Acuerdo urgente para mantener las pensiones

Es, sin duda, la primera reforma que debe afrontar el nuevo Gobierno. Afecta a 9,5 millones de pensionisas, de los cuales en torno a 6 millones perciben una jubilación y la evolución demográfica en nuestro país augura la ruina del sistema si no se toman medidas. El sistema público de pensiones requerirá 120.000 millones de euros este año, lo que supone en torno a un tercio del gasto público total de España y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres veces el de Educación. La hucha, que se fue llenando en los años de mayor crecimiento económico y de empleo, se vaciará en diciembre de 2017.

Pocos problemas socioeconómicos están tan bien diagnosticados como el de las pensiones públicas contributivas. El sistema de reparto vigente implica que los trabajadores activos de hoy pagan las percepciones de los jubilados de hoy. No hay previsión ni capitalización. El sistema está topado por una cotización máxima que se detrae de la remuneración de los activos y por una pensión máxima. Este sistema de reparto ha entrado en crisis en un momento político delicado (más de 300 días sin Gobierno efectivo).

Entiéndase por crisis no una quiebra del sistema y el impago de las percepciones. Un sistema de reparto como el vigente en España tiene garantizado en torno al 10% del PIB en ingresos. Los pensionistas siempre dispondrán de ese 10%; pero si el PIB cae, el número de los pensionistas aumenta, la pensión se prolonga o aparecen otros desequilibrios internos, la pensión será menor y el poder adquisitivo puede hundirse. La crisis así entendida se ha hecho evidente por el rápido agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha) que ha pasado de un depósito de más de 60.000 millones a guardar hoy apenas 24.000.

El sistema de pensiones públicas necesita una reforma en profundidad. No un cambio de modelo, sino un patrón más adecuado de gestión y financiación. Con sueldos más bajos, la cotización cae aunque la afiliación aumente; con contratos temporales, sucede lo mismo. La suposición de que la crisis actual del sistema es coyuntural y el déficit del sistema (unos 17.000 millones) desaparecerá con rentas más altas y empleo más estable es demasiado optimista. Es probable que la caída de rentas salariales y el estancamiento del empleo fijo hayan llegado para quedarse.

Mientras tanto, los gastos del sistema crecen, por efecto del mayor acopio de jubilaciones, porque las pensiones cada vez son más altas, porque la relación entre cotizantes y pensionistas se deteriora y porque el sistema de reparto no puede sostener una afluencia creciente de jubilados con largos periodos de percepción y subsistencia. El factor que pone en peligro la financiación del sistema a largo plazo no es el paro, ni la depresión salarial, sino la persistente ampliación del periodo que media entre el comienzo de la percepción y el momento del fallecimiento del pensionista. Este plazo crece por el aumento de la esperanza de vida; aumenta y dilata el coste de las percepciones, mientras que los ingresos por cotizaciones se mantienen en el mismo porcentaje de PIB.

La pregunta crucial para el jubilado o al borde de la jubilación es si percibirá su pensión sin merma de cuantía, de derechos (¿por qué los futuros pensionistas no van a percibir la misma pensión que los actuales si cotizan igual?) y de poder adquisitivo durante su vida. La respuesta es que si no se toman ya medidas correctivas, el sistema entrará en crisis (riesgo de recorte de las percepciones) en los próximos cinco años.

Reforma perentoria

El agotamiento de la hucha implica que a partir de diciembre de 2017 el desequilibrio entre ingresos y pagos del sistema pasa a constituirse en deuda y deberá ser soportado por el Presupuesto en forma de endeudamiento. A nadie se le escapa que el Presupuesto del Estado difícilmente puede soportar, con su estructura actual de ingresos y gastos, un esfuerzo financiero de 15.000 millones, que es lo que costaría absorber las pensiones de viudedad y orfandad. Sin contar con el hecho de que las cuentas del Estado sufren vaivenes cíclicos más acusados que las cotizaciones.

¿En qué consistiría la reforma financiera o corrección del sistema de pensiones públicas? A título indicativo, el paso inicial es un acuerdo político-social sobre una reforma profunda dentro del actual sistema de reparto. El acuerdo trasciende el Pacto de Toledo; debe implicar un compromiso de los agentes políticos y sociales a largo plazo, porque el modelo vigente implica una distancia creciente en el periodo de percepción de la pensión. Importan por supuesto y mucho las decisiones de reforma a corto plazo, para prevenir los recortes. En el marco de ese acuerdo deseable parece oportuno explorar algunas vías de acción. Como estas:

1. Respaldo presupuestario, en lo que permita la política de estabilidad, de los derechos de los trabajadores activos y los jubilados.

2. Supresión rápida y ordenada de las exenciones y reducciones de cotización (como las tarifas planas) que se aplican como estímulo a la creación de empleo e incentivan poco o nada.

3. Sondear la posibilidad de crear recargos fiscales transitorios (en Renta o en Sociedades), para hacer frente al descenso de ingresos. El PSOE ya ha propuesto un tributo especial.

4. Calcular el impacto y consecuencias de eliminar parcialmente el tope máximo de cotización, quizá aplicable a las rentas salariales más altas. En este punto, el debate es enconado porque se supone que eliminar el tope de cotización debería tener como consecuencia un aumento correlativo de la pensión máxima. Según los más cautelosos, implicaría un encarecimiento del factor trabajo.

5. Reforma o recorte de la pensión de viudedad, pensada inicialmente como una compensación en un mercado laboral con escasa presencia de la mujer. Podría considerarse la sustitución del régimen actual por una prestación pagada por una sola vez.

6. Ampliación efectiva de la edad de jubilación, pactada con las empresas. En este ámbito, sería oportuno sondear también la modificación de las normas que impiden a un jubilado seguir trabajando, siempre y cuando pague una cotización.

La reforma no es trágica, pero sí perentoria. Lo que se decide sobre pensiones surte efecto a largo plazo. No hay margen para parches demagógicos, ni demoras.