Las armas del machismo

El machismo mata con todas las armas a su alcance y los hijos son la más letal. Se conoce como “violencia vicaria” porque el agresor utiliza a los menores para conseguir su objetivo final: hacer el máximo daño a la madre privándola de lo que más quiere.

A pesar de esta cruel realidad, existen sectores sociales cada vez más visibles y cercanos a los ámbitos de poder, que o bien la niegan o intentan invisibilizarla con una interesada confusión en los términos. Se trata de no llamar a las cosas por su nombre; por ejemplo, decir “violencia intrafamiliar” en lugar de “violencia de género”. De esta manera se desvía la atención sobre las causas, el diagnóstico cambia y las medidas serán otras. El objetivo final será que esta violencia estructural se perciba como casos aislados y no como lo que es, la que persigue mantener los mecanismos de discriminación de las mujeres a través del daño a los hijos e hijas.

Pero esta finalidad resulta contraria a nuestro ordenamiento jurídico y vulnera los compromisos internacionales suscritos por España. La protección de los menores es un principio rector de la actuación de las Administraciones, y el interés de estos ha de primar sobre cualquier otro, especialmente sobre el padre incurso o condenado por violencia contra la pareja o expareja. Mal se puede defender que quien acosa, amenaza o maltrata a su pareja pueda ser un buen padre. Este argumento surge desde posiciones patriarcales que entienden la patria potestad como una autoridad inherente al hombre o pater familias y, en contraposición, sitúan a la mujer e hijos en situación de sumisión, meros objetos sobre los que se consideran propietarios.

Desde 2015, las leyes de protección a la infancia y adolescencia consideran víctimas de violencia de género a los menores que viven en ese entorno. El Tribunal Supremo ha declarado que la agravante por actuar “en presencia” de hijos no requiere que estos hayan visto la agresión, pues si no se aplica esa agravante quedarían desprotegidos.

El reto es mejorar la protección a través de la obligada suspensión de los derechos de visita y patria potestad del padre incurso en proceso penal por violencia de género, tal y como ha reclamado el Defensor del Pueblo en su Informe de 2018. Esto se puede conseguir desde las instituciones, ejecutando las medidas del Pacto de Estado con políticas valientes de igualdad y dotación presupuestaria. Solo superando la parálisis política actual se podrá avanzar y evitar estas violencias letales que matan en vida a las madres.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.