Danilo Rueda pide levantar órdenes de captura de la Segunda Marquetalia

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, insistió ante el Congreso en la necesidad de levantar las órdenes de captura contra los jefes de la Segunda Marquetalia, el grupo armado creado por el ex negociador de las FARC Iván Márquez. Rueda, que es la cabeza visible de la propuesta de paz total del Gobierno, se refería a la crisis humanitaria que viven las comunidades del Alto Mira, en la zona rural de Tumaco (Nariño), donde hay confrontaciones entre grupos armados, campos minados y desplazamiento.

“Si lográramos avanzar en el levantamiento de las órdenes de captura de la Segunda Marquetalia para que tuvieran su reunión de mando, podríamos propiciar un espacio para resolver la situación del Alto Mira”, dijo Rueda. “Respetando la autonomía de poderes, hay asuntos que el Gobierno no puede resolver solo, los llamo a la sensatez, no a la justificación”, agregó.

Rueda fue citado a un debate de control político sobre la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC; pero como la situación está totalmente relacionada con las conversaciones y exploraciones con otros grupos armados, el Comisionado habló de esos otros procesos que están avanzando. En diversas ocasiones, el Gobierno ha dicho que el punto de partida de la paz total es el Acuerdo de paz del Teatro Colón, firmado con las extintas FARC en 2016. Pero decisiones suyas como eliminar la Alta Consejería para implementar ese acuerdo, que involucra a unos 13.000 excombatientes, han sido señaladas como pruebas de su falta de compromiso.

El senador de la coalición de Gobierno Iván Cepeda, conocido como el ideólogo de la paz total, fue uno de los que citó al debate. “En algunos aspectos (de la paz) hay avances sustanciales, pero estos aún son insuficientes. Hay políticas que están por desarrollarse, disminución en rubros y se han cometido equivocaciones como la eliminación de la Alta Consejería para la implementación del acuerdo de paz, que se está corrigiendo”, dijo en su intervención.

El Comisionado de Paz lleva ocho meses en acercamientos con grupos armados de distinto origen y carácter político. Su objetivo es una múltiple negociación, pero su método ha recibido críticas de excomisionados de paz y analistas. En el Congreso, Rueda hizo un recuento la dimensión del problema que heredó el Gobierno Petro de su antecesor. “Nos encontramos con 6 conflictos armados. En 2016 había tres. Es decir, se multiplicaron. Ese reciclaje de la violencia obedeció a los incumplimientos iniciales del acuerdo del Teatro Colón”.

El panorama es tétrico. Según Rueda, desde 2016 grupos como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, comenzaron a operar en regiones como Chocó o Montes de María, donde nunca antes tuvieron presencia sostenida. Ahora, aseguró, coparon 14 departamentos donde antes operaban las extintas FARC. “El gobierno de Juan Manuel Santos intentó el desmonte de esa estructura. En ese momento eran 2.500 hombres. Hoy son 6.000 según fuentes internas del Gobierno, pero según fuentes externas, son 9.000″.

Rueda mencionó también que algo similar ocurre en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde 1.000 hombres de un grupo armado controlan área de operación donde estuvieron las Farc, con tentáculos que llegan incluso a la turística ciudad de Santa Marta. “Nos encontramos también con un crecimiento exponencial del ELN y con dos expresiones armadas: disidencias con cerca de 1.800 hombres, de acuerdo con información interna que operan en 16 departamentos de Colombia”, aseguró. En algunos casos, deben pedir ‘permiso’ para que los funcionarios de temas de paz puedan ingresar a las comunidades.

Además de ese recuento, Rueda se defendió de las críticas de desfinanciamiento de la implementación del Acuerdo de paz, asegurando que la falta de recursos viene del Gobierno de Iván Duque. La organización Transparencia por Colombia realizó un estudio para analizar cómo se destinaron los recursos de la paz y, de acuerdo con Rueda, encontró al menos 34.000 contratos que no estaban asociados a puntos específicos del Acuerdo de paz. “Hubo un rezago político y algo más grave: los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y los 16 del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos PNIS, no habían sido planificados ni tenían financiación. La desfinanciación obedece a que estos asuntos no fueron contabilizados”, aseguró.

Una denuncia similar hizo Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). “Tengo las pruebas de que el Gobierno pasado usó el fondo paz para financiar y comprarles equipos a las fuerzas militares, drones, camionetas, chalecos blindados, camisetas a la Policía y hasta equipos de interceptación”. Sin embargo, sobre él recae la responsabilidad de haber eliminado la Consejería que se ocupaba de la paz.

Las palabras del Comisionado tuvieron efecto inmediato. Emilio Archila, quien fue Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, encargado de implementar el Acuerdo de Paz durante el Gobierno de Iván Duque, dijo que casi todo lo presentado por Rueda como positivo fue trabajo de la administración. “2% fueron palabras pretendiendo que no se ha avanzado. 3 % propuestas del Gobierno para algún día y un 95% fue la exposición de los resultados logrados en los 4 años de nuestro trabajo”, se quejó.

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