El Gobierno de Petro debe mejorar la protección de los migrantes venezolanos

El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha propuesto “normalizar” gradualmente las difíciles relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, reabrir las fronteras y “restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos” desde antes incluso de haberse posesionado este domingo. A ese propósito debe sumar el de cooperar con los donantes internacionales para mejorar la protección de los migrantes venezolanos que llegan al país, y ayudarlos a acceder a oportunidades económicas para así evitar tanto alimentar el ciclo de la xenofobia como que acaben reclutados por grupos violentos, advierte un informe del International Crisis Group (ICG).

Colombia es por mucho el principal destino de la diáspora de la vecina Venezuela, y ha mantenido una elogiada política de acogida y flexibilidad migratoria que la ha puesto a la vanguardia de América Latina. Las cifras oficiales dieron recientemente un nuevo salto hasta mostrar casi 2,5 millones de ciudadanos venezolanos en todo el territorio colombiano. Aunque el Estado ha ofrecido derechos de residencia, reconoce el Crisis Group, muchos migrantes y refugiados enfrentan dificultades extremas y tienen escasos recursos para subsistir. Bastantes no tienen más remedio que recurrir al trabajo informal y se exponen a ser reclutados por grupos armados o bandas callejeras, mientras la xenofobia ha aumentado considerablemente.

“Para romper este ciclo, las autoridades colombianas deben trabajar con sus socios para ofrecer una mayor protección a los venezolanos y fortalecer las oportunidades económicas legales”, destaca el informe Tiempos difíciles para el refugio: cómo proteger a los migrantes venezolanos en Colombia, publicado este martes. El plan de restablecer el diálogo con Caracas, apunta, será esencial para garantizar que los migrantes puedan transitar de manera segura entre los dos países.

La más reciente radiografía oficial de Migración Colombia muestra que los venezolanos pasaron de 1.842.390 en agosto de 2021 a 2.477.588, con corte a febrero de este año. Casi medio millón se ha radicado en Bogotá, seguida por Medellín (190.000) y Cúcuta (167.000), la principal ciudad sobre la frontera compartida y también el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Después les siguen Cali (121.000) y Barranquilla (112.000).

El naciente Gobierno de Petro también persigue la llamada “paz total”, que implica la implementación más decidida del acuerdo de paz con las extintas FARC, reanudar los diálogos con la guerrilla del ELN y una política de sometimiento para otras organizaciones como el Clan del Golfo. “Evitar el reclutamiento de migrantes y refugiados por parte de grupos armados y criminales es esencial tanto para la seguridad de los venezolanos como para la causa más amplia de la paz y la seguridad en Colombia”, destaca el Crisis Group. Los migrantes se han visto inmersos en zonas de conflicto sin comprender las reglas no escritas para la supervivencia. Entre las principales medidas que propone el laboratorio de ideas, están fortalecer los servicios de recepción de migrantes tanto en la zona fronteriza como en las principales ciudades, y sensibilizarlos sobre los peligros de involucrarse en el crimen organizado.

También son necesarios más albergues a lo largo de una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros para las mujeres y menores explotadas sexualmente y que son víctimas de la trata de personas, advierte el Crisis Group. Colombia no puede cargar sobre sus hombros todo el peso de ese esfuerzo, señala el informe. “Sus socios extranjeros y los organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la migración, el conflicto, asuntos de género y emergencias humanitarias deben ayudar al Estado colombiano, que cuenta con poco dinero, a cubrir los gastos”, subraya el documento.

El compromiso del Estado colombiano de convertirse en un refugio seguro para los venezolanos es un gran gesto de solidaridad, pero también es una promesa que se le ha dificultado cumplir, valora el Crisis Group. “Una mayor protección a la llegada de los migrantes, vías claras hacia el mercado laboral formal, restablecer los lazos bilaterales y garantizar una forma segura para que los que deseen regresar a casa puedan hacerlo son vitales para proteger a los migrantes de los atractivos y los riesgos de la delincuencia y la explotación, con todos los efectos nocivos que pueden acarrear”, señalan las recomendaciones.

Luego de años de diferencias irreconciliables entre Bogotá y Caracas durante el Gobierno de Iván Duque, a Petro le tomó apenas unos días como presidente electo hablar con Maduro. Los dos países ya han han acordado una normalización gradual, que en algún momento permitirá flujo comercial y vehicular por los puentes binacionales que hoy son, esencialmente, un paso peatonal. “Es urgente reparar los lazos rotos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, como lo propone Petro”, señala el Crisis Group. “El entrante gobierno colombiano ha dejado claro que desea restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y consulares, mientras que el propio Petro ha enfatizado la necesidad de que los dos Estados trabajen juntos para mejorar la seguridad e impulsar el comercio formal a lo largo de la frontera”, abunda en su diagnóstico.

“La frágil estabilidad de la economía de Venezuela, impulsada en gran parte por el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país, ha abierto posibilidades para que más migrantes decidan regresar voluntariamente a su país”, apunta el documento. “Garantizar un paso seguro en ambas direcciones requerirá una mayor cooperación entre los dos Estados, así como el apoyo de las agencias internacionales”, subraya.

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