Indigentes para limpiar Fukushima

Seji Sasa suele recorrer la estación de tren de Sendai, una ciudad al norte de Japón, cada mañana. Lo hace antes de que amanezca, en busca de personas sin hogar. No es un trabajador social. Es un reclutador. Los hombres de esta estación son potenciales peones que Sasa puede enviar a contratistas en esta zona asolada por el desastre nuclear de 2011 por una retribución de 100 dólares por cabeza.

“Así es como los reclutadores como yo entramos cada día”, dice Sasa mientras camina entre hombres que duermen sobre cartón y se aferran a sus abrigos para combatir el frío del invierno. También es la forma en la que Japón encuentra gente dispuesta a aceptar un salario mínimo por uno de los empleos menos deseados en el mundo industrializado: trabajar en la limpieza de residuos radiactivos en un área del norte del país mayor que Hong Kong, tarea que cuesta al país 35.000 millones de dólares, recaudados a través de impuestos.

Hace casi tres años, un monumental terremoto y tsunami arrasó las poblaciones de la costa noreste de Japón y provocó múltiples fusiones nucleares en la central de Fukushima. Hoy, el plan de limpieza radiactiva más ambicioso que se haya llevado a cabo se está ejecutando con retraso. El esfuerzo se ve dificultado por la falta de supervisión y escasez de trabajadores, según el análisis de los contratos y las decenas de entrevistas con los afectados que ha realizado Reuters.

En enero, octubre y noviembre, gangsters japoneses fueron detenidos y acusados de infiltrarse en la red de subcontratas de descontaminación del gigante de la construcción Obayashi Corp y de enviar ilegalmente a trabajadores al proyecto financiado por el Gobierno.

El pasado octubre, Sasa reclutó a varios sintecho en la estación de tren de Sendai, que después terminaron limpiando el suelo y escombros radiactivos en la ciudad de Fukushima por menos del salario mínimo, según la policía y los relatos de los involucrados. Estos hombres en realidad acababan trabajando, a través de una cadena de tres empresas intermediarias, para Obayashi.

Obayashi, que es uno de los más de 20 principales constructores involucrados en los proyectos del Gobierno para eliminar la radiación, no ha sido acusado de ningún delito. Pero la ola de detenciones ha demostrado que los miembros de las organizaciones criminales más grandes de Japón –Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai- habían establecido agencias de reclutamiento en el mercado negro al servicio de Obayashi.

“Estamos tomándonos muy en serio el hecho de que estos incidentes siguen sucediéndose uno detrás de otro”, dijo Junichi Ichikawa, un portavoz de Obayashi, quien también afirmó que la compañía ajustó el control de sus subcontratistas de menor nivel con el fin de excluir a los delincuentes, conocidos como yakuza. “Había aspectos de lo que habíamos estado haciendo que no fueron lo suficientemente lejos”, continuó.

Parte del problema de controlar el dinero de los contribuyentes en Fukushima es el gran número de empresas involucradas en la descontaminación, que van desde los principales contratistas que lideran el mercado a los pequeños subcontratistas, muy por debajo de estos. El número total no ha sido revelado. Pero en las diez ciudades más contaminadas y en una carretera que recorre el norte más allá de las puertas de la planta destruida en Fukushima, Reuters advirtió que 733 empresas estaban trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente, según las condiciones de los contratos parciales dados a conocer por el propio Ministerio en agosto, de acuerdo con la ley japonesa de divulgación de la información.

Reuters también contó 56 subcontratistas que figuran en las listas del Ministerio de Medio Ambiente con contratos por valor de 2.500 millones de dólares en las áreas con más radiactividad de Fukushima y que, al no haber sido aprobadas por el Ministerio de la Construcción, no hubieran podido conseguir licitaciones en cualquier otra obra pública.

La ley de 2011 que regula la descontaminación puso el control bajo el Ministerio de Medio Ambiente el mayor programa de gasto administrado nunca por esta institución, que tiene una antigüedad de 10 años. La misma ley también rebajó los controles sobre los licitadores, haciendo posible que las compañías ganaran contratos de limpieza de radiación sin la básica publicación de los mismos y el certificado requerido para participar en trabajos públicos como la construcción de carreteras.

Reuters también encontró cinco empresas trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente que no pudieron ser identificadas. No estaban registradas en el Ministerio de la Construcción, no consta su número de teléfono o página web, y Reuters no pudo encontrar un simple registro corporativo que revele su dueño. Tampoco había registro de las firmas en la base de datos de la principal empresa de investigación de crédito, Teikoku Databank