El Senado colombiano rechaza la creación de un servicio social para la paz

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido este lunes una derrota legislativa significativa. El Senado colombiano ha rechazado la creación de un “servicio social para la paz” que sustituya gradualmente al servicio militar. Los artículos 10 y 11 del proyecto de ley del Gobierno para pacificar el país han sido eliminados por iniciativa de la oposición de derecha, encarnada en el Centro Democrático. El objetivo del Gobierno era que los jóvenes pudieran trabajar durante un año en programas de alfabetización digital, protección del medio ambiente, cuidado de adultos mayores vulnerables o apoyo a víctimas del conflicto armado. La cámara alta ha decidido desestimar la iniciativa con el apoyo de 40 senadores, frente a la negativa de 38. Varios de los aliados del Gobierno se encontraban ausentes: casi 30 senadores no votaron.

El “servicio social para la paz” fue una de las promesas de campaña del presidente. La iniciativa contemplaba ofrecer una alternativa para homologar la libreta militar, con condiciones similares del servicio tradicional: un año de duración y una remuneración del 30% de un salario mínimo. En caso de aprobarse, Colombia se hubiese sumado a Perú, Argentina y Uruguay como uno de los únicos países de América Latina que han derogado el servicio militar obligatorio. Se estima que en el país andino 460.113 hombres lo han realizado en los últimos cinco años, según datos de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (ACORE).

Tres senadoras, que están entre las caras más visibles de la oposición uribista, propusieron eliminar el servicio social. Son Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quienes argumentaron que el artículo 215 de la Constitución no contempla alternativas para homologar el servicio militar. Además, Holguín ha justificado durante el debate que Colombia tiene recursos limitados para sus necesidades de seguridad y que no está en condiciones de pasar la totalidad de su personal militar a soldados profesionales. “Solo el 3,5% de los ciudadanos que tienen entre 18 y 24 años de edad pagan el servicio militar obligatorio, hay muchas excepciones”, ha agregado.

La senadora Cabal es la esposa del líder gremial ganadero José Félix Lafaurie, cabeza del inesperado pacto para apoyar la reforma agraria de Petro. Ha acusado al Gobierno durante la sesión de buscar la creación de un mecanismo de “reclutamiento político” para conseguir nuevos electores. También ha criticado en Twitter a los políticos que “satanizan” el servicio militar mientras “suavizan” las acciones de los jóvenes de Primera Línea, quienes reclaman por estos días un indulto para compañeros detenidos durante las protestas de 2021. El indulto fue otra de las promesas de Petro y estaba contemplado en dos artículos del proyecto de ley, pero el Gobierno los eliminó para asegurarse de que la votación salga adelante.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha estado presente durante el debate. Ha respondido que la iniciativa no era contraria al artículo 215 de la Constitución, que según él se refiere a un “llamamiento a filas en situaciones especiales”. Ha agregado además que el servicio militar no se eliminaba, sino que se ofrecía una alternativa que se hubiese implementado de manera gradual.

El senador Humberto de La Calle (Independiente) ha apoyado la iniciativa, pero ha resaltado que prefiere un proyecto paralelo que presentó él para reformar la Constitución y eliminar completamente el servicio militar obligatorio. “Se inspira en valores que nada tienen que ver con una especie de conspiración para afectar a la fuerza pública”, ha defendido frente a los cuestionamientos de la derecha. La senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), ha criticado en redes sociales la decisión de rechazar los artículos 10 y 12 del proyecto: “Lamentable que sigamos prefiriendo la guerra. Duele el país”.

La Cámara de Representantes discutirá este martes el proyecto de ley. En caso de que allí se mantengan los artículos 10 y 11, una comisión de conciliación con senadores y representantes deberá definir el texto final.

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