Petro confirma la autenticidad de un documento de tres ministros contra la reforma a la salud

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha confirmado este lunes la autenticidad de un documento de cuatro miembros del Gabinete con críticas a la reforma a la salud. “Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello”, ha defendido el mandatario. El texto, filtrado el fin de semana a través de la revista Cambio, fue parte de los debates previos a la radicación del proyecto de ley.

El documento, de 17 páginas, lleva las firmas del ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra de Agricultura, Cecilia López; el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González. Representan al sector más moderado del Gabinete y son esenciales para el presidente por la tranquilidad que le generan a los mercados, especialmente el encargado de las finanzas.

La principal preocupación de los ministros era el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las empresas públicas o privadas que actualmente administran la salud de la mayoría de los ciudadanos. Los tres ministros y el director del DNP argumentaban que debía mantenerse este sistema público-privado porque, a criterio de ellos, es más eficiente que dejar en el Estado el manejo de los recursos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, replicó que la contrapropuesta era “regresiva y neoliberal”, según la revista Cambio.

Petro apoyó a Corcho en una reunión que tuvieron justo antes de presentar el proyecto. Los ministros en disidencia se quejaban de que sus planteamientos no habían sido tenidos en cuenta en las modificaciones finales al proyecto. Y tenían razón: el texto presentado al Congreso el pasado 13 de febrero formalmente mantiene a las EPS pero las despoja de sus funciones principales. No obstante, el presidente ha defendido este lunes que sí escuchó a sus ministros. “Hice reunión con las EPS por ello”, ha comentado en referencia a un encuentro en el que les aseguró a representantes del sector que las aseguradoras podrían sobrevivir si se adaptaban al nuevo sistema.

Otro señalamiento es que el proyecto afecta el derecho fundamental a la salud y debe tramitarse como una ley estatutaria, lo que implica unas mayorías más estrictas y unos plazos más cortos en el Congreso. Corcho y el presidente, sin embargo, no están de acuerdo. Consideran que modifica la ley 100 de 1993, que no es estatutaria, y que por consiguiente es correcto presentarla como una ley ordinaria, que solo necesita una mayoría simple para aprobarse.

Los tres ministros y el director del DNP también cuestionaron el financiamiento de la reforma. En la carta, afirman que el Gobierno subestima los costos y que estos podrían ascender a 90 billones de pesos (unos 18.700 millones de dólares) durante el cuatrienio actual. Corcho les respondió que varios de los gastos que ellos contemplaban iban a hacerse con la reforma o sin ella. En la misma línea se ha expresado este lunes el presidente, que presentó un cuadro con cifras: “Tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. Estos costos hay que pagarlos con o sin reforma y no se deben a ella”.

Otras figuras del Gobierno han salido este lunes a respaldar al presidente. “Son documentos viejos y debatidos. Calma que apenas comienza el debate”, ha afirmado en Twitter el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada. Algo similar ha remarcado la jefa de Gabinete, Laura Sarabia: “Lo que la filtración no dice es que el documento fue discutido [durante] varios días”. Según ella, el informe inicial del Ministerio de Hacienda incluía los costos que el Estado debe asumir más allá de la reforma. “Este año, malos manejos de algunas EPS dejarán sin salud a más de 7 millones de colombianos”, ha agregado.

Esta no es la primera vez que se filtra un documento crítico con la reforma desde dentro del Gobierno. El ministro Gaviria, que fue jefe de la cartera de Salud entre 2012 y 2018, presentó a principios de este mes otra carta que cuestionaba el proyecto. Resaltaba que el diagnóstico del punto de partida ha sido incorrecto: “Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales”. Señalaba, además, malas experiencias previas con pagadores únicos públicos y posibles dificultades en coordinar la transición. Según Gaviria, el sistema actual tiene logros que hay que defender: “Es producto de 30 años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio”.

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