La historia oculta de cómo Colombia logró el acuerdo para el salario mínimo

La primera ministra comunista en la historia de Colombia logró que el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras se pusieran de acuerdo en el aumento del salario mínimo. Esos acuerdos son relativamente atípicos, pues solo se han logrado en 4 de los 10 años anteriores. Este año no parecía fácil por el entorno de inflación disparada, desempleo que no cede, temores de recesión aupados por el presidente, gremios afectados por una reforma tributaria, sindicatos expectantes del apoyo del Gobierno que ayudaron a elegir y una ministra que plantea presentar una reforma laboral y otra pensional en 2023.

A pesar de todo eso, hubo acuerdo. Según cuatro personas que estuvieron en la negociación, eso se logró gracias a factores positivos de los tres lados que participan de la definición del salario mínimo: el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. “La concertación de la ministra, la apertura de los sindicatos y la estrategia de los gremios se sumaron para lograr el acuerdo”, explica Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y cabeza de uno de las cinco centrales patronales que tenían asiento en la mesa. Con él coincide otro de los representantes gremiales, Bruce MacMaster de la ANDI.

Gloria Inés Ramírez, la ministra, logró varias cosas. Una fue crear una relación de cercanía, de confianza, con los representantes gremiales. Ya la tenía con los voceros sindicales, que conoce en su larga trayectoria en la izquierda y en el sindicalismo, pues entre otras fue presidenta de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las tres grandes centrales obreras. Justamente la CUT está representada en la mesa.

El liderazgo de la ministra se manifestó en varias cosas. Una fue profundizar una apuesta de lograr que el salario mínimo deje de ser la referencia de ajustes de decenas de precio, desde los pasajes intermunicipales de buses hasta las matrículas de las universidades públicas. Atar esos valores al salario mínimo es una medida creada hace más de medio siglo para buscar que no se desactualizaran año a año y que los ingresos del Estado se mantuvieran en línea con sus gastos en salarios. Pero dado que desde este siglo el salario mínimo debe crecer por encima de la inflación por mandato de la Corte Constitucional, ese vínculo termina impulsando la inflación.

La ministra, junto con los técnicos de su ministerio y sobre todo del de Hacienda, recopilaron decenas de valores que crecen con el salario mínimo, para completar la tarea de desindexarlos. Esa tarea, que ya había iniciado el Gobierno de Iván Duque, seguirá en las próximas semanas don resoluciones, decretos e incluso artículos en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y, aunque su implementación sigue pendiente, la voluntad que mostró Ramírez de eliminar ese efecto inflacionario le dio más margen a los gremios para acordar un aumento del salario que quedará alrededor de 3% o 3.5% por encima de la inflación de 2022 (cerró noviembre en 12.22% y se calcula que en diciembre crecerá hasta el 13% o un poco más).

Otra muestra del liderazgo de la ministra fue un cambio el lenguaje: en vez de hablar de negociación, se refería a la “concertación” del salario mínimo. Aunque suene marginal, la idea de fondo era cambia la lógica entre un tire y afloje de dos partes (empleados y empleadores) a la construcción conjunta negociación. Ese cambio encaja con la idea de que el de Petro es un Gobierno dialogante que busca acuerdos y concertaciones con todo tipo de sectores sociales, de los motociclistas a los grupos armados, pasando por las empresas productoras de energía o la población en general, sentada en los diálogos regionales vinculantes.

Ese giro lingüístico de la ministra fue más que eso. Abrió la puerta a una dinámica diferente a la usual en las negociaciones. En lugar de largos debates partiendo de dos cifras, la petición de los sindicatos y la oferta de los empleadores, lo que hubo fue algo así como una serie de seminarios. En una reunión se discutió en detalle la inflación, con puntos como qué rubros subieron más o cuál es la inflación que afecta a los sectores más pobres, que son los que perciben el salario mínimo. Otras se refirieron a la relación entre salario mínimo y empleo o a la productividad, que junto con la inflación es uno de los elementos que ponen el piso al aumento del salario.

Esa dinámica encajó con una innovación en el planteamiento de los gremios, que no presentaron una oferta. Sin la usual cifra para iniciar una negociación, que suele ser criticada por los sindicatos, el proceso tuvo el cariz que le estaba dando la ministra. Aunque en la reunión de este miércoles, cuando se habían superado ya los encuentros temáticos, los sindicatos exigieron a los gremios responder con una cifra su petición de concertar un aumento del 20%, que hicieron pública el viernes pasado. Los líderes gremiales no dieron ninguna cifra. Aunque eso tensionó la mesa, la ministra actuando como mediadora y acordando por aparte con gremios y sindicatos. Ese mismo miércoles se cerró con una posibilidad muy alta de acuerdo, según los consultados.

Finalmente, este jueves se dio el paso final, con las cifras que ya son historia y una victoria para todas las partes. Los sindicatos lograron que el 20% se aplicara al auxilio de transporte, un dinero que los empleadores efectivamente pagan, pero que no es base para los ajustes de otras tarifas, ni es base para los pagos adicionales de la seguridad social. Los gremios lograron cambiar la lógica de la negociación y conceder un aumento real alto pero menor que el de un año antes. La Ministra logró crear confianza con los grandes gremios empresariales a pocos meses de presentar las prometidas reformas laboral y pensional. Y el país logró tener una nueva muestra de que un Gobierno de izquierda puede llegar a consensos con el sector empresarial, lo que evita crear tensiones a dos semanas del inicio de un año que promete traer muchos por la desaceleración económica, las reformas que ha prometido el Gobierno y las elecciones regionales de octubre.

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