El Congreso apoya penalizar a clientes y prostitutas que ejerzan en las carreteras

El Congreso quiere poner coto a la prostitución que se ejerce en los arcenes de las carreteras. El miércoles pasado, por amplia mayoría, aprobó una Proposición no de Ley que emplaza al Gobierno a tipificar de forma expresa como infracción la ocupación de carreteras estatales para ejercer esta actividad, solicitar o aceptar servicios sexuales. Una propuesta —en esta ocasión, se pide a iniciativa de CiU, para reforzar la seguridad vial— que se une a la que recoge el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que define estas prácticas como falta muy grave y que prevé multas tanto para la prostituta como para el cliente de hasta 30.000 euros.

Clientes y prostitutas ya reciben multas en algunas comunidades autónomas por ejercer en los arcenes —o en la vía pública o cerca de centros educativos, por ejemplo. Es el caso de Cataluña, donde la ley de carreteras permite a la autoridad de tráfico imponer sanciones en las vías gestionadas por la Generalitat. El objetivo con la proposición aprobada ayer con el respaldo del PP, afirma Jordi Jané, portavoz de Seguridad Vial de CiU, no es entrar en el debate de la regularización de la prostitución, sino prevenir accidentes. Por eso, apunta, piden que un texto normativo —sea de seguridad vial u otro— recoja estas sanciones.

“Esta propuesta es incomprensibles. Es política de acoso”, cree una experta

“No se trata de penalizar a las personas que ejerzan una oferta sexual en las carreteras, pero estamos hablando de conductas que puede ser un riesgo para la seguridad vial, igual que también lo es el conductor que se para”, apunta Jané, que menciona el caso del atropello de una prostituta ocurrido en 2009 en Cataluña.

Sin embargo, existen numerosas voces que ponen en duda la utilidad real y el objetivo de estas medidas punitivas que disponen ya numerosas ordenanzas municipales y provinciales. Mercè Meroño, coordinadora d’Àmbit Dona de l’ONG Àmbit Prevenció, habla de la experiencia de Cataluña. “Es casi imposible cobrar estas multas a las mujeres; o porque son personas que no tienen documentación o porque no tienen con qué pagar Por no hablar de que si la intención real de estas iniciativas es la seguridad vial. Si es así, lo coherente sería que se ocuparan de los puntos negros de las carreteras porque no hay ningún estudio que haya demostrado que la presencia de mujeres en las carreteras cause accidentes”, afirma. “Estas medidas son incomprensibles. Son políticas de acoso y persecución de las mujeres. Pretenden ocultarlas y barrerlas hacia zonas que acarrean, además, mucho más peligro”, critica.

Las sanciones como la que se derivará de la iniciativa aprobada ayer o de la ley de seguridad ciudadana —que también prohibirá vender sexo o pagar por estos servicios cerca de colegios o parques— no logran combatir, además, los abusos y la esclavitud que pueden rodear la prostitución. En octubre pasado se produjo en Barcelona un caso que, para los expertos, es paradigmático del conflicto de sancionar a las prostitutas. El suicidio de una joven de 24 años, sancionada varias veces por ejercer la prostitución en la calle, destapó una red que explotó sexualmente a 200 mujeres desde 2002. La chica, Adriana, que tenía un hijo de cuatro años, llevaba desde los 16 años siendo obligada a prostituirse por su marido. No pagó ninguna de las multas que se le impusieron, pero en ese proceso, las autoridades tampoco detectaron lo que ocurría.

No todas las autonomías que sancionan los servicios sexuales penalizan a las prostitutas. Algunas, como Madrid, han preferido adoptar el llamado modelo sueco: penalizan solamente a quien pague por sexo, porque consideran que un alto porcentaje de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen explotadas. En Suecia es así en todo el país. En España, donde la prostitución es alegal, las ciudades que han optado por este modelo solo prevén sanciones en determinados lugares.