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10.000 euros de paro por 111 días de trabajo en el Congreso

Las Cámaras han gastado 3,5 millones de euros en indemnizar a senadores y diputados tras la legislatura más corta en democracia. Algunos han renunciado a cobrar la asignación

111 días. Apenas cuatro meses duró la legislatura más corta de la historia de la reciente democracia española. Después de que los cuatro principales partidos fracasaran al intentar llegar a un acuerdo, las Cortes se disolvieron el 3 de mayo. Pero los diputados y senadores siguieron percibiendo un sueldo, conocido como el paro de sus señorías, durante casi dos meses. Según cálculos de EL PAÍS, esta asignación ha supuesto para las arcas públicas 3,5 millones de euros.

Vista del Congreso de los Diputados.
Vista del Congreso de los Diputados.Jaime Villanueva (EL PAÍS)

El paro de los parlamentarios se llama oficialmente indemnización de transición, y existe tanto en el Congreso como en el Senado. No se cobra de forma automática, sino que hay que solicitarlo, es incompatible con otros ingresos y pretende compensar los casi dos meses que pasan entre la disolución de las Cortes y el día de las nuevas elecciones. En este caso, la XI legislatura, 54 días en los que no ha habido actividad parlamentaria.

Mientras las Cámaras no están reunidas, las sustituye la Diputación Permanente, cuyos miembros (77 en el Senado; 121 en el Congreso, entre titulares y suplentes) no pueden optar a la indemnización de transición porque siguen cobrando sus sueldos con normalidad. Quienes renuncian a los dos meses de paro son minoría. Solo hubo 26 diputados y 13 senadores que no lo solicitaron. Es decir, el 11,4% y el 6,7%, respectivamente, de quienes podían optar a estar compensación.

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El paro de sus señorías, que no tienen derecho a prestación por desempleo porque no son asalariados, se incorporó al reglamento de pensiones parlamentarias en 2006, aunque existe desde 2000 gracias a un acuerdo conjunto de las mesas de Senado y Congreso. “Con el régimen de incompatibilidades existente, muchos no pueden trabajar y se quedarían dos meses sin ingresos”, explican fuentes del Senado. “El objeto es que los diputados puedan tener ingresos durante la campaña para evitar que se reincorporen a su puesto de trabajo y lo vuelvan a dejar una vez elegidos (faltando al trabajo para hacer campaña...)”, aseguran desde el Congreso.

Retribución polémica

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Mucho menos conocida que otras retribuciones de los parlamentarios, esta indemnización genera controversias entre algunos partidos y diputados. No tanto por recibir esta asignación como por su importe, ya que se pagan complementos relacionados con una actividad parlamentaria inexistente que algunos consideran poco éticos. Es el caso de Podemos, que tiene previsto incluir este asunto en un punto del próximo orden del día de la dirección. O del PSOE, que según un portavoz va a “estudiar” proponer que no se pueda cobrar el sueldo íntegro. “Cobrar por ser miembro de comisiones disueltas es cuestionable”, admite esta fuente.

Todavía pagando los ceses de la X legislatura

La brevedad de la XI legislatura ha supuesto un desafío para los presupuestos de las cámaras, que por primera vez han tenido que pagar dos indemnizaciones a la vez. Mientras en mayo y junio han abonado los 3,5 millones del paro de los últimos parlamentarios, también han tenido que seguir pagando la llamada "indemnización por cese" a quienes acabaron su mandato en la X y no encuentran trabajo.

Tras la constitución de las nuevas cámaras después del 20-D, un total de 64 exdiputados tuvieron derecho a esta indemnización porque no estaban trabajando ni recibían otra prestación. Cada beneficiario recibe estos pagos en función del número de años que haya ocupado su escaño (un mes por año), con un máximo de 24 mensualidades. A 30 de abril, ya eran solo 27. En este caso, a diferencia de la indemnización de transición, únicamente se percibe la asignación constitucional, es decir, 2.814 euros. Ana Mato, exministra de Sanidad, la estuvo cobrando al menos hasta febrero. En el último documento publicado por el Congreso ya no aparece.

En el Senado, a 1 de junio, todavía había 14 exsenadores de la X legislatura que se beneficiaban de esta ayuda porque no se han reincorporado al mundo laboral. Aún tienen pendientes de cobro entre dos y 14 meses de asignación constitucional.

Odón Elorza, diputado por el PSOE en las dos últimas legislaturas, y antes alcalde de San Sebastián, critica abiertamente esta asignación. “No me parece ético cobrar por las dietas de alojamiento cuando es un periodo no hábil y los diputados ni siquiera están en Madrid”, afirma Elorza, que al acabar la X legislatura devolvió parte de la indemnización de transición, tanto lo recibido por dietas como lo que percibió por ser vicepresidente de una comisión.

Le costó semanas hacer el trámite porque nunca se había dado el caso de que un diputado quisiera devolver dinero; no se había establecido ninguna fórmula para hacerlo. Finalmente, en diciembre de 2015, hizo una transferencia a un número de cuenta del Congreso y solo se quedó la asignación constitucional (2.800 euros) “al no tener derecho como diputado a la percepción del seguro de desempleo y no percibir ningún otro ingreso en ese tiempo”, explica.

Elorza incluso propuso por escrito a su grupo que los diputados socialistas renunciaran a las dietas y los complementos y devolvieran el dinero al Congreso o, si no fuera posible, al menos donaran esas cantidades a una ONG. Asegura que se creó una situación incómoda y que le pidieron que no insistiera. La indemnización, concluye, “debería ajustarse más a la realidad y ser más reducida”.

Íñigo Alli Martínez, de UPN (grupo Mixto), es uno de los 26 diputados que no solicitó la prestación en mayo. “He renunciado por una sencilla razón: no nos lo merecemos”, asegura. “Me he ganado el sueldo porque hemos registrado 36 iniciativas tras escuchar a muchos colectivos, estudiar leyes y proponer cambios y reformas”, dice. "Pero tras seis meses de incapacidad para acordar y ceder... No merezco una indemnización que pagan los españoles cuando finaliza una legislatura. Me avergüenza".

IPad, móvil y conexión a internet en casa gratis

Los diputados que cesaron al final de la XI legislatura han podido seguir usando sin coste la tableta iPad, el móvil que les cede el Congreso (un iPhone) y la conexión ADSL a internet que les instala en sus domicilios particulares. Así lo acordó la Mesa del Congreso de los Diputados en una reunión el 27 de abril pasado.

Las líneas de telefonía móvil y ADSL se han mantenido "en situación de alta" hasta que "una vez celebradas las elecciones se realicen las gestiones oportunas para dar de baja las líneas o cambiar la titularidad" si los diputados no son reelegidos, asegura la comunicación recibida por los diputados, a la que tuvo acceso EL PAÍS. El módem se lo pueden quedar "dado su escaso valor y nulo coste para la Cámara". El iPad tienen que devolverlo para que lo use otro diputado.

Cuando terminó la X legislatura, en diciembre pasado, la mayoría de diputados compró al Congreso el iPad que habían estado utilizando por 50 euros. Los aparatos tenían cuatro años de uso. En este caso, los parlamentarios han usado cuatro meses un iPad Air 2 que costó casi 760 euros. SI se les da la posibilidad de comprarlos, tendrá que ser a su valor de mercado, todavía muy elevado.

Tampoco David Bravo, de Podemos, pidió la indemnización. “Al terminar la legislatura me reincorporé a mi oficio de abogado”, explica. Sin embargo, desde un punto de vista ético, asegura que ve “lógico que quienes están en un periodo entre legislatura y legislatura cobren para poder sostenerse durante ese tiempo”. “Pero la cantidad me parece claramente excesiva”. Podemos somete esa asignación a su código ético de tres salarios mínimos. El resto se dona al Proyecto Impulsa para financiar iniciativas sociales, señala un portavoz.

El PP asegura sobre este asunto que “respeta las decisiones de la Cámara y la decisión individual de los diputados”.

Sueldos íntegros

En mayo y junio, con las Cortes disueltas, 181 senadores cobraron 8.345 euros cada uno, mientras 203 diputados percibieron una media de 10.000 euros. El Senado es bastante más transparente que el Congreso a la hora de especificar estos sueldos poco conocidos. Además de publicar la lista de los parlamentarios que han solicitado la indemnización, señala que reciben exactamente 154,54 euros por cada uno de los 54 días entre la disolución de las Cortes y las elecciones.

Obtener esos datos en el Congreso es más complicado porque los salarios son variables y la Cámara no proporciona la media. Según cálculos de este diario, los diputados en el paro perciben, de media, unos 10.000 euros en esos casi dos meses. Es decir, cobran su sueldo íntegro pese a no estar en Madrid ni trabajar en comisiones.

El sueldo de un diputado es bastante más abultado de lo que cree porque los 2.813 euros brutos al mes de la llamada “asignación constitucional” son solo una especie de sueldo base. A esta cantidad hay que sumar otro concepto, las dietas de alojamiento y manutención (exentas de tributación) por las que los diputados perciben 871 euros si han sido electos por Madrid y 1.824 si son de fuera.

Se trata de un complemento muy polémico, puesto que lo reciben diputados que tienen casa (o casas) en Madrid pero que han sido elegidos por otras provincias. Es el caso del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que no ha renunciado a cobrarlo pese a que tiene tres viviendas en propiedad en Madrid, como indica él mismo en su declaración de bienes.

Los 26 diputados que renuncian a la indemnización

Podemos- En Comú Podem-Mareas (11)

PP (10)

Grupo Mixto (2)

PSOE (1)

Esquerra (1)

Pedro Arrojo Eduardo Maura
Amparo Botejara María del Carmen Pita
David Bravo Alberto Rodríguez
Sofía Fernández María Victoria Rosell
Segundo González Noelia Vera
María Belén Guerra
M. Carmen Álvarez-Arenas Antonio González Terol
Isabel María Borrego José María Lassalle (en el Gobierno)
Tomás Burgos (en el Gobierno) Miguel Lorenzo
Celso Luis Delgado José Vicente Marí
José María Eiros Alejandro Ramírez
Íñigo Alli (UPN) Onintza Enbeita (Bildu)
María Dolores Galovart
Ana María Surra

* El número 26 es José María García Urbano, del PP, que dejó su acta antes de terminar la legislatura.

Aún hay que sumar otro complemento en función del cargo: miembro de la Mesa, de la Junta de Portavoces o de las comisiones (presidentes, portavoces, secretarios, portavoces adjuntos…) Hay tantos cargos que la gran mayoría de diputados cobra uno de estos pluses, que oscilan entre los 700 y los 3.000 euros, lo que hace que su sueldo medio alcance en realidad unos 5.600 euros brutos al mes en 14 pagas. El Congreso no facilita esta cifra, pero se puede obtener de forma aproximada calculando las partidas destinadas a salarios de los diputados en la ejecución del presupuesto de 2014, la última completa y detallada disponible.

Los parlamentarios reciben esta indemnización siempre y cuando no tengan ningún tipo de ingreso, ni público ni privado. De ahí que algunos miembros del Gobierno estén entre los senadores y diputados que no la han solicitado. En el Senado, por ejemplo, es el caso de Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e igualdad, o de Marcial Marín, secretario de Estado de Educación. En el Congreso, Tomás Burgos (secretario de Estado de la Seguridad Social) y José María Lassalle (secretario de Estado de Cultura) están entre los que no lo han pedido porque cobran otro sueldo.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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