Comisionado no detalló cuáles son exactamente las bandas que participarán en los diálogos, sí afirmó que han logrado involucrar a más del 90% de las estructuras con control territorial en la ciudad y el área metropolitana. En 2020 el Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF) de la Universidad Eafit alertó que en la capital antioqueña existían alrededor de 350 ‘combos’, en su mayoría subordinados a las 15 grandes bandas de las que se tienen registro en el Valle de Aburrá.

A inicio de 2023, se habló que los retrasos en el comienzo formal de estos diálogos tuvo que ver con la demora en el traslado de varios cabecillas a la cárcel de Itagüí. Rueda corroboró ese punto hoy al afirmar que “esos traslados que se han desarrollado están conforme a la constitución y la ley, lo que significa que pasaron por todos los protocolos que tiene el INPEC”.

Como aclararon algunos integrantes de las bandas armadas en conversaciones con EL PAÍS en enero, la gran pregunta es qué tratamiento jurídico tendrán en caso de lograr un acuerdo. Según información de El Colombiano, Rueda aseguró que las bandas no recibirán un estatus político, como varias de ellas exigen.

El gobierno ha mostrado la reducción de homicidios en Medellín que logró 8 días sin asesinatos en enero, como un logro de estos diálogos. Sin embargo, de manera paralela los robos y las extorsiones han ido al alza.

Aunque no se reveló este viernes cuándo se instalará la mesa de negociación, quedó sugerido que será en las próximas semanas y entretanto se irán conociendo más detalles. Está por verse si las organizaciones sociales de la región, que habían reclamado una participación más activa en los diálogos exploratorios, clamando porque las víctimas fueran el eje central, se sentarán a la mesa.

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