El ‘regalo’ de los 20 billones de pesos: la adición presupuestal pone a prueba las prioridades del Gobierno

El Gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos una gran oportunidad: decidir en qué gastar un paquete de recursos que llegarán por la reforma tributaria aprobada en noviembre, el mayor recaudo de impuestos en 2022 debido a que la economía creció más de lo esperado y las utilidades de Ecopetrol y el Banco de la República. Son entre 20 y 24 billones de pesos (4.000 a 5.000 millones de dólares) que ampliarán el gasto público en pleno año electoral: Colombia elegirá en octubre nuevos alcaldes y gobernadores, una jornada en la que Petro y sus aliados medirán el pulso contra partidos y clanes tradicionales por el poder regional, después del triunfo en las presidenciales.

Los anuncios que el ejecutivo ha hecho hasta ahora, cuando ya tiene los gastos básicos cubiertos por el presupuesto aprobado, son ambiciosos y revelan cuáles de sus apuestas sociales pasarán primero del discurso a la realidad. Incluyen, entre otros, una ayuda mensual de medio millón de pesos (poco más de 100 dólares) para madres vulnerables cabeza de familia, un aporte similar para adultos en edad de pensionarse que no tienen ese ingreso – solo uno de cada cuatro cuenta con esa mesada – y un salario de un millón de pesos para 100.000 gestores de paz, un programa que promete abrirles puertas hacia la educación y el empleo a jóvenes de zonas afectadas por la violencia. Solo este último implica un gasto de 1,2 billones de pesos al año.

El proyecto de adición deberá ser radicado ante el Congreso de la República, que discutirá la distribución de los fondos. “Lo que anticipo es que se va a tramitar muy pronto porque cualquier cosa que se decida, el Gobierno y el Congreso van a querer que esté en plena ejecución cuando lleguen las elecciones de octubre. Ese va a ser el afán”, opina el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. De ser así, subsidios como los dirigidos a las madres o a los adultos mayores se empezarían a girar en mayo o junio, es decir, unos meses antes de las elecciones.

El Gobierno ya tiene dinero comprometido, sin haber pasado por los debates en el Capitolio. Redujo a la mitad las tarifas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) para motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de transporte público, con un costo de unos 2 billones de pesos al año, según estimaciones oficiales. Esta semana, además, reversó el incremento automático de las tarifas de los peajes que, como son ingresos de los concesionarios viales que tienen contratos con la Nación, implica que el Estado ponga dinero adicional. “Según los cálculos del Ministerio de Hacienda son $800.000 millones”, explicó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, esta semana.

Ambas decisiones son un mecanismo para neutralizar o reducir el malestar de los conductores por el alza de la gasolina y el diésel. La administración de Petro se lanzó a autorizar ese ajuste – pese al impacto que tendría en la inflación ya disparada – para reducir el millonario déficit que desde hace años viene causando el subsidio a los combustibles. Solo en 2022, sumó 36 billones de pesos, casi dos veces lo que se planea recaudar con la reforma tributaria. Sostenerlo, además, habría sido una señal contradictoria con la transición energética.

La adición presupuestal pasará por el Congreso al tiempo con el Plan Nacional de Desarrollo, que define las políticas para el cuatrienio. Juntos, no solo abrirán pista para el despegue de nuevas iniciativas, sino que establecerán cuáles continúan. Por ejemplo, mantener el programa “Mi casa ya”, que desde 2015 otorga un subsidio a la cuota inicial para la compra de vivienda a familias de bajos ingresos y una reducción de la tasa de interés en los primeros años del crédito, exige recursos extra. Más de 80.000 beneficiarios esperan este año que se conserve el beneficio. El presidente encargado de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, Edwin Chirivi, se declara optimista. “El Gobierno reconoce que es un programa fundamental, no solamente para el sector, sino para el desarrollo económico y la generación de empleo”, sostiene. Otros sectores también están a la expectativa de ayudas. Los agricultores, por ejemplo, confían en que se concrete la reducción del precio de los fertilizantes como alivio a los costos de producción y el alza exagerada de los alimentos.

Los recursos son limitados y las necesidades inagotables en Colombia, donde más de 19 millones de personas viven en condiciones de pobreza y seis de ellas en pobreza extrema, es decir, subsisten con menos de 161.000 pesos mensuales (32 dólares al mes). Una cuarta parte de la población en las ciudades principales no logra consumir tres comidas al día, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). A los problemas estructurales, se suman emergencias como la ola invernal que deja más de 400.000 damnificados en solo tres meses. Los habitantes de Cauca y Nariño, en el suroccidente del país, están incomunicados desde el pasado 9 de enero por un gigantesco derrumbe como consecuencia de las lluvias. Entre más días pasan, más se agudiza la crisis.

El Gobierno y el Congreso no solo pondrán a prueba su habilidad para optimizar la distribución de los recursos. También su responsabilidad, sin interferencia de intereses electorales, en un difícil contexto económico. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierte que el escenario macroeconómico este año continuará siendo retador por variables como la inflación y su impacto en el consumo. Otro riesgo es que el Estado deberá pagar muchos más intereses; solo en 2022 el aumento fue de 24 billones de pesos y en 2023 se estima en 68,3 billones de pesos. “La dinámica de la deuda dependerá críticamente del comportamiento de las tasas de interés de la deuda pública, hoy en niveles altos, y de la tasa de cambio. Una senda de deuda pública más alta limita la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques inesperados”, señala el Comité.

El ministro Ocampo ha reconocido la importancia de proteger la sostenibilidad fiscal. Al anunciar el plan financiero de este año, anticipó el aumento del pago de intereses de deuda, explicó que planea saldar en su totalidad el hueco del fondo de estabilización de precios de los combustibles y que la meta es reducir el déficit fiscal del 5,5% el PIB al 3,8%. El CARF ve con buenos ojos ese escenario, pero advierte que concretarlo dependerá de que los ingresos de la reforma tributaria se consoliden en el mediano plazo. “La desaceleración real de la economía que se supone para 2023 y 2024 podría tener efectos adversos sobre el recaudo”, alerta. Adicionalmente, siguen abiertas otras incógnitas, especialmente si se autorizará el desarrollo de nuevos proyectos de hidrocarburos y los efectos que podrían tener las futuras reformas sociales: la laboral, la pensional y la de salud.

Así, aunque tener una adición del 6% del monto inicial del presupuesto para este año es una oportunidad, los anuncios del Gobierno son numerosos y el bolsillo no alcanza el tamaño de sus ambiciones. “El gasto aumentó de forma importante durante la pandemia y gran parte de los gastos temporales se volvieron permanentes. La adición presupuestal que se planea para 2023 aumentará el gasto aún más. Lo anterior pone presión sobre el esfuerzo adicional que tendría que hacerse si los ingresos de la reforma tributaria no se consolidan como permanentes”, concluye el Comité de la Regla Fiscal.

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