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Ximo Puig adelanta las elecciones de la Comunidad Valenciana al 28 de abril

El presidente socialista busca elevar la participación haciéndolas coincidir con las generales

Ximo Puig (a la derecha), con Mònica Oltra a su lado, este lunes./ En vídeo, declaraciones del presidente de la Generalitat valenciana.Foto: atlas | Vídeo: Mònica Torres. atlas

El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, convocó este lunes las primeras elecciones autonómicas anticipadas en la historia de la Comunidad Valenciana. La necesidad de singularizar y dar visibilidad a los problemas valencianos, además de la mayor participación que se espera en los comicios generales, con los que coincidirán el 28 de abril, son los argumentos esgrimidos por Puig. Las razones, sin embargo, no han convencido a sus socios de Gobierno, Compromís. La vicepresidenta, Mònica Oltra, rechazó el adelanto porque “no hay razones políticas”.

Tras varias semanas deliberando y minutos después de un muy intenso pleno extraordinario del Consell, Ximo Puig anunció con solemnidad la disolución de las Cortes valencianas en un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hoy, el último día que marca la ley para que puedan coincidir las autonómicas —previstas inicialmente el 26 de mayo con municipales y europeas— el mismo día de las generales.

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“Ahora votaremos como actores de primera fila de la política española. Queríamos ser una comunidad histórica y ya lo somos. Hemos culminado el camino empezado hace 40 años” remarcó Puig, que se revistió de los ropajes valencianistas de los que hace gala Compromís. “Es importante situar la Comunidad Valenciana en el centro de España, de singularizarnos. El adelanto nos permite proyectar valores como el diálogo, la honestidad y la eficacia”, añadió el presidente valenciano.

“Se diga lo que se diga, no es una decisión tomada por partidismo. Tiene que ver también con que cuanta más participación haya, mejores y más sólidas decisiones se tomarán. Es cierto que en las generales, sobre todo en estas, se prevé una alta participación y movilización, porque esperamos que la bilis del populismo conservador no contamine la política española”, respondió el líder del PSPV-PSOE, de 60 años. Los socialistas insisten en que las series históricas de los comicios reflejan una mayor movilización en las generales. También han logrado el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Populares y Cs ven razones “partidistas”

Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano y candidata a las elecciones autonómicas, difundió ayer un vídeo dando las gracias al presidente Ximo Puig por permitirle llegar antes a la presidencia de la Generalitat. Durante la mayor parte de la legislatura, las encuestas situaron a los populares lejos de recuperar el poder. Desde las elecciones andaluzas, en cambio, el signo de la mayoría de sondeos ha cambiado, y apuntan a la posibilidad de que el PP podría formar gobierno con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Bonig coincidió con el candidato de Cs, Toni Cantó, en rechazar los argumentos esgrimidos por Puig para el adelanto: “Aquí no hay ninguna otra razón que las puramente partidistas”, dijo.

Por la tarde, Puig compareció solo en el Saló de Corts del gótico Palau de la Generalitat, donde al mediodía había recibido a Mónica Oltra, de 49 años y líder de Compromís. Allí, el presidente le comunicó su decisión de adelantar las elecciones y ella le mostró su “disconformidad”. Cinco horas más tarde, los cinco consejeros de Compromís reiteraron en el Consell (el equivalente al Consejo de Ministros) la postura de su líder, rompiendo la unanimidad y el asentimiento que habían presidido la mayoría de las reuniones del Gobierno formado por los socialistas y la coalición, con el respaldo parlamentario de Podemos. Los cinco consejeros socialistas y el voto de calidad del presidente sacaron la iniciativa adelante.

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¿Volvería a pactar con Compromís?, se le inquirió al presidente. “Me gustaría que pudiéramos continuar avanzando desde esa perspectiva progresista que necesita un proyecto de calado”, respondió. Tampoco Mònica Oltra cerró las puertas a un posible futuro pacto en su intervención posterior, pero sí fue dura en su crítica a la actuación de Puig porque “no había ninguna razón para disolver el Gobierno más estable” de los valencianos. Acompañada por sus cuatro consejeros en el también gótico Palau dels Català de Valeriola, sede de la vicepresidencia, Oltra señaló que la singularización de la identidad valenciana no es compatible con haber convocado las elecciones autonómicas en el mismo momento que las generales. “El discurso se valencianiza en la medida en que va unido a unas elecciones municipales”, razonó.

También señaló que advirtió a Puig del posible problema para anticipar las autonómicas que plantea una disposición de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). “Es muy taxativa, en cuanto a que aquellas comunidades autónomas que en 1995 convocaron conjuntamente elecciones municipales y autonómicas, tienen que hacerlas coincidir con las europeas si el intervalo no es superior a cuatro meses”. No obstante, respondió que Compromís no recurrirá ni iniciará ningún trámite legal. Presidencia de la Generalitat considera que la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 invalida esa disposición.

Punto y aparte al pacto que acabó con 20 años de poder del PP

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IGNACIO ZAFRA/ FERRAN BONO

El desencuentro esencial de los socios sobre el adelanto electoral acabó ayer, a la espera del resultado de los comicios, con el Acuerdo del Botánico, el pacto que PSPV-PSOE, Compromís y Podemos alcanzaron en 2015 para formar un Consell de la Generalitat progresista después de 20 años de gobierno del Partido Popular. El acuerdo estableció que socialistas y Compromís integrarían el Ejecutivo, presidido por el socialista Ximo Puig como líder del partido más votado, y que Podemos les daría apoyo parlamentario. En un contexto poscrisis y de deterioro de las instituciones como consecuencia de los escándalos que sacudieron los últimos años de mandato del PP valenciano, los dos primeros apartados del pacto —que inicialmente contenía 37 medidas y después se amplió a otras 200— llevaban por título “rescatar personas” y “regeneración democrática y lucha contra la corrupción”.

Hasta que Puig puso sobre la mesa la posibilidad de un adelanto electoral, el verano pasado, una cuestión en la que los intereses de los dos partidos difieren de forma diametral, al menos en apariencia, la navegación del Ejecutivo había sido más apacible de lo que la mayoría de observadores y sus firmantes pensaron al principio. Dos de los consejeros más veteranos del Consell, cada uno de un partido, comentaron al inicio de la legislatura que si conseguían llegar al ecuador sin haberse tirado los trastos a la cabeza, podría considerarse un logro.

Parte de la buena marcha del Botánico, que Puig describió ayer como “una historia de éxito”, se ha debido a la sintonía personal entre el presidente y la vicepresidenta. “Mientras ellos se lleven bien, ya puede haber tormentas por debajo, que el barco seguirá a flote”, afirmaba hace un año el colaborador de uno de ellos.

Incluso ayer, cuando la ruptura resultaba evidente y ambos líderes comparecían por separado en sus respectivas sedes institucionales, Puig y Oltra intercambiaron palabras de afecto al hablar del otro. Química aparte, los dos dirigentes admiten que sus posibilidades de seguir gobernando tras el 28 de abril pasan casi exclusivamente por reeditar el acuerdo. Y creen que la división y el enfrentamiento agrío entre potenciales aliados inhibe especialmente al votante de izquierdas.

Socialistas y Compromís esperan que la política social que han impulsado —eliminación del copago farmacéutico a un millón de personas, incorporación de 35.000 personas al sistema de dependencia, gratuidad de los libros de texto y otras— se abran paso entre los grandes ejes del debate político español, dominado por Cataluña. Coinciden, sin embargo, en que la agenda social de su Gobierno habría tenido otra envergadura si no hubiera estado limitada por la peor financiación autonómica de España. Pero su reforma, otra de las banderas del Botánico, fue aparcada por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, pese a tener mayoría absoluta, y pospuesta por el del socialista Pedro Sánchez, en minoría en el Congreso.

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